Los casos más graves de beneficiarios de pensión de gracia con antecedentes penales

Luego del informe emitido por la Contraloría General de la República que revisó cómo se tramitaron y entregaron durante el año 2022 un total de 418 pensiones de gracia a víctimas del estallido social de octubre de 2019, uno de los puntos más criticados ha sido el hallazgo de 58 casos en el que los beneficiarios registran antecedentes penales.

Entre ellos, destacan dos casos de especial gravedad: uno por abuso sexual en contra de una niña de seis años, y otro, por producción de material pornográfico infantil en contra de una menor de 17 años.

El primero de ellos corresponde al caso de Robinson Eduardo Jaramillo Monje (56), a quien el 21 de febrero de 2022, bajo el mandato del Presidente Sebastián Piñera, se le concedió una pensión de gracia equivalente a $ 425.429 mensuales al ser calificado con lesiones de carácter “grave”, producto del impacto de una bala en uno de sus tobillos en la ciudad de Valdivia.

Pero entre los antecedentes penales de Robinson Jaramillo, previos a octubre de 2019 y que según Contraloría no estuvieron a la vista a la hora de otorgarle el beneficio, están una condena de tres años y un día como autor del delito de abuso sexual, en grado consumado, “en perjuicio de una menor de tan sólo seis años de edad, cometido el 9 de abril de 2009 a las 17.30 horas, al interior del domicilio del sentenciado, ubicado en Valdivia”.

De acuerdo a los registros del caso, la pena de Jaramillo fue sustituida por el beneficio de la libertad vigilada. Además, se dejó registrada su huella genética y durante 10 años, tras el cumplimiento de su condena, debía estar obligado a actualizar su domicilio ante Carabineros cada tres meses, “no pudiendo cambiarlo sin dar aviso previo, ello con al menos tres días de anticipación”.

Además de este caso, Jaramillo registra una condena de 61 días de presidio por “lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar” en contra de su cónyuge por hechos ocurridos en el año 2008 en Valdivia.

Por ello, se le ordenó abandonar el hogar familiar y someterse a un tratamiento para su reinserción social.

El segundo caso corresponde al de José Alejandro Lagos Lagos (29), quien mediante el decreto N°2898 del 29 de septiembre de 2022, durante el mandato del Presidente Gabriel Boric, recibió la calificación de daño “leve” producto del estallido social, lo que le permitió acceder a una pensión de gracia de $ 283.619 mensuales.

En esta situación, el día de ayer el gobierno anunció que el Mandatario firmó el decreto para revocar el beneficio.

De acuerdo a los registros del Poder Judicial, el 1 de julio de 2022, Lagos fue condenado como autor del delito de producción de material pornográfico utilizando menores de 18 años.

Según el relato, los hechos ocurrieron “el 19 de febrero de 2018 en circunstancias que la víctima, a esa fecha menor de edad (17 años), Claudia, se encontraba en el domicilio ubicado en (dato reservado), duchándose en el baño”.

La investigación estableció que en ese momento “el imputado José Alejandro Lagos Lagos procedió con un teléfono a tomar fotografías de la menor de su cuerpo desnudo, en especial en su zona mamaria y genital, todo esto con fines primordialmente sexuales”.

Por ello, Lagos fue condenado a la pena de tres años y un día de presidio, pero se le concedió el beneficio de sustitución de la pena por libertad vigilada intensiva bajo el control del Centro de Reinserción Social de Chillán.

Pero no es el único antecedente penal de José Lagos. Además, registra una condena por el delito de consumo o porte de droga en lugar público ocurrido en agosto de 2013 en la plaza San Francisco de Chillán, por lo que debió pagar una multa de 1 UTM. En el otro caso, se le condenó a pagar otra multa de 0,75 UTM como autor del delito de hurto, tras robar, en marzo de 2013, un lente de seguridad en una tienda de materiales para la construcción de Chillán.

“En cuanto el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz, se advierte que haber contado oportunamente con la información advertida pudo ser útil para evaluar, tanto la aprobación del beneficio como las condiciones para su otorgamiento”, fustigó el ente contralor ante la falta de chequeo de antecedentes de parte de la Subsecretaría del Interior.

En su informe, Contraloría destacó la existencia de “beneficiarios que tienen más de 10 condenas por diversos tipos penales”.

La Tercera pudo identificar tres de esos casos con múltiples antecedentes judiciales.

El primero de ellos es el de Cristián Mauricio Aróstica Quispe (43), quien entre los años 2007 y 2023 registra un total de nueve condenas, la mayor cantidad entre los beneficiados con pensiones de gracia durante el año 2022.

