Cómo se gestó el robo a Desarrollo Social

“Nos parece bastante sospechoso que ocurran hechos de esta naturaleza, que parecieron no ser solo constitutivos de delito de robo, sino también relativos a una señal política”.

De esta manera, a pocas de horas de concretado el robo de 23 computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social, la vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), entraba de lleno al cruce de supuestos sobre el origen y motivación del atraco. Sin embargo, ni ayer en la mañana, ni hasta ahora, el Ministerio Público y el OS-9 de Carabineros tienen antecedentes que apunten en esa dirección.

En lo que trabajaba la Fiscalía, hasta ahora, es en perseguir un delito de robo con violencia, bajo la modalidad del llamado “cuento del tío”, los que -dicen- ocurren comúnmente desde la cárcel, y esta no fue la excepción.

La tarde del 20 de julio cayeron los dos primeros detenidos del caso: Elena Rojas y Miguel Apablaza. La primera por la receptación de los computadores robados, y el segundo, el ideólogo del atraco y quien desde la cárcel de Puente Alto, haciéndose pasar por el ministro Giorgio Jackson, concretó el hecho. La mujer, quien es abuela del recluso, fue formalizada y quedó con arresto domiciliario. Su nieto, en tanto, que ya estaba privado de libertad por otra causa (ver nota secundaria) quedó en prisión preventiva anticipada, es decir, si llegara a ser liberado por casos anteriores a este, de igual forma tendrá que quedarse en el penal cumpliendo esta medida cautelar.

La pista de los investigadores apunta a que fue Apablaza quien estaba del otro lado de la línea cuando supuestamente engañaron a los guardias. El hombre fue quien habló y dio las instrucciones al guardia del ministerio, José Guzmán Flores.

Este último declaró ante la Fiscalía y entregó detalles de cómo fueron esos largos 25 minutos: “Suena el teléfono, donde Julio (el otro guardia) me dice que está el ministro Giorgio Jackson al teléfono, quien le dice que había sufrido un accidente”.

Allí, su colega le entregó el teléfono para que hablara con el “supuesto Jackson”, quien le ordena recoger 50 computadores desde las oficinas, pues se necesitaba hacer una renovación.

“Fui al sexto piso hablando con el ministro por llamada de WhatsApp. Había una foto, era igual al ministro Jackson, usaba jockey. Ahí me dice que busque desde su oficina en el sexto piso 15 medallas, pero sólo había una, más una piocha. Las saqué”, reveló.

Luego de juntar los computadores, bajó al primer piso y allí entregó la carga, en dos bolsas de basura, a una persona que andaba en auto. Eso no fue todo, recordó, dado que su interlocutor le dijo que “sus sobrinos” también irían a fumigar en 30 minutos, pero que antes debían retirar al caja fuerte.

“Pasó una hora, llegó el mismo auto acompañado de dos sujetos más, con mascarillas quirúrgicas y overoles blancos. Llegamos al piso, se sacan las mascarillas y portaban una ‘burrita’ para llevar la caja. El ministro me decía todo el rato que confiara, que sus sobrinos eran de confianza”, sostuvo Guzmán ante los investigadores.

Ya con el botín en sus manos, vuelven a bajar a la recepción para subir la caja de seguridad al auto. Se van, y el supuesto ministro Jackson le dice que volverán por una segunda caja fuerte. Fue ahí cuando apareció una funcionaria que detectó el engaño.

“Me dice ‘esto es el cuento del tío, una estafa’. La persona al teléfono me pregunta ‘¿qué pasa?’, y le digo, ‘este es el cuento del tío, me engañó’, a lo que me dice: ‘Mira conchet..., te cag...’ y cortó. Ahí me percaté de que no era el ministro Jackson”. sostuvo.

Otro antecedente surgió también en la investigación: uno de los computadores robados, pertenecía al ministro Jackson.

Se trata de uno asignado por el ministerio, el cual es utilizado para temas administrativos y videollamadas. El ministro tiene uno similar en La Moneda y, además, otro que es personal. Ese último es el que más usa.

El jueves 20 el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que el gobierno pediría la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE). “Queremos que estén en la audiencia de formalización”, dijo Monsalve, algo que de inmediato sorprendió a algunos de los consejeros.

¿Por qué? En el organismo cuentan que el CDE no puede querellarse tan rápido, menos en un caso que -para ellos- presenta varias inconsistencias, por lo que prefieren esperar recabar más antecedentes antes de tomar una decisión.

De todas formas, dicen que la querella debería ser ingresada, aunque aún no se determina bajo qué figura penal y contra quiénes, dado que la investigación del Ministerio Público sigue muy prematura, y falta que avance.

En la Fiscalía y el OS-9, en tanto, siguen las pesquisas para dar con otro de los botines: la caja fuerte, la cual aún permanece con paradero desconocido.

El Ministerio Público acusó para ambos el delito de robo con violencia. En el caso de Apablaza, como autor, y para Rojas, como encubridora. La fiscal pidió la medida cautelar de arresto domiciliario total para la mujer y de prisión preventiva anticipada para el sujeto, quien está cumpliendo condena hasta 2027.

Asimismo, la fiscal se refirió al contenido de la caja fuerte que fue sustraída. Según señaló, había talonarios de cheques de cuentas corrientes, una tarjeta de crédito, documento de bancos y varias boletas de garantías. Según dijo, tuvo dudas de si la llamada era real, pero igual acudió al ministerio. Recogió las bolsas, que fueron cargadas por el guardia, y se fue desde calle Catedral hasta Renca. Allí lo esperaba la mujer, quien le pagó con una transferencia. Dijo que se dio cuenta de la farsa al día siguiente tras ver la TV.

Por último, la fiscal relató el testimonio de la imputada, que fue clave para dar con Apablaza. Según dijo la mujer, su nieto la llamó durante esa noche y le señaló: “Madre, me puedes recibir una encomienda”. Ella respondió: “Hijo, no me vayas a meter en problemas, tú sabes que tengo antecedentes y no puedo meterme en problemas”.

De acuerdo al relato de la mujer, recibió los paquetes sin saber de qué se trataba. Viendo la televisión se enteró de que habían robado computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social. “Yo creo que le pagaron o le ofrecieron una moneda para hacer esto. No puedo asegurar, porque realmente no lo sé, pero lo escuché muy tranquilo, por lo que no sabía que esto era algo grave. Yo creo que no sabía lo que estaba haciendo, si no, no me hubiese mandado a mí, porque lo crié como una madre y, además, crié a sus hermanas”.

El sujeto le pidió llevarlas hasta otro punto, donde las recogió en primera instancia, donde iban a ser llevadas por otro Uber. Luego iban a ser reducidas. Lo hizo, pero en ese momento fue abordada por Carabineros, que la detuvieron.

Luego de escuchar los planteamientos de la fiscal y de los defensores, quienes rechazaron las medidas solicitadas por la persecutora, el juez Mario Cayul entregó su resolución respecto de las medidas cautelares.

“El primero que recibe el llamado telefónico es un señor de 61 años. La pregunta es, ¿está en condiciones, en esas circunstancias de, cuando cree que lo está llamando el ministro, de oponerse o de interrogar?”, argumentó el juez.

El magistrado acogió lo planteado por el Ministerio Público y decretó el arresto domiciliario total para Elena Rojas y de prisión preventiva anticipada para Miguel Apablaza. De esta forma, si el sujeto, que está cumpliendo condena en la cárcel, sale en libertad de manera anticipada, recae sobre él esta otra prisión preventiva.

Además, se decretaron 120 día de investigación. “Los antecedentes son acotados y bastante contundentes para este tipo de debates”, dijo el juez.