Las razones tras la crisis de violencia que asfixia a Ecuador

Esta semana se desató una inédita ola de violencia en las calles y cárceles de Ecuador tras el anuncio de la desaparición del peligroso líder narco José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, quien presumiblemente se fugó de la Cárcel Regional de Guayaquil donde se encontraba retenido desde 2011 cumpliendo una pena de 34 años. Las autoridades señalaron que habría huido tras una filtración de información sobre su traslado a la prisión de máxima seguridad La Roca, ubicada en el mismo Complejo Penitenciario de la ciudad costera.

El lunes pasado, al día siguiente de reportarse la desaparición, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa decretó estado de emergencia. El martes, tras la irrupción de un grupo de encapuchados al canal televisivo TC, en Guayaquil, Noboa declaró un “conflicto armado interno”, como medida complementaria al estado de excepción ya vigente. Así, ante la ola de violencia que se saldó con al menos 16 muertos y 178 rehenes en cárceles, ordenó a las Fuerzas Armadas concretar operaciones militares para neutralizar a las bandas narcotraficantes, a quienes reconoció con este decreto como “grupos terroristas violentos”.

Una decisión en respuesta a la creciente inseguridad del país, que cerró el 2023 con 7.200 homicidios. Wladimir Sierra, Mauricio Alarcón, Santiago Basabe y Sebastián Mantilla, todos analistas políticos en Ecuador, conversaron con La Tercera para explicar el fenómeno de la crisis de seguridad en el país. Éstas son las principales claves que señalaron para entender el fenómeno.

En el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) es cuando se produjeron los cambios “decisivos”, que hoy significan el apogeo de los grupos criminales, concuerdan los analistas. En 2008, entró en vigencia una nueva Constitución en el país, que vino a reemplazar la existente desde 1998. Por esa nueva Carta Magna, Ecuador tiene una política “excesivamente permisiva” en el plano de la migración, afirmó Santiago Basabe, politólogo y director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política (Aecip).

“Si hay un país al cual se puede emigrar sin ningún tipo de cuestionamiento, es el Ecuador. Esto no tiene nada que ver con un discurso xenofóbico, sino con la necesidad que tienen todos los Estados de regular la migración, que es lo básico. Y el Ecuador no lo hace. En función de eso creció mucho el microtráfico y crecieron mucho los grupos organizados, criminales organizados provenientes del exterior”, explicó el analista. La Carta Magna en cuestión fue parte de la campaña política del exmandatario Rafael Correa en las elecciones presidenciales de 2006, en las que venció a su rival Álvaro Noboa, padre del actual presidente Daniel Noboa.

En 2009, el exmandatario dictó un mandato constitucional que prohibía el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador. Así, ordenó la salida de las tropas estadounidenses de la base de Manta, desde donde se rastreaban las aeronaves utilizadas por narcotraficantes en el noroeste del país. “La base de Manta funcionaba como un filtro importante para el control del narcotráfico y de los grupos organizados. Esa base fue eliminada y no fue reemplazada por algo que cumpla una función similar desde las Fuerzas Armadas nacionales. Se mencionó que era un tema de soberanía del Estado, con lo cual eventualmente se podía estar de acuerdo, pero claro, había que colocar un mecanismo alterno. Y no se hizo nada”, explicó Basabe.

Recientemente el Caso Metástasis en Ecuador reveló una estructura de corrupción al mando de Leandro Norero, excabecilla de Jalisco Nueva Generación y asesinado en octubre de 2022. El caso involucra a policías, al poder judicial, a periodistas, empresarios y a políticos con el crimen organizado. Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura (órgano que supervisa a los jueces en el país), fue uno de los detenidos por el Caso Metástasis por presunta delincuencia organizada.

Wladimir Sierra, analista político y sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, afirma que tras la pandemia es cuando más “fueron contaminados todos los ámbitos de la sociedad”, tanto los poderes del Estado como el ámbito empresarial. “El otro gran negocio de Ecuador no sólo es la exportación de la droga, sino el lavado del dinero. Muchos empresarios están o son aliados de los narcotraficantes”, señala Sierra.

Agrega que intentar “eliminar” a los narcotraficantes sería una medida difícil de concretar y contraproducente, ya que “su poder está diseminado en muchos grupos sociales, políticos y empresariales”, y, por otro lado, “el narcotráfico produce un ingreso de divisas al país bastante importante. Sin este ingreso de divisas la economía, que ya es frágil en sí misma, colapsaría”.

La economía de Ecuador está dolarizada desde el 2000, y aunque el Banco Central ha reportado que esa medida ha permitido combatir la indisciplina fiscal y reducir los niveles de pobreza, la dolarización también ha permitido el lavado de activos procedentes de actividades ilícitas. Roberto Andrade, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), señaló en diciembre que en 2023 fueron detectados cerca de 285 millones de dólares que se habían lavado,

Consultado sobre si cree que los bloques políticos de oficialismo y oposición en el Congreso puedan llegar a acuerdos transversales para combatir el crimen organizado, Sebastián Mantilla, analista político y director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep), aclara que el problema del crimen organizado “no se va a solucionar con una ley”, sino más bien con la acción conjunta de todas las instituciones.

Basabe, por otro lado, cree que pueden llegar a acuerdos en el largo plazo, pero lo ve muy complejo, ya que “el problema de los sectores políticos es que muchos de ellos están involucrados con el crimen organizado o con el narcotráfico”. Sobre esta relación narco-política, Mantilla dice que estamos en la presencia de un narcoestado. “Estamos en una situación parecida a la de México hace varios años atrás. En una etapa inicial de convertirnos en narcoestado, si es que no lo somos ya”, opina.

“Es toda una estructura criminal que está permeada alrededor del Estado, infiltrada en la economía del país, en la policía, en Fuerzas Armadas, en jueces, en fiscales, en estudios jurídicos, en empresas, en la política. Estamos en camino a ser un Estado fallido. Eso ya lo decía yo hace un año atrás. Y, claro, mucha gente decía que yo exageraba cuando decía eso”, expresa el analista de Celaep.

Sierra concuerda con que Ecuador está en camino a ser un Estado fallido, sobre todo en las zonas periféricas del país donde no hay control estatal. Sobre la ola de violencia durante el estado de excepción de esta semana, el sociólogo critica que esto muestra una “ausencia del Estado, un Estado fallido que no puede controlar ni siquiera con el instrumento del estado de excepción, que es el instrumento más importante que tiene un Estado para controlar. Pero no puede ni con esto”.

El analista político, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, es enfático en señalar que el deterioro ha tomado años y que “no ocurrió de la noche a la mañana”. Así, se remonta a los pactos hechos entre Rafael Correa y las bandas. “El decenio en que estuvo a cargo Correa, la situación fue bastante más controlada producto de acuerdos. De pactos, precisamente con estos grupos”, explica Alarcón.

“Constantemente, hay que reconocer que al crimen, a la delincuencia, al terrorismo, se lo tiene que combatir desde el Estado precisamente para garantizar la vida, la integridad y la libertad de los individuos. Así es que lamentablemente esos pactos son los que han generado el deterioro paulatino hasta llegar al día de hoy en lo que estamos”, comenta.

Sin embargo, Sierra afirma que esos acuerdos se han perdido, y que esto es lo que ha descontrolado a las bandas. “Cuando se pierden esos acuerdos, entonces los gobernantes no pueden gobernar el país porque hay que reconocer que las bandas de narcotráfico tienen poder político y que son actores políticos importantes. Sus discursos no son sólo relativos a sus propios intereses, sino también relativos a los intereses de las poblaciones. Hablan de la pobreza de la población, de la falta de empleo y cuestionan al Gobierno, que en vez de perseguirlos a ellos, debería ocuparse de solucionar esos otros problemas”, apunta.

Ecuador aumentó un 69,13% en los homicidios intencionales de enero a junio de 2023 respecto al mismo período en 2022, superando a México y Colombia. Así, Ecuador cerró el año con el trágico balance de 7.200 muertes violentas, lo que supone una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes y coloca al país como el más violento de América Latina, según datos del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. Apenas en 2017, la tasa de muertes violentas en el país fue de cinco por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con cifras oficiales.

La mayoría de estos homicidios están vinculados a las bandas narcos de Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, y los Chone Killers, que son las más peligrosas y poderosas de Ecuador. Las últimas tres, denominadas por la prensa ecuatoriana como “la trilogía del mal”, responden al cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación y son rivales de la primera, que responde al cartel de Sinaloa, fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Mantilla destaca que esto es un “caso único” en la historia reciente de Latinoamérica. “Las peleas entre los carteles mexicanos no se dan en territorio mexicano, sino que se dan en territorio de otros países. Y este es el caso del Ecuador. Entonces, aquí hay guerra entre el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, pero a través de sus fuerzas de choque que controlan. Y estas bandas que operan aquí, como Los Choneros o Los Lagartos, por ejemplo, están respondiendo a los intereses y son financiados por esos carteles”, sostiene.