Expediente Torrealba: la trama que devela la investigación de Contraloría

Una de las claves en la defensa a su gestión que hizo el exalcalde Vitacura Raúl Torrealba ante la Fiscalía, al declarar como imputado por fraude al Fisco, fue que durante 25 años como edil nunca recibió un reproche de la Contraloría General de la República. El interrogatorio a Torrealba se concretó el 1 y 2 de febrero de este año y lo que no sabía el otrora jefe comunal es que los fiscalizadores del organismo dirigido por Jorge Bermúdez afinaban un lapidario sumario que concluiría que infringió gravemente el principio de probidad.

La indagación de Contraloría terminó levantando cargos en contra del exalcalde la semana pasada, lo que podría haber incluso derivado en su destitución si es que aún estuviera al mando de la comuna.

Durante un año y cinco meses, los fiscalizadores recopilaron información de los funcionarios que eran testigos de desvíos de dinero de las corporaciones asociadas a la Municipalidad de Vitacura y establecieron cómo el alcalde lideró un mecanismo que hoy está en la mira de la justicia, ya que el martes 2 el fiscal Francisco Jacir pidió formalizar a Torrealba por, presuntamente, liderar una asociación ilícita dedicada a defraudar al Fisco.

Una de las herramientas de las que se valdrá el Ministerio Público es precisamente el sumario de Contraloría, de casi tres mil fojas, que tienen carácter de reservado y al que accedió La Tercera Sábado.

Una testigo clave que ayudó a develar a Contraloría lo que ocurrió en el municipio de Vitacura fue la fiscal de uno de los sumarios que se abrió tras el arribo de la nueva alcaldesa, Camila Merino, en 2021.

Se trata de Ximena Álvarez, quien declaró que el desorden financiero que indagó “no se refiere a situaciones aisladas o inconexas, sino que dan cuenta de una metodología y forma de proceder”. “Lo que está claro es que las rendiciones eran insuficientes, que aparentemente hay platas que no están rendidas, y estas declaraciones que dicen que se entregaban platas periódicamente”, remató ante el órgano fiscalizador.

Álvarez también señaló que la entrega de las asignaciones era indelegable del alcalde, pero que Torrealba lo dejaba en manos de terceros y casi siempre saltándose al concejo, conducta prohibida por ley. A eso se suma la detección de desvíos de dinero en efectivo desde las corporaciones “Vita” y que -según hoy sospecha el Ministerio Público- fueron a parar a su erario personal.

Lo que está claro es que las rendiciones eran insuficientes, que aparentemente hay platas que no están rendidas; y estas declaraciones que dicen que se entregaban platas periódicamente”

Ximena Álvarez.

Contraloría también descubrió -en base a declaraciones de otros funcionarios- que el exmilitante RN no devolvió tres iPhones que le habían sido comprados con fondos municipales, y que lo mismo ocurrió en el caso de dos notebooks que eran arrendados por el municipio y que estaban en poder del exjefe comunal.

Toda la indagación de Contraloría quedó registrada en más de 160 documentos reservados que componen el expediente y que fue puesto a disposición del Ministerio Público, pues el exalcalde sigue bajo la lupa de ambas instancias, arriesgando, incluso, penas de cárcel.

Sabido es que parte importante del caso que hoy tiene a Raúl Torrealba investigado por delitos reiterados de fraude al Fisco y asociación ilícita -por los cuales será formalizado el 6 de junio- se basa en información que el otrora directivo de las organizaciones comunitarias “Vita” y examigo del exedil, Domingo Prieto, y la exdirectora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, Antonia Larraín, revelaron al entonces jefe jurídico del municipio, Mauricio Irarrázabal. Sin embargo, como señalan documentos del expediente de Contraloría, el mismo abogado recibió varios antecedentes más.

El 11 de agosto de 2021, cuando aún los equipos de Merino estaban en proceso de instalación, Irarrázabal recibió dos denuncias vía correo electrónico, de Tomás Gálvez y Gabriel Allende, directores ejecutivos de Vita Deportes y Vita Emprende, respectivamente.

El primero alertó sobre dineros no justificados o sin respaldo en los balances al 31 de diciembre de 2020, mientras que el segundo refirió eventuales negligencias durante los últimos tres años.

Ambos dejaron constancia de que la respectiva información había sido requerida en varias ocasiones a Sergio Beaumont, exdirector de Control; a José Bucarey, jefe de finanzas, y a los contadores de confianza de Torrealba, César Silva y Arnaldo Cañas, pero también hicieron patente que no obtuvieron respuestas, como si la información simplemente hubiese desaparecido.

De hecho, en la declaración al sumario dirigido por Álvarez que instruyó la alcaldesa Merino, Allende fue enfático en que, tras llegar al cargo le costó tener acceso a las cuentas, pues los “apoderados para operar en la página web del banco” eran Domingo Prieto y César Silva, y Arnaldo Cañas aparecía como “usuario”.

El mismo Allende declaró que notó que en registros de Previred -plataforma municipal- había gastos previsionales por trabajadores que no eran parte del VitaEmprende y declaraciones con errores en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

“Envió correo al contador anterior, con copia a José Bucarey, Domingo Prieto, Antonia Larraín y Arnaldo Cañas, solicitando información de balances del año 2020 y primer trimestre del 2021. A lo cual le responden que esa información la entregó a José Bucarey, el 31 de marzo de 2021, pero ahí no venía lo correspondiente a 2020″, se describe en documentos de la causa.

