Al gobierno se le acabó la paciencia y endureció su postura. Pese a que cinco agrupaciones de camioneros habían aceptado un acuerdo para deponer las movilizaciones que mantenían por los últimos ataques que han sufrido en la Macrozona Sur, ayer algunos transportistas continuaban en paro y la Ruta 5 se encontraba cortada a la altura de Duqueco, en Los Ángeles, con una vía habilitada en cada sentido para el tránsito de ciertos vehículos.

Ante el incumplimiento de los transportistas de desbloquear las rutas del Biobío, el Ejecutivo cortó el diálogo con ellos, retiró el acuerdo firmado el jueves en Los Ángeles y, según fuentes de La Moneda, se evalúa invocar la Ley de Seguridad del Estado, individualizando a los responsables.

“Para nosotros como gobierno es importante transmitirle a las personas en sus casas que todo tiene un límite”, dijo casi al término de la jornada Izkia Siches, ministra del Interior, por lo que indicó que “retiramos las propuestas con las cuales habíamos trabajado y planteado a los camioneros”. Al ser consultada si Palacio recurrirá a la mentada ley, solo se limitó a insistir que utilizarán “las medidas del estado de derecho que apliquen”.

Hasta antes del cese de conversaciones, los transportistas habían indicado que tenían una nueva condición para deponer las movilizaciones en las rutas: mientras se trabaje y se promulgue la reforma constitucional que daría paso a un estado de excepción intermedio, solicitaban que se retomara el estado de emergencia para permitir la presencia de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur. Así lo aseveró a T13 Alejandro Jara, presidente de la Federación de Sindicatos del Transporte y Carga Forestal: “La decisión para terminar esta movilización está en sus manos, Presidente Boric: decrete ahora Estado de Excepción por 15 días y nos vamos para la casa”.

Al respecto, la ministra Siches aseguró que “desde el inicio nuestro gobierno ha estado dispuesto al diálogo y al trabajo. Es inadmisible e inentendible que esto se mantenga. El traslado de la ciudadanía está siendo severamente afectado”.

Lo propio había dicho el Presidente Boric horas antes: “Es incomprensible que a pesar de todo el trabajo que hemos hecho como gobierno, nuestra contraparte mantenga detenidas las vías y el normal abastecimiento de nuestro país”.

Durante la jornada del viernes, producto de las mismas movilizaciones de los camioneros, CMPC manifestó su intención de detener parte de sus operaciones a contar de ayer, en caso de que desde el gobierno no se asegurara el normal desplazamiento de personas y el abastecimiento de insumos básicos. Al holding del grupo Matte se sumó la pesquera Camanchaca, que informó que cuatro de sus plantas en el Biobío están paralizadas, y Arauco, que el jueves anunció lo mismo respecto a siete de sus unidades.

Este fue uno de los nuevos flancos que ayer se le abrió al gobierno. El otro había ocurrido temprano y venía desde la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). “Debido a la compleja situación a la que Enap se ha visto expuesta en los últimos días, producto de la toma de accesos de nuestra refinería y del Terminal Marítimo San Vicente por parte de trabajadores de Fenatrasub, nos hemos visto en la obligación de detener el 100% de nuestras operaciones logísticas y de distribución de combustible que realizamos a la zona sur del país”.

La estatal informaba que debido a las movilizaciones de la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados -que ayer cumplieron cinco días- frenaba sus operaciones y que solo existe suministro de gasolina, diésel y kerosene doméstico para calefacción para los próximos cinco días para O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Estos trabajadores piden reconocimiento y mejoras en sus condiciones laborales con la finalidad de nivelar su situación con la de los trabajadores de planta.

Las alarmas no tardaron en encenderse y en las bencineras de las regiones posiblemente afectadas se vieron largas filas de vehículos y personas llenando estanques de gasolina y kerosene.

También las empresas eléctricas, consumidoras para algunas centrales térmicas a diésel, alertaron por el riesgo que un eventual desabastecimiento plantea para la operación del sistema.

Así, entonces, las reuniones y telefonazos entre Santiago y el Biobío se sucedieron y fuentes de Energía informaron ayer a La Tercera que trabajaban para mantener la continuidad del servicio. En ese sentido, las seremis de Energía y Trabajo de la zona se acercaron a los involucrados para instalar una mesa entre Enap y los trabajadores y, según decían, esperaban llegar a buen puerto, cosa que al cierre de esta edición aún no ocurría.

Que el conflicto no se solucione en los plazos que se autoimpuso el gobierno también era una posibilidad latente. Así lo reflejaron las declaraciones de Boric tras ser consultado por la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado. “Estamos trabajando primero en (...) el diálogo. Esperamos no tener que llegar a esas instancias, pero como Estado, tenemos el deber de garantizar el abastecimiento”, dijo.

Alrededor de las 20 horas de este viernes, Enap -a través de un comunicado- informó que 180 trabajadores ingresaron a la refinería y al Terminal Marítimo de San Vicente, lo que les permitió “reiniciar el suministro de combustible en las próximas horas”.

No obstante, Fenatrasub -a través de una declaración en su cuenta en Twitter- indicó más tarde que “hasta el momento no existe acuerdo formal y desmentimos los dichos de Enap, ya que no hay ingreso de trabajadores a la planta”.