Candidatos presidenciales dan a conocer sus propuestas sobre seguridad y orden público

Es uno de los temas más relevantes para la ciudadanía y, por eso, La Tercera pidió a cada uno de los abanderados que participarán en las elecciones primarias del domingo 18 de julio que presenten las principales medidas con que buscan abordar la seguridad ciudadana y el orden público.

El abanderado presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, en su propuesta de seguridad establece 10 principales medidas. Lo primero, según indicó su equipo, es “adecuar las policías y Carabineros al siglo XXI con equipamiento y tecnología”.

Por otro lado, el exalcalde afirma que a “los condenados en la cárcel se les acabó la playa” y que, en ese sentido, propone terminar con las visitas conyugales, autorizar solo una hora de patio al día y prohibir el uso de teléfonos móviles para quienes hayan cometido delitos graves.

Y, en el caso de las personas condenadas por tercera vez, establece que deberán pasar por pena efectiva de cárcel, no podrán recibir subsidios ni beneficios sociales y deberán trabajar para pagar el costo de su encarcelamiento.

Desde el punto de vista judicial, Lavín sugiere que para darle mayor legitimidad al sistema, los chilenos puedan ejercer funciones a través de la conformación de jurados, tal como ocurre en otros países.

Su propuesta de seguridad pública también contempla medidas como no legalizar la droga, generar la especialidad de orden público en las escuelas de formación de policías, mejorar la seguridad en la infraestructura de transporte, ejercer control telemático de ofensores de violencia intrafamiliar y contra la mujer, fortalecer el rol de los municipios en cuanto agentes de seguridad y la creación de una unidad de combate al narcotráfico, junto con aumentar las penas a todos aquellos narcotraficantes que utilicen a niños y adolescentes para su actividad criminal.

Ante el desprestigio que la institución de Carabineros ha sufrido en los últimos años, el abanderado presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, plantea como uno de sus principales objetivos en materia de orden y seguridad pública la necesidad de fortalecer el respaldo ciudadano al trabajo de las policías, entregando -explican en su comando- “desde el gobierno todo el apoyo que ellas requieran”.

En esa dirección, su propuesta contempla impulsar una modernización de Carabineros, recogiendo experiencias internacionales. Asimismo, plantea crear un Ministerio de Seguridad Pública, que reforzará el control civil sobre las policías, “incorporando más transparencia y métodos objetivos de evaluación de la gestión, rendición de cuentas y control ciudadano. Por ejemplo, se incorporará la rendición de cuentas de los controles de identidad”.

En materia de formación policial, el plan desarrollado por Desbordes, junto a integrantes de su comando y expertos del Instituto Libertad, pondrá énfasis en las escuelas matrices. En ese aspecto, una de las medidas propuestas apunta a crear la especialidad de Control de Orden Público.

Respecto del sistema procesal penal, sugiere una actualización de este y, por otro lado, destaca la necesidad de seguir impulsando la reforma al Sistema de Inteligencia del Estado, que hoy se tramita en el Congreso.

Adicionalmente, propone un trabajo estrecho con las comunidades, articulando organizaciones sociales “para que sean los vecinos los primeros vigilantes de sus barrios, apoyándolas con una fuerte inversión en sistemas de vigilancia, iluminación y mejoramiento del entorno, transfiriendo más recursos a las municipalidades”.

De cada 100 delitos de mayor connotación social, solo cuatro terminan en privación de libertad y, al momento en que se cometen, su condena esperada es de apenas nueve días. Con ese negativo diagnóstico, en el comando de Ignacio Briones (Evópoli) aseguran que “el Estado ha fallado en construir un sistema de persecución penal que nos proteja y sea realmente una disuasión contra el crimen”.

Frente a esto, conformaron una mesa de siete expertos, como el exfiscal Rodrigo de la Barra y el abogado magíster en Derecho de la UCL Tomás Wolff, con el fin de generar medidas que fortalezcan las instituciones encargadas de velar por el Estado de Derecho.

Una de estas propuestas es la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, que pueda generar una coordinación central de los diversos organismos del área.

Otro aspecto que destacan es la amenaza del crimen organizado y, “para combatirlo, impulsaremos una nueva política orientada a la desarticulación de bandas”. Para ello, “lo primero será cortar su financiamiento (...) creando una Unidad de Seguimiento de Activos Financieros en el SII, dedicada a seguir la ruta del dinero”. Además, sugieren una nueva Ley de Inteligencia, que permita nuevas herramientas, como agentes encubiertos, cámaras de reconocimiento facial, uso de inteligencia artificial y big data.

Respecto de la violencia en la Macrozona Sur, plantean -entre otras cosas- la creación de una fiscalía especializada.

Para llevar adelante este plan, subrayan que se debe “contar con una policía en la que la ciudadanía pueda confiar”. Por tanto, proponen “reformas profundas a Carabineros, que perfeccionen su formación y le entreguen herramientas que estén a la altura de desafíos como el narcotráfico, el uso indiscriminado de armas y la violencia rural”.