Asimismo, el 10 de septiembre del mismo año, a las 11.04 horas, el entonces director jurídico de Vitacura, Mauricio Irarrázabal, recibió en su casilla de correo un email donde Diego Riveaux, director de Sustentabilidad e Innovación, dejaba constancia de la denuncia que recibió de parte de una de las funcionarias a su cargo.

Como se describe en ese correo, durante la administración anterior hubo contrataciones de servicios “autorizadas por el exdirector Michael Ecclefield, los cuales nunca existieron ni se justificaban”, además de pagos “abultados” en contrataciones de servicios y honorarios. Todo, como se dejó en evidencia en la citada comunicación, “correspondería a situaciones que habrían instruido directamente de la alcaldía anterior”.

“¿Recuerda usted cuál era el procedimiento de entrega de subvenciones a las organizaciones comunales?”. Fue la pregunta que el fiscal instructor de Contraloría le realizó a Ximena Álvarez, quien comenzó a relatar el mecanismo y la forma en que se entregaban los recursos desde la municipalidad a las “Vita”, según pudo conocer en las auditorías que realizó.

La forma en que se llevaba a cabo este procedimiento administrativo fue otro de los cargos que Contraloría levantó contra Torrealba debido a que, a juicio del órgano contralor -entre otros factores-, la autoridad comunal utilizaba a una persona en particular para realizar la entrega de los dineros a las organizaciones.

En su declaración ante el fiscal instructor, Álvarez detalló que de los testimonios que pudo recoger, todos los años funcionarios de las “Vita” se contactaban con los de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la municipalidad, a quienes entregaban una “parrilla” de actividades para justificar los fondos que el año siguiente entregaría la municipalidad a esas instituciones, plan que era recibido por Antonia Larraín.

A partir de aquello, según relató la auditora municipal, “se producía una primera conversación informal”, en la que participaban el jefe de gabinete, Galo Errázuriz; el director de Administración y Finanzas (DAF), José Bucarey; el director de la Secretaria Comunal de Planificación, Gustavo Bravo, y Antonia Larraín. Esta instancia contaba con la presencia del alcalde Torrealba, declararon además los funcionarios a Álvarez.

La reunión no estaba establecida en ningún procedimiento formal de la entrega o planificación de los recursos, pese a que ahí “revisaban más o menos cómo iban las platas, qué posibilidades de presupuestos había como para ver qué se presentaría efectivamente al Concejo”, detalló la funcionaria. Junto con eso, aseguró que esto “era como una práctica, que se reunían primeramente ellos y ahí se trazaban las primeras líneas”.

La cita derivaba en una presentación ante una comisión del Concejo Municipal tras la cual el secretario municipal elaboraba un decreto de otorgamiento de la subvención. Posterior a eso, era la DAF quien realizaba el pago, unidad que es dirigida por José Bucarey.

Todo lo descrito fue parte de los antecedentes que manejó Contraloría para formular cargos contra Torrealba, pues determinó que era Bucarey quien realizó los pagos y no el exedil, como establece la Ley Orgánica Constitucional Municipal.

En el sumario realizado por Álvarez, la profesional tomó declaración a Bucarey, quien señaló que por orden del alcalde Torrealba en diciembre del 2020 le pidió que revisara y buscara una forma de revertir el déficit económico de VitaEmprende, Consejo Local de Deportes y VitaDeportes. En ese contexto, quien fuera director de la DAF reconoce que “estuvo en una suerte de interlocutor o intermediario entre la municipalidad y las organizaciones y el contador”.

Las faltas administrativas en el manejo de los dineros no quedaban ahí: Contraloría detectó que organizaciones como VitaEmprende o VitaDeportes no contaban con un convenio con la municipalidad como lo establece la ley.

En el caso de la organización para los emprendimientos -además- se chequeó que no hubo comprobante de depósitos respecto de ocho transferencias que se realizaron entre febrero del 2018 y enero del 2020, por un monto de $ 619 millones.

Otra declaración clave para el informe de Contraloría fue la de Luis Lizama, funcionario a cargo del Departamento de Auditoría y Control de Gestión de Vitacura, quien revisó el tema de las subvenciones y señaló que se detectaron que existía una serie de incumplimientos, como el hecho de que se entregó una segunda subvención sin que se hubiese rendido cuentas de la primera, falta “el respaldo de muchas rendiciones, había gastos que no eran improcedentes, sino que estaban con falta de información para poder validar el gasto, o sea, medios de verificación para validarlo”, aseguró.

El sumario de Contraloría también detectó la existencia del denominado “grupo Colico”, como se le denominaba al grupo de colaboradores cercanos a Torrealba y con quienes solía viajar a su casa de veraneo en el sur del país.

Entre los funcionarios denominaban “grupo Colico” a los colaboradores más cercanos a Torrealba, quienes solían viajar algunos fines de semana a la casa en el sur del exalcalde. Todo pagado con dineros públicos.

Este grupo estaba integrado por Antonia Larraín, la prosecretaria municipal Regina Aste, Galo Errázuriz, jefe de gabinete, además otros funcionarios, como Bucarey, entre otros.

En el informe del órgano fiscalizador se incluyen declaraciones de una funcionaria que relató que “partían un jueves, el viernes hacían la actividad o la visita al municipio de Cunco y luego se terminaban de reunir en la tarde del viernes en la casa y seguían el fin de semana”. Para todos estos viajes se hacían pagos de bencina y peajes para el conductor, quien tenía que viajar en vehículo hacia allá, para luego recibirlos en el aeropuerto, además del pago de pasajes y viáticos, todos a cargo de Vitacura.