El día que se perdieron interceptaciones telefónicas de Daniel Jadue en otra investigación por cohecho
La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, busca desentrañar si hubo dolo en el extravío de escuchas clave que vinculaban al alcalde de Recoleta con el empresario León Lefort, acusado por cohecho en el “caso luminarias led”. La causa vuelve al ruedo, luego de que esta semana el Ministerio Público solicitara formalizar al edil comunista por actos de corrupción, esta vez en el marco de su rol en la asociación de Farmacias Populares.
-Daniel Jadue: Ya, nos juntamos, te llamo pa’ que nos tomemos un café en los próximos días, déjame (inentendible).
- León Lefort: Y sobre todo pa’ resolver el otro tema.
- Daniel Jadue: Pero el otro tema entiendo yo que está resuelto, ah.
- León Lefort: Sí y no, por eso lo quiero conversar contigo, pero no da pa’ teléfono.
- Daniel Jadue: Ya, ya, abrazo.
- León Lefort: Avísame, pero a la brevedad posible.
- Daniel Jadue: Sí, el lunes, ya, ya, chao.
- León Lefort: Chao.
La conversación entre el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y el entonces gerente general de la empresa de luminarias Itelecom, León Lefort, está plasmada en uno de los informes que realizó la PDI en el marco de la investigación por cohecho del denominado “caso luminarias led”.
Por esa época, en mayo de 2020, la Fiscalía Nacional Económica había iniciado un proceso que puso en la mira las millonarias licitaciones realizadas por la mencionada empresa con más de 11 comunas del país y que derivaría en una indagatoria por sobornos a alcaldes y concejales que luego fueron formalizados por haber recibido coimas de Lefort -y otros ejecutivos de la firma- con el propósito de adjudicarse los cambios de luminarias led.
Sobre la escucha de la llamada entre Jadue y Lefort -interceptada bajo autorización judicial-, el informe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) concluye: “Se desprende de la conversación de los interlocutores León Lefort y Daniel Jadue que existe una preocupación por la denuncia realizada en televisión por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quedando de acuerdo en juntarse a conversar el tema, ya que por el grado de relevancia no se puede hablar por teléfono”.
Ecos del caso led
La arista Recoleta del “caso led” reflotó esta semana, cuando la Fiscalía Centro Norte solicitó formalizar al jefe comunal por cuatro delitos vinculados a actos de corrupción, entre ellos cohecho, aunque en esta oportunidad se persigue su rol en la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Del “caso led” y lo que involucraba al alcalde hasta el día de hoy hay pocos avances. Pese a que se allanó el municipio y se solicitó el alzamiento de las cuentas bancarias del edil bajo la sospecha de cohecho, según el escrito presentado por el Ministerio Público al tribunal para acceder a los movimientos financieros de la autoridad comunal.
Algunos plantean al interior de la Fiscalía que esa causa “se puso en pausa” principalmente para que antes se despeje de quién es la responsabilidad de la pérdida de escuchas que habrían sido clave para que la fiscal regional Nayalet Mansilla avanzara en el caso. Pocos meses después de que el fiscal nacional Ángel Valencia arribara al Ministerio Público tuvo que resolver una compleja situación, la cual calificó él mismo de “grave”. Los investigadores de Ñuble le informaron que en la arista Recoleta se habían perdido 30 interceptaciones telefónicas que estaban en la causa y de las que ya no había rastro.
La indagatoria por el extravío de prueba está en manos de la fiscal regional Oriente Lorena Parra y han declarado una serie de detectives que fueron los encargados de las cadenas de custodia y respaldos de dichos audios.
Un trato directo y estrecho
En los informes policiales por el extravío de audios, personal de la PDI analizó el tráfico de llamadas de Lefort y Jadue en la época en que Itelecom ya se había adjudicado por $ 10.259.454.000, y por el plazo de 10 años, la “mantención del sistema de alumbrado público y cambio de luminarias existentes por tecnología de mayor eficiencia energética tipo led”. Este, de hecho, fue uno de los más importantes negocios con que contaba la firma que, tras el escándalo, se fue a la quiebra.
“Se desprende que hubo entre ambos intervinientes 20 llamados telefónicos, con duraciones y fechas conforme lo indica la tabla, quedando de manifiesto que en algunos llamados sólo hubo marcación”, se lee en el análisis.
Tras esto los detectives revelan la pérdida: “Sin embargo (de los 20 llamados) sólo se logró obtener desde el master de audios la llamada de fecha 20.DIC.2019″.
La PDI advierte que en el mismo periodo hubo un intenso tráfico de llamados entre Lefort y el abogado Ramón Sepúlveda, estrecho asesor legal del alcalde. De las 19 llamadas registradas, sólo se logró hallar tres escuchas... ¿Del resto? Ni luces.
“Lo que a él le preocupa...”
En la arista Recoleta del caso luminarias lo que se indaga es una donación de $ 50 millones que Daniel Jadue le habría pedido a Lefort para financiar el festival Womad. Pero la pregunta de los investigadores es ¿por qué un alcalde solicita esto al gerente de la misma empresa a la que se adjudicó un millonario contrato y a quien debe fiscalizar que cumpla?
Es ahí donde la figura de Ramón Sepúlveda cobra relevancia, ya que en una interceptación con Lefort hablan de pagos a través suyo y sin que exista -según el informe policial- justificación para dichos depósitos.
En una escucha Lefort le recuerda al abogado de que va a “tirar una boleta” y , además, le pregunta si él (Jadue) sabe de aquello. Sepúlveda responde que sí. Acto seguido, le explica: “Y en el fondo, lo que a él le preocupa es que las platas lleguen… o sea que no pasen por ninguna cuenta de él… eso, de no tener plata, y además yo soy abogado tuyo en un par de cosas, yo generalmente cobro caro, entonces es súper justificable lo que… la boleta cachai, un millón 250, o sea, yo tengo contrato con un par de empresas más o menos parecido y no va a haber problema, así que eso”.
Alejandro Peña, abogado querellante en la causa por la pérdida de escuchas, explica que “resulta estrictamente indispensable aclarar lo sucedido con la pérdida de estas escuchas telefónicas y establecer las respectivas responsabilidades penales, sea quien fuere que esté detrás de esta obstrucción a la investigación”.
En esa misma línea, agrega que “es grave que se sustraiga evidencia, ya que deja un manto de duda acerca de la debida custodia de estos elementos”.
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