Cómo el crimen organizado se tomó la agenda el 2023

26 de enero. Aún no se cumplía ni un mes desde el inicio del 2023, cuando a las 3.30 de la madrugada los vecinos de un cité del Barrio Yungay, comuna de Santiago, escucharon una decena de disparos. En el piso estaba muerto un joven extranjero de alrededor de 20 años con siete disparos.

Ese asesinato marcó el inicio de un año particularmente violento que cierra con un balance de 804 homicidios a nivel nacional hasta el 24 de diciembre, según cifras de la Policía de Investigaciones (PDI). De ellos, 497 asesinatos ocurrieron en la Región Metropolitana.

Pero los asesinatos no son los únicos hechos delictuales que se han agudizado durante el 2023. El tráfico de drogas, uso de armas, extorsiones, trata de personas y la irrupción del secuestro como un delito más común han copado los expedientes policiales.

El asentamiento de estos delitos, según fiscales, policías y autoridades, se explica entre otras razones por la llegada de agrupaciones internacionales y la crudeza con que se comenten los delitos.

Esos, como argumentan especialistas en la materia, son sólo algunos de los antecedentes que explicarían lo que ha ocurrido durante los últimos 12 meses en el país. Un nivel de violencia que obligó a las diferentes instituciones a tomar medidas más drásticas para hacer frente a este fenómeno criminológico.

Y es que el incremento en la ocurrencia de los delitos vinculados a la criminalidad organizada ha traído consigo también una mayor sensación de inseguridad. Según las cifras de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), el 90,6% de lo s chilenos siente inseguridad. Pero ¿cómo el crimen organizado llegó a tomarse la agenda del 2023?

A nivel mundial, el crimen organizado corresponde a aquellas actividades ilícitas que son realizadas por bandas que cuentan con una alta organización y que cometen estos hechos para tener un enriquecimiento.

En el caso de Chile, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, prefecto general Jorge Sánchez, explica que este año “el balance ha evidenciado la presencia y operación de nuevos fenómenos emergentes, nuevas formas de criminalidad, caracterizadas por el aumento de la violencia, el uso de armas de fuego, el surgimiento de organizaciones criminales, ciberdelincuencia y nuevos desafíos en materia de seguridad migratoria”.

Una expresión de eso, según detalla el oficial de la policía civil, es que durante este año se registró una mayor visualización de los delitos de tráfico de drogas, que también se ha vinculado al tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y secuestros. Hechos que, además, se suman al tráfico de armas, homicidios y lavado de activos.

En cifras de la PDI, hasta el 24 de diciembre ya se habían desarticulado 225 bandas ligadas a algún delito de la Ley de Drogas (20.000), a lo que se suman otras 50 organizaciones criminales sacadas de circulación.

Además, la incautación de armas asciende a 1.787 en todo el país en el mismo periodo. Y según las estadísticas de la Fiscalía Nacional, sólo en el primer semestre también se decomisaron 619.356 plantas de marihuana, más que todo el año pasado. En el caso de la ketamina, la primera mitad del año ya se han requisado 606.376 gramos.

A juicio de Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, de Homicidio y Lavado de Activos asociado (UCOD), el “2023 nos mostró más claramente algo ya no como anecdótico, sino que un cierto nivel de estabilidad: delitos violentos. Principalmente, el homicidio con armas de fuego en contextos que son muy propios de la criminalidad organizada”.

Castillo detalla que se trata de homicidios con múltiples disparos del tipo usado en ajustes de cuentas o del ataque entre bandas rivales que pretenden asegurar la impunidad.

En esa línea, el oficial de la PDI sostiene que una de las razones por las cuales el crimen organizado se ha tomado la agenda pública es porque “toda manifestación criminal ejercida con violencia generará una sensación de inseguridad en los habitantes de una nación”.

Ejemplo de aquello es lo que ocurre con el delito de secuestro. En cifras de la PDI, hasta el 24 de diciembre se acumulan 55 casos sólo en la Región Metropolitana. Castillo considera que “lo que marca la diferencia este año es lo que vimos en Rancagua, que es un caso donde hay un secuestro con un fin extorsivo donde la pretensión de lucro es probablemente lo único que está detrás”.

En el país, durante el último tiempo una serie de bandas internacionales han comenzado a sonar. En este listado se encuentra la reconocida organización criminal venezolana “Tren de Aragua”, también “Los Gallegos” y “Los Pulpos”, entre otros.

Para Castillo hay tres factores que explican el aumento del crimen organizado en Chile: la pandemia y la reorganización criminal; la migración irregular y la “rentabilidad” de la economía local para las bandas.

A juicio de los expertos, el incremento de la migración irregular trajo consigo un aumento en las actividades criminales de bandas extranjeras, quienes actúan de forma más violenta. Un ejemplo es el caso de los dos venezolanos que lanzaron una granada a una carabinera, a pesar de la acción disuasiva que estaban realizando los funcionarios policiales. Pese a eso, también existe incidencia importante de grupos nacionales que han comenzado a operar con mayor violencia.

Una demostración de aquello es que cada zona del país presenta características especiales respecto a los delitos que ocurren. En el norte se registra el robo de cobre, tras el cual existen bandas de crimen organizado. En la frontera terrestre o marítima, en tanto, se produce tráfico de drogas y trata de personas, entre otros hechos similares.

En la zona central, según lo ha detectado el Ministerio Público, operan bandas de origen venezolanas, peruanas, colombianas, y -obviamente- las nacionales.

El jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía asegura que las bandas internacionales “buscan el control territorial en aquellos sectores donde originalmente no tenían mayor confrontación”. De este modo, buscan instalarse en lugares altamente poblados, como campamentos, lo que aumenta el riesgo de emular zonas como las favelas de Brasil, reconocidas como sectores altamente peligrosos.

Actualmente en el país, según explica el prefecto Sánchez, “como no son organizaciones con la típica estructura piramidal, en la actualidad operan como células. Por lo tanto, hay un desafío mayor para la PDI en darles una mirada integral a las investigaciones” a través de diferentes unidades.

Demostración de aquello es que en la zona centro sur, específicamente en la Región del Biobío, también se han detectado operaciones del “Tren de Aragua”, organización que se radicaba inicialmente en la zona norte.

En la zona sur del país también existen organizaciones criminales ligadas al robo de madera, orgánica similar a lo que ocurre en el extremo norte con el robo de cobre. A esto se suman bandas que a través de actividades ilícitas buscan la reivindicación territorial en la Macrozona Sur. Ejemplo de esto es la detención de 11 miembros de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

Sin embargo, según investigadores y persecutores, también existen “regiones habitación”, que son zonas en las que si bien ciertas bandas no operan, los miembros de las organizaciones se pueden “asentar” no para desarrollar sus actos delictivos, pero sí para vivir. Lo que podría producir eventuales enfrentamientos por territorio.

“Hemos tomado consciencia de una realidad”, dice Castillo frente al aumento evidente del crimen organizado.

Para el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, este año ha sido relevante “darle la connotación que tiene el problema del crimen organizado a nivel país y que las distintas instituciones, no sólo el Ministerio Público, adoptemos medidas tendientes a combatir con franqueza y de forma directa el crimen organizado para evitar su crecimiento y su proliferación. Creo que eso marca un antes y un después”.

El 20 de diciembre de 2022, el Presidente Gabriel Boric presentó la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado, y con ello se dio un nuevo impulso a la agenda en materia de seguridad.

Esta iniciativa trajo consigo un presupuesto de $ 39 mil millones para ser ejecutados durante el periodo, pero también la adopción de una serie de medidas. Entre ellas, la priorización de proyectos de ley en el Congreso, como el que tipifica como delito el contrabando de dinero y el que dispone técnicas especiales para la investigación de la delincuencia organizada.

La agenda de seguridad que tramita el Ejecutivo en el Congreso, además, incluye la creación del Ministerio de Seguridad y una nueva ley de inteligencia, entre una treintena de proyectos.

El Ministerio Público, por su parte, también ha tomado acciones. De hecho, también durante las primeras semanas del año, tras asumir como fiscal nacional, Ángel Valencia rearticuló las divisiones del organismo y creó la UCOD.

Junto con esto, además, se dispuso la creación del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), grupo especializado de la Fiscalía integrado por más de 240 profesionales a lo largo del país. También, avanzan en lo que será la nueva Fiscalía Supraterritorial, que tiene como objetivo dotar a la institucionalidad de mejores herramientas para enfrentar los fenómeno delictivos.

Las policías, en tanto, también han hecho lo propio. La PDI, por ejemplo, inauguró hace algunas semanas la Tercera Brigada de Homicidios de la Región Metropolitana y también, al igual que Carabineros, han avanzado en nuevas capacitaciones con especialistas extranjeros.

Respecto a la realidad criminal del 2023, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, tiene otro diagnóstico. El persecutor sostiene que el 2022 fue el año más complejo en la región, “ese año replica lo que está ocurriendo hoy en el resto del país, pero la crisis nuestra y donde tuvimos más inconvenientes fue ese año”.

En 2022 se desarticuló casi por completo la orgánica de “Los Gallegos”, lo que trajo consigo una disminución de los homicidios.

¿Cómo se logró? El fiscal Carrera explica que desde el 2021 “acá en todos los indicadores se observaba que el tema no venía por buen camino”, desde entonces se comenzó a invertir en equipamientos, personal y la creación de la Unidad Contra el Crimen Organizado, operación que sirvió como antecedente para la creación de ECOH.

Pese a eso, el fiscal regional apunta que el mayor desafío por delante ahora es realizar el juicio a “Los Gallegos”, algo que debido a la cantidad de imputados representa un riesgo para la seguridad.

A lo que se suma la implementación de la Fiscalía Supraterritorial. Además del trabajo que se debe realizar al interior de las cárceles, dotando de mejores herramientas para el combate de la criminalidad, dado que muchos de los delitos que cometen las bandas del país son coordinadas desde establecimientos penitenciarios. Todo esto, para evitar que un año más esté marcado por el crimen organizado.