Con el objetivo de abordar integralmente la seguridad ciudadana, la propuesta del abanderado independiente Sebastián Sichel considera cambios institucionales en las policías y el Poder Ejecutivo -a partir de la creación de un Ministerio de Seguridad Pública-, control del narcotráfico y perfeccionamiento del sistema de inteligencia, junto con acciones orientadas a la prevención de delitos y de drogadicción, y a la reinserción.

En el plan proponen medidas como generar una nueva estructura policial, que incluya una institución policial vial separada de Carabineros; la creación de una policía especializada en narcotráfico; un sistema único de postulación a las escuelas matrices -con selección basada en el mérito-, y que las primeras antigüedades de la Escuela de Suboficiales pasen al año siguiente a la Escuela de Oficiales.

Además, plantean reestructurar la Agencia Nacional de Inteligencia y legislar para contar con un nuevo código penal, que incorpore nuevos delitos y nuevos medios probatorios.

Sobre el conflicto en La Araucanía, el equipo de Sichel subraya que “la primera medida es hacer respetar el Estado de Derecho”, y sostienen que “si es necesario imponer el estado de sitio, lo haremos”, aunque precisan que “estas son medidas excepcionales”, pues la problemática de la zona se debe abordar ampliando “el espacio de seguridades y oportunidades para comunidades y personas indígenas y no indígenas”.

Desde el punto de vista de la protesta social, explican que, para enfrentarla, “se debe avanzar en mayores niveles de equidad y justicia social”, y que para la mantención del orden público priorizarán el diálogo y acciones que conduzcan al respeto de la ciudadanía y de la propiedad pública y privada.

Con un presupuesto cercano a los US$ 200 millones, el candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, centra su plan de seguridad y orden público en una profunda reforma institucional.

Al respecto, desde su comando explican que “la crisis política e institucional que evidenció el estallido social, sumado a los escándalos de corrupción y de derechos humanos que atraviesa la institución de Carabineros, hace que una refundación o una profunda reforma policial sea una condición necesaria”. Por ello, hacen hincapié en “la creación de un cuerpo policial que vele por el resguardo, respeto y promoción de los DD.HH. de todos los pueblos de Chile”.

Para abordar estas modificaciones -que deben considerar mayor poder civil en la institución y separación de funciones del actual Ministerio del Interior-, plantean la conformación de un comité interministerial para la evaluación y monitoreo integral de las políticas públicas del área, que incluya a las subsecretarías de Prevención del Delito, DD.HH., Salud Pública, Evaluación Social y Mujer y Equidad de Género.

Por otro lado, sugieren fortalecer la coordinación con municipios y gobiernos regionales, para mantener canales de comunicación abiertos entre la policía y la comunidad.

Respecto de las manifestaciones públicas, puntualizan que “no será tarea del gobierno (...) aplacar o reprimir la legítima protesta social, sino más bien articular el rol de una policía que vele en todo caso y momento por el aseguramiento de DD.HH. fundamentales”. Y en cuanto al conflicto en La Araucanía, aseguran que se debe “desmilitarizar” la zona y propiciar “un acercamiento sincero y abierto desde las autoridades estatales hacia las comunidades”.

“Una institución que ha sufrido tanto descrédito debido a su actuación en casos de montajes, malversación de fondos públicos y violaciones a los DD.HH. requiere algo más que una reforma, pues todos estos casos dan cuenta de que su estructura ya no responde a las necesidades operativas que deben tener las policías en un Chile moderno”. A partir de esa afirmación, la propuesta de seguridad y orden público del candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, tiene como una de sus principales propuestas la refundación de Carabineros, partiendo por eliminar su estructura militar y reformular por completo su proceso formativo, incorporando “un fuerte enfoque de género y DD.HH.”.

Asimismo, proponen fortalecer el control civil sobre la institución y sus procesos administrativos, eliminar la duplicidad de funciones con la PDI y profesionalizar distintas áreas. Por ejemplo, detallan que “necesitamos desarrollar policías profesionales con capacidades reales de hacer frente a las situaciones de violencia que el narcotráfico genera en algunos barrios y que, sin duda, deben tener otro tipo de formación que aquellos que se dedican al trabajo de acompañamiento comunitario o a la seguridad vial”.

El plan del alcalde de Recoleta, además, propone “impulsar fuertemente la participación de la comunidad y los municipios en los diagnósticos locales” y “fortalecer el vínculo que las comunidades tienen con las policías”.

En términos más amplios, también plantean cambios institucionales, a partir de una revisión de la organización y distribución de las tareas que asume el Ministerio del Interior a través de las subsecretarías de Interior y Prevención del Delito, y las nuevas figuras del delegado de gobierno y la gobernación regional.