Metamorfosis carcelaria: el impacto del crimen organizado en Chile

Un corte de luz dejó en total oscuridad y desconcierto -a principios de junio pasado- a los cerca de 70 reos que habitaban el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), ex Cárcel de Alta Seguridad. En medio del caos, un grupo de 34 internos altamente peligrosos lanzó amenazas, golpeó a funcionarios y destruyó mobiliario avaluado en $252.942.422. Un total de 21 días duró la revuelta.

Lo inédito del episodio llevó a las más altas autoridades penitenciarias a tomar cartas en el asunto y relevar el tema. Ya no solo preocupaba cómo esta nueva criminalidad operaba en las calles, sino que también destruyendo todo dentro de las cárceles.

Específicamente, de acuerdo con reportes de Gendarmería, el caos se desató en el patio número tres. Internos que estaban con el rostro cubierto permanecían alterados y portaban “elementos contundentes”. Y ante la presencia de los gendarmes los gritos se desataron con aun más furia y algunos de los sujetos incluso saltaron los muros que dividen los patios.

“Soy asesino aquí y en todos lados, los podemos asesinar en la calle o en donde sea”, amenazaban quienes son considerados como los internos más peligrosos del sistema penitenciario del país.

Los gendarmes sabían que enfrentaban a integrantes del Tren de Aragua que no cederían ante sus intentos de control. Y así fue. Una docena de funcionarios terminaron con lesiones y la situación generó un punto de inflexión. De ahí en más se tomaron inéditas medidas por parte de las autoridades y, como aseguran custodios que aún se desempeñan en la unidad, las cosas cambiaron.

El temor de que integrantes de la temida banda de origen venezolano o sus tentáculos pudieran escapar fue suficiente para que incluso Gendarmería dispusiera que quienes siguieran con las manifestaciones de violencia serían esposados de manos y pies al interior de sus celdas.

Así, quedó en evidencia el perfil de imputados y condenados de alto compromiso delictual que buscan a toda costa estresar y romper el sistema, dando cuenta, de paso, que las medidas que hasta ese momento se estaban adoptando para hacer frente a la desarticulación de complejas bandas de crimen organizado -que ahora pasarían a estar al interior de las cárceles- tenía que ir más allá. Incluso, había que repensar hasta el material que se requería para la construcción de módulos de alta y máxima seguridad.

No era un dato menor, como comentan entendidos en la materia, que los recintos ahora estaban albergando a quienes tenían experiencia en escapar de la reclusión en sus países de origen y también, en otros casos, en seguir dirigiendo sus estructuras criminales en el encierro.

En palabras del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, hoy tenemos un perfil de interno en los establecimientos penitenciarios que, en general, resiente el control que ejerce Gendarmería, lo que se traduce en una conducta refractaria hacia el sistema. Y esto más allá del REPAS, en los distintos recintos.

“Estamos hablando de personas de nacionalidad extranjera, principalmente venezolanos y colombianos, y en menor medida peruanos, que, al verse sometidos a un régimen interno estricto, como es el de máxima seguridad -con horarios determinados de salida a patio, con visitas a través de locutorios, con muy pocas posibilidades de comunicación con el exterior y en celdas individuales-, experimentan una sensación de pérdida de poder”, explica el secretario de Estado.

En el mismo sentido, un representante del Ministerio Público que tiene experiencia en la materia asegura que si bien la organización de los reos tradicionalmente se ha dado al interior de los penales, antes esto se hacía principalmente bajo la lógica de “protegerse entre ellos”, pero ahora “para tomar el control de la unidad en cuestión”. Sostiene, igualmente, que los reos chilenos solían tener mayor respeto por los gendarmes y que solo se alzaban ante casos de abuso, mientras que los extranjeros mantienen un violencia constante.

Prueba de este cambio, relevan expertos, son la situaciones que ha develado en sus informes el juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Guzmán, quien ha expuesto graves situaciones de extorsión a sujetos “primerizos” por parte de avezados delincuentes.

El magistrado expuso que en medio de una visita a Santiago 1 pudo constar que sujetos agredían, quemaban y torturaban a sus pares que por primera vez caían tras las rejas, y que además cobraran a sus familiares sumas diarias de dinero. Si no cumplían, como pudo constatar el juez, el destino era la muerte.

Con ese diagnóstico como punto de partida, o sea, más reclusos y mucho más violentos, la primera necesidad que se buscó enfrentar fue la de la segregación adecuada al interior de los diferentes penales. Así, las autoridades destacan el aumento de plazas en módulos de alta y máxima seguridad, lo que de acuerdo con anuncios del gobierno se ha traducido en 600 nuevos cupos de esa índole.

Dentro de las primeras medidas, además, se introdujeron modificaciones en la formación de funcionarios. Como indica el ministro Gajardo, la Escuela de Gendarmería viene abordando esta problemática cada vez con mayor énfasis en su malla curricular. “Se está avanzando en materia de inteligencia penitenciaria y de investigación criminal, generando información relevante para actualizar herramientas y conocimientos del personal, en particular quienes cumplen labores con este tipo de población penal”, sostuvo.

Como se mencionó, también se reformularon ciertas construcciones. A propósito de lo ocurrido en el REPAS se ordenaron las reformas utilizando materiales “antivandálicos” y lo mismo se introdujo en licitaciones referentes a la habilitación de nuevos espacios.

Se puso en marcha el sistema de inhibición de señal en el cuadrante de Avenida Pedro Montt en Santiago, lo que permite bloquear aparatos tecnológicos que sean ingresados en el REPAS, en Santiago 1 y en la ex Penitenciaria.

También se han renovado aparatos tecnológicos para el control en los ingresos en las unidades y se han adquirido dispositivos antidrones, lo que se entrelaza con normas estrictas de convivencia. Y es que bajo los regímenes de máxima seguridad los internos permanecen en celdas individuales, tienen solo dos horas de patio al día (de forma diferida para evitar contacto entre ellos) y sus visitas solo se dan en locutorios, o sea no tienen contacto físico con quienes los van a ver. Son monitoreados permanentemente por circuitos cerrados de televisión y asisten de manera telemática a audiencias judiciales.

Mirando la experiencia internacional, dichas disposiciones se ha ido conjugando, igualmente, con modificaciones legales. Durante 2024 se ingresó al Congreso el proyecto que crea un equipo especial en Gendarmería para custodiar de manera efectiva a reos que estén bajo el régimen de alta y máxima seguridad.

El mencionado equipo especializado tendrá una dotación específica, una formación diferenciada y remuneraciones acorde a la gestión de reos de complejos perfiles criminológicos. Como, por ejemplo, funciona el modelo en Italia, que desde 1997 cuenta con el Gruppo Operativo Mobile (GOM), que tiene por finalidad el manejo de reclusos y detenidos del crimen organizado. La idea es que no se conozca la identidad de quienes formen parte de ese cuerpo “selecto” de funcionarios y que no lo integren por más de tres años, para evitar someterlos a un estrés demasiado extendido.

Las medidas adoptadas, como asegura Jaime Gajardo, dan cuenta de que se está enfrentando seriamente la situación y que Gendarmería seguirá teniendo el completo control de las unidades.

Destaca en ello el aporte que ha significado conocer personalmente la realidad de países como Brasil, Colombia, España e Italia, donde justamente estuvo durante las últimas semanas. “Acá, el intercambio de información de inteligencia con otros países aparece como un elemento relevante y es algo en lo que tenemos posibilidades concretas de avanzar pronto”, indicó.

El ministro destaca que hay otras medidas que están evaluando, como la de implementar uniformes para los internos de alta y máxima seguridad. Para ello se están calculando los costos y distintas variables, por lo que se espera que en las próximas semanas haya novedades.

La gracia de dicha disposición, como el mismo secretario de Estado ha explicado, es que permite mayor control y orden al interior de los penales, incluyendo un factor social, ya que ningún reo estará en situación de preponderancia por la ropa que utilice. Serán “todos iguales”.

Si bien las autoridades destacan que las disposiciones adoptadas son suficientes, exautoridades de Gendarmería y funcionarios están en alerta desde hace meses, pues consideran que la situación que el país enfrenta es riesgosa.

“A nosotros no nos interesa que le vaya mal a este gobierno, pero que no nos engañen. Creemos que las cosas no las han hecho de manera adecuada ni con la celeridad que se requiere”, manifiesta Christian Alveal, exdirector de