De ellas, cinco sanciones diferentes son por conducir vehículos en estado de ebriedad, dos por conducir vehículos con licencia suspendida y otras dos por hurto simple. Aróstica Quispe comenzó a recibir la reparación estatal el 14 de enero de 2022.

En orden cronológico, la primera vez que Aróstica fue sorprendido manejando un vehículo en estado de ebriedad fue en agosto de 2007 en la ciudad de Copiapó, momento en que registró 1,73 gramos por mil de alcohol en la sangre. En esa ocasión se le condenó a la pena de 61 días de presidio.

Luego, en marzo de 2009, recibió una condena de 41 días de presidio por hurto simple frustrado tras robar $ 79 mil en alimentos desde un supermercado de la misma ciudad.

Posteriormente, en noviembre de 2010, el hombre recibió su segunda condena por manejo en estado de ebriedad. Esta vez, Aróstica trató de huir del control policial en Copiapó, pero tras ser detenido, arrojó 0,88 gramos por mil de alcohol en la sangre. En septiembre de 2019 volvería a repetir el mismo delito, registrando 1,6 gramos por mil de alcohol en la sangre. Ahora, además de 61 días de presidio, se le suspendió la licencia por dos años.

Pero Cristián Aróstica siguió manejando y en octubre y noviembre de 2021 recibió dos condenas por conducir vehículos, pese a tenerlo prohibido.

Su conducta se repetiría y en mayo de 2022 y septiembre de 2023 nuevamente fue detenido manejando ebrio, llegando a cumplir en el último caso 540 días de prisión efectiva.

El segundo caso con mayor número de antecedentes penales es el de Cristián Edward Bustos Villegas (23), quien entre los años 2018 y 2022 tiene ocho condenas por diferentes delitos. De ellos, una sanción es por lesiones leves, dos por porte de arma cortopunzante y dos por hurto simple. Bustos Villegas es beneficiario de la pensión desde el 14 de junio de 2022.

La condena de multa por lesiones leves de Bustos tiene su origen el 16 de diciembre de 2018, cuando “sin motivo comenzó a agredir (a otro hombre) con golpes de pies y puño en diferentes partes del cuerpo, resultando la víctima con una contusión facial de carácter leve”. Mientras que los dos casos de hurto simple ocurrieron en enero de 2021, cuando el hombre fue sorprendido robando ropa y alimentos desde locales comerciales.

El tercer caso con mayor cantidad de condenas es el de Joel Alejandro Gómez Neira (40), quien entre los años 2007 y 2020 registra un total de seis sanciones penales.

Las más graves son una sentencia por robo con violencia y una por lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar. Gómez Neira recibe la pensión de gracia desde el 21 de febrero de 2022.

El robo con violencia de Joel Gómez ocurrió en diciembre de 2006. Según el relato de los hechos, de madrugada y junto a otro sujeto, asaltó a un transeúnte en las calles de Coronel, robándole una billetera con $ 106 mil, una mochila y un teléfono celular. Por este caso, Gómez fue condenado a una pena de tres años y un día bajo libertad vigilada intensiva.

Entre los otros 58 casos analizados por la Contraloría, destacan delitos de robo por altos montos de dinero, condenas por saqueo durante el estallido social y sanciones por violencia en los estadios.

En la primera categoría, el 1 de julio de 2016, Jean Franco Espinoza Alfaro (26) junto a otros tres sujetos se bajaron de un vehículo y abordaron a un hombre que caminaba por Avenida Chile de la ciudad de Iquique para tratar de robarle “un bolso tipo notebook, en cuyo interior transportaba la suma aproximada de $ 17 millones, dinero destinado al pago de trabajadores y proveedores”.

Pero Espinoza, quien calificó para la pensión de gracia el 14 de enero de 2022, no logró su cometido y fue condenado a una pena de tres años y un día en libertad vigilada intensiva.

Por otra parte, entre los beneficiarios que tienen antecedentes penales por hechos ocurridos durante el estallido social está lo ocurrido con Cristian Mauricio Araya Rodríguez (23), quien participó el 3 de diciembre de 2020 en un saqueo a un supermercado en la ciudad de Valdivia y que por ello fue condenado a 541 días de pena remitida.

También está el caso de Francisco Ian Baron Miranda (34), quien fue sancionado por desórdenes públicos al participar en una marcha en Plaza Baquedano en octubre de 2020.

Finalmente, en la última categoría de hechos de violencia en los estadios, está el de Daniel Esteban Cadena Zúñiga (29), quien el marzo de 2016 y tras participar de un “arengazo” en el Estadio Monumental de Colo Colo, en Macul, fue sorprendido con un cuchillo.