Caso Spiniak: a 20 años del escándalo que remeció a Chile

Entre los vecinos más antiguos del edificio de calle Brasilia 750, en Las Condes, aún no se borra el impacto que vivieron la tarde del 30 de septiembre de 2003, cuando en medio de un gran despliegue policial, efectivos de Carabineros de la 48 Comisaría ingresaron al departamento 52 para detener al empresario Claudio Spiniak Vilensky, sindicado como líder de una red de pederastia que abusaba de menores de edad de escasos recursos, los que eran reclutados para satisfacer las perversiones sexuales de uno de los herederos de la empresa Frigosam y dueño del gimnasio Go&Fitness, en calle Kennedy.

Sólo 10 días después de esa detención, el caso se convertiría en uno de los mayores escándalos políticos y judiciales de las últimas décadas, luego de que la entonces diputada Pía Guzmán afirmara, sin ninguna prueba, que había tres parlamentarios involucrados. El origen de esa información era el falso testimonio de Gema Bueno, del que se retractó recién en agosto del 2004, cuando la joven reconoció en entrevista a La Tercera que “todo, todo era mentira”. Para entonces, los testimonios de Gema Bueno y otros menores que pulularon en la “arista políticos” ya habían sido completamente desacreditados por los antecedentes que figuraban en la investigación.

Cuatro jueces estuvieron a cargo del caso hasta su sentencia definitiva por la Corte Suprema en 2008, cuando a Spiniak se le condenó a 12 años de prisión y al pago de multas por abuso sexual contra cinco menores de edad, promoción de la prostitución y producción de material pornográfico. De los 14 proxenetas que inicialmente fueron formalizados, la justicia condenó sólo a cinco de ellos.

Varios de los carabineros que se vieron envueltos en la investigación terminaron expulsados de la policía y algunos, incluso, fueron condenados por abusos sexuales a menores.

Los cinco políticos a los que se intentó vincular al caso fueron sobreseídos por falta de antecedentes en abril de 2005, sin embargo, 20 años después, aún son víctimas del estigma que arrastra este caso.

Los responsables de falsear testimonios para inculpar a los políticos terminaron condenados a cuatro años de prisión remitida y una psicóloga del desaparecido Sename, que avaló los testimonios de testigos falsos, condenada a 41 días de presidio y pago de multa por ejercicio ilegal de la profesión.

Veinte años después, las marcas del caso Spiniak aún perduran en muchos de los que se vieron implicados en este caso.

Desde que salió de prisión, el 13 de diciembre de 2016, dos años antes de cumplir condena, gracias a la excelente conducta que mantuvo durante su cautiverio en la Cárcel de Alta Seguridad, Claudio Spiniak nunca volvió a visitar el departamento 52 de calle Brasilia 750, pese a que aún permanece a su nombre. Desde entonces, ha estado refugiado en una parcela a 200 kilómetros de Santiago, de la que prácticamente no sale, salvo para tratar sus problemas de salud -entre ellos un cáncer-, y aunque en algún momento pensó en dar la pelea comunicacional para borrar la imagen de perversión en que se convirtió, optó por el silencio, a la espera de que el tiempo dejara en el olvido esta historia, una esperanza que le ha sido esquiva a él y a otros que fueron involucrados en este caso.

Conoció a Claudio Spiniak en 1998, convirtiéndose al año siguiente en su asistente, a la vez que le proveía de jóvenes que asistían a las fiestas organizadas por el empresario.

Cumplió condena de siete años de prisión por promoción de la prostitución.

Tras salir de prisión, se radicó en la población Bulnes, en la comuna de Renca.

En 2014, debido a su mala situación económica, se inscribió en los registros sociales de la Municipalidad de Independencia, donde solicitó ayuda financiera para iniciar algún emprendimiento.

Condenado a cinco años y un día de prisión por facilitación a la prostitución en 2006, permaneció dos años prófugo de la justicia, hasta que fue detenido en septiembre de 2008, cuando estaba oculto en un fundo en Constitución. Tras reconocer su participación como proveedor de menores de edad para las fiestas de Spiniak, Carvajal pidió perdón a los afectados.

Tras cumplir la sentencia, en 2013, cursó estudios como analista programador en computación en un instituto profesional y desde entonces se ha desempeñado como técnico en empresas de plástico y como como vendedor. Vive actualmente en la comuna de Renca.

Tenía 16 años cuando fue reclutado por uno de los proxenetas vinculados a Spiniak para asistir a las orgías y fiestas sexuales que se realizaban en la casa de El Arrayán, donde aseguró haber sido víctima de un intento de violación. Con el tiempo se transformó en provedor de jóvenes a las fiestas de Spiniak, por lo que fue condenado a cinco años y un día de prisión.

A sus 40 años, vive en la comuna de Lo Prado, no registra oficio o profesión, y según las bases de datos de Dicom, percibe una renta mensual menor a $ 200.000, por lo que posee una pensión básica del Estado.

A sus 56 años, Héctor Torres está radicado en Ángol, donde trabaja como obrero no calificado. Fue condenado a 10 años de cárcel como autor del delito de facilitación de la prostitución.

En 1990 conoció a Spiniak, y por sus gustos sadomasoquistas fue uno de los predilectos del empresario. Más tarde se encargó de proveer de jóvenes prostitutos a las fiestas sexuales de Spiniak.

Martínez, en tanto, también cumplió cinco años y un día de condena en el caso Spiniak por el delito de facilitación de la prostitución. Tras salir en libertad se quedó viviendo en Santiago, mudándose varias veces de domicilio. Actualmente vive en el centro de Santiago.

Tras cumplir la condena a 541 días remitidos por el delito de producción de material pornográfico, el joven volvió a la localidad de Retiro, en la Región del Maule, con sus padres y familiares, donde reconstruyó su vida y se ha dedicado desde entonces a la administración de un centro turístico.

Abazolo tenía 23 años en 1998 cuando asistió a una de las fiestas sexuales de Spiniak. Por un año se convirtió en asistente del empresario. Manejaba sus chequeras, arrendaba inmuebles, para la realización de las bacanales sexuales. Abazolo también sería víctima de las falsas acusaciones de Gema Bueno, quien lo sindicó como responsable de las supuestas vejaciones y posterior desaparición de una menor de edad a la que llamó “Margarita”, testimonio que resultó ser falso. Tres años tardó la justicia en esclarecer la inexistencia de esa menor y en demostrar que Gema Bueno, la supuesta “testigo clave”, jamás estuvo en las fiestas de Spiniak.

Abazolo se unió así a la lista de implicados por Gema Bueno que se querellaron contra la joven y contra quienes indujeron los falsos testimonios en la llamada arista montaje.

Apenas tenía 12 años cuando en 1989 conoció a Claudio Spiniak, tras ser llevado por uno de los pronexetas vinculados a la red del del empresario a una de las fiestas que se realizaban en calle Apoquindo. Pronto se convirtió en uno de los jóvenes favoritos de Spiniak y con el tiempo lo ayudó a reclutar a otros jóvenes en situación de calle a los que reclutaban a cambio de dinero para participar en las fiestas sexuales de Spiniak.

Finalmente, fue condenado a 541 de presidio remitido sólo por el delito de producción de material pornográfico.

Como jueza del 33 Juzgado de Santiago, el 23 de diciembre de 2002 formaliza a Claudio Spiniak por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. El 13 de mayo de 2003, le encargan investigar a Spiniak por abusos de menores en las fiestas que organizaba. Estuvo a cargo del caso montaje, iniciado por la denuncia del senador Nelson Ávila. La conmoción pública obligó a la Corte de Apelaciones de Santiago a designar al ministro en visita Daniel Calvo en su reemplazo.

El 2003, como ministro en visita, investigaba el caso Spiniak. Ese mismo año, Chilevisión –cuyo jefe de prensa era Alejandro Guillier– emitió un reportaje en el cual Calvo, grabado por una cámara oculta, admitía asistir a un sauna gay. Calvo se adelantó y, antes del inicio del noticiero, acusó ser víctima de un intento de extorsión encubierta y confirmó que había asistido a ese sauna. Calvo dejó la investigación, aunque permaneció en el Poder Judicial como fiscal.

En 2015, la Corte Suprema condenó al canal al pago de $120 millones por daño moral a Calvo y su familia.

En noviembre de 2003 fue nombrado para investigar el caso Spiniak. Tras su investigación, donde tomó todas las declaraciones de nuevo, el ministro acusó a Spiniak por seis delitos distintos, aunque el juez Manuel Valderrama sólo mantuvo uno y condenó al empresario a cinco años y un día por cuatro delitos de abuso sexual reiterado contra cuatro menores. En la otra arista del caso, Muñoz dictó el sobreseimiento definitivo a los parlamentarios que fueron involucrados por diversos testimonios, quedando fuera de la investigación. Muñoz inició las indagatorias y acreditó la falsedad de los testimonios de Gemita Bueno y el “cura Jolo”.

Asumió el caso Spiniak el 14 de marzo de 2006, luego del ascenso del ministro Muñoz a la Corte Suprema. Para entonces la investigación estaba cerrada y ya se había iniciado la etapa de plenario. En cinco meses, Valderrama estudió los más de 80 tomos del caso y en agosto de2006 dictó sentencia en primera instancia. El ministro redujo de 12 a cinco los proxenetas a los que aplicó condenas y de cinco a uno los delitos contra Spiniak, por lo que aplicó una condena de cinco años de presidio contra el empresario.

En agosto de 2008, la Corte Suprema revocó parte de la sentencia de Valderrama y subió el número de condenados y los años de cárcel a los implicados.

Valderrama en 2015 fue nombrado ministro de la Corte Suprema, desempeñándose actualmente en la sala penal del máximo tribunal.

Denominada como la “testigo clave” del caso. Cuando estalló el caso tenía 20 años y vivía en el hogar del ahora exsacerdote José Luis Artiagoitía, el “cura Jolo”. Fue ella quien involucró al entonces senador de la UDI Jovino Novoa en el caso. Sin embargo, en agosto de 2004 se retractó de todos sus testimonios y en una entrevista con La Tercera dijo: “Todo, todo es mentira”; luego en The Clinic sostuvo: “Me pasé por la raja a todo Chile”. Una semana después, Bueno confesó ante el ministro Sergio Muñoz. En 2008, la Corte Suprema confirmó la condena contra Gemita Bueno y contra Artiagoitía por falso testimonio.

Le decían el “cura Jolo” y conoció a Gemita Bueno en el hogar de menores que lideraba. Ella aseguraría después que él la forzó a dar declaraciones. Fue condenado a tres años y un día -de los cuales seis meses estuvo preso- por inducir a Bueno a falso testimonio. Dejó el sacerdocio y se casó. Más adelante dijo a La Tercera que no volvería a apoyar a una joven en dicha condición.

Exdiputada RN, en una entrevista en el Buenos Días a Todos, el 10 de octubre de 2013, sostiene que habría tres parlamentarios -dos de la Alianza por Chile y uno de la DC- involucrados en la red de pedofilia de Spiniak. Tras eso Artiagoitía la llama ‘para decirle que tenía el testimonio de Gemita Bueno.

Era coordinadora de la Unidad de Intervención en Crisis del Sename.

Recibe el testimonio de un joven víctima y luego proxeneta de Spiniak. Recibe el testimonio de Bueno y también hace la ficha clínica del menor C.B. Tras la salida de Calvo de la investigación, el trabajo de Montt fue desacreditado y en 2007 fue despedida. En diciembre de 2004 estuvo detenida durante nueve días, acusada de ejercicio ilegal de la profesión y de dirigir a algunos menores que declararon en el caso a fin de involucrar a políticos. Luego de que denunciara ser objeto de amenazas, falleció en México en 2022.

Entonces directora de la ONG Arasi. Promovió una ley para endurecer las penas contra pedófilos. Ella es quien le relata a Pía Guzmán y a Patricio Walker los rumores sobre la participación de tres políticos en las fiestas de Spiniak. Luego desmintió haber entregado datos fundados y dijo que solo eran rumores.

En 2004 el entonces diputado junto a su par María Antonieta Saa facilitó los medios para que el menor L.Z. diera entrevistas donde acusaría a Bombal y Ávila de participar en fiestas de Spiniak. Debió explicar los hechos, incluyendo la vez que el menor dijo haber recibido zapatillas a cambio del testimonio.

Mientras era director de prensa de Chilevisión, en noviembre de 2003, exhibió una grabación oculta realizada al juez Daniel Calvo, donde se le mostró como cliente habitual de un sauna gay. El periodista fue procesado por el hecho y condenado por la Corte de Apelaciones de Santiago, decisión revertida más tarde por la Corte Suprema. La justicia, en todo caso, condenó al canal al pago de una millonaria indemnización al juez calvo y a su familia por daño moral.

El periodista, con pasos por distintos medios, fue el primero que habló de políticos en el caso. En el semanario Plan B escribió: “Lo que más preocupa al círculo de Spiniak son los otros adultos invitados a las orgías (...) Se trata de gente de mucho poder. Políticos, empresarios y gente de la farándula”.

El entonces senador UDI fue involucrado en el caso Spiniak, luego de declaraciones de la diputada Pía Guzmán y un artículo del escritor Pablo Huneeus. Gemita Bueno lo acusó de abusos e incluso de secuestro, pero luego declaró que había mentido sobre la participación de Novoa. Tras la investigación, el caso el caso terminó con Novoa sin responsabilidad alguna. Falleció el 1 de junio de 2021.

“Es impresionante cuando uno recuerda aquella época, cuando se andaba a la búsqueda de muchachos de la calle para tratar de inducir sus testimonios”, recuerda el exsenador por la Quinta Región Interior, a 20 años del caso en el que se buscó intencionadamente vincular a políticos con las redes de Spiniak.

Ávila fue uno de los querellantes en la llamada “arista montaje”, contra los responsables de falso testimonio y de haber inducido a testigos a entregar antecedentes errados en el caso Spiniak. Escribió el libro La gran infamia, en el que relata su visión de esta “siniestra ruleta rusa, en la que se empezaron a tirar de la nada nombres”.

A 20 años del caso, Ávila señala que “ese episodio resulta imborrable y da testimonio clarísimo de hasta dónde puede llegar la maldad humana y al mismo tiempo cómo el país político llegó a convertirse en una letrina inmunda”.

“Fue un daño gratuito”, dice a La Tercera el exsenador RN y exvicepresidente del Senado sobre lo que vivió tras ser vinculado por la entonces diputada Pía Guzmán al caso Spiniak a partir de falsos testimonios y sin que existieran antecedentes.

“Nunca fui citado a tribunales, ni presté declaración en el caso con ninguno de los jueces que llevaron la causa. Nunca tuve que ver nada con ese proceso”. El 21 de abril de 2005, el ministro Sergio Muñoz dictó el sobreseimiento definitivo por falta de antecedentes. “Sin embargo, hasta el día de hoy, en internet y en las redes sociales, mi nombre y el de otros políticos, que tampoco tuvieron nada que ver en el caso, siguen siendo mencionados como vinculados a ese caso”, reclama desde la Región de Antofagasta, donde está radicado y trabaja dando charlas en Chile y el extranjero sobre adaptabilidad a la sociedad digital. Hace algunos años, dice, habló con Pía Guzmán y le dijo que él no tenía cuentas pendientes con ella por el daño ocasionado y que “había dado por superado el tema, lo que ella me agradeció”.

Como presidente del Senado enfrentó el estallido del caso, pero también, luego de que la diputada Pía Guzmán sostuviera que había un político de la DC involucrado en la red de Spiniak, fue apuntado como sospechoso. En 2005 el juez Sergio Muñoz decidió sobreseerlo definitivamente de la investigación.

El entonces senador UDI fue vinculado al caso luego de que el sociólogo Pablo Huneeus expuso lo que calificó como “un secreto a voces” del caso y aseguró que entre los políticos involucrados estaban Jovino Novoa y él. El legislador se querelló por esto. En 2005 fue sobreseído de las imputaciones.

Psiquiatra y hoy diputada, recibió a Bueno en 2000 a petición del “Cura Jolo” para tratar su adicción a las drogas. En noviembre de 2003 declaró a Plan B que la justicia “debe creerle a Gema”. En 2004, en cambio, acusó a Bueno de ser mitómana y ofreció disculpas a Jovino Novoa.

En agosto de 2004 fue designada por el ministro en visita Sergio Muñoz como defensora de Gemita Bueno, quien fue encausada por falso testimonio contra Jovino Novoa, Claudio Spiniak y Pablo Abazolo. El caso la catapultó a una carrera televisiva. “Ese caso fue como hacer un doctorado”, declaró años después.

En 2002, como cabo 2° de Carabineros fue uno de los primeros en investigar a Claudio Spiniak junto a al Cabo Madrigal. En 2003 fue sacado abruptamente del caso y se le acusó de obstruir la investigación, cargos que fueron después desestimados. Aún así, en 2003 fue expulsado de Carabineros. A sus 53 años, está radicado en Rancagua, donde trabaja como chofer.

Junto al excabo de Carabineros Claudio Palma fueron los primeros en detener a Spiniak e investigar sus actividades ilegales. En 2003 fue acusado por la jueza Domínguez de obstrucción de la investigación y en 2005 fue dado de baja.

En 2012 fue condenado a 541 días de prisión remitida como autor de abusos sexuales de dos menores, hechos ocurridos en 2002, cuando indagaba el caso. Tras ser funado por sus vecinos en Lo Barnechea se trasladó a La Florida, donde también ha registrado problemas con la administración del inmueble.

Como subteniente de la 37 Comisaría de Vitacura estaba al mando del procedimiento policial en la casa de Spiniak frenado por una llamada telefónica. Pese a que dejó por escrito registro de ese hecho, fue detenido y formalizado por incumplimiento de deberes militares. En enero de 2003 fue dado de baja de la institución.

Por más de siete años, el mayor (R) de Carabineros estuvo procesado en una de las aristas del caso. Se le acusó de hacer la llamada al teniente Marco Subiabre para que frenara un procedimiento policial en casa de Spiniak en 2002. En 2009 la Corte Marcial lo sobreseyó de cargos de usurpación de funciones e inducción al incumplimiento de deberes militares. Cumplió entre 2003 y 2008 una condena en la cárcel por el asesinato en 1984 del cantante peruano Percy Arenas.

Radicado en Concepción, trabajó como experto en una empresa de investigación forense de accidentes de tránsito. Es socio en la empresa de transportes Pako’s.

Tras ser mencionado por una de las víctimas del caso Spiniak, fue condenado a 541 días de prisión como autor de abusos sexuales en contra de menores. Cumplida la pena, se radicó en Viña del Mar, donde se dedica al arriendo de inmuebles. Desde 2016 ha presentado con dispar fortuna acciones judiciales contra Emol y Google para exigir el “derecho al olvido” y que se borren de la web los artículos que lo vinculan al caso Spiniak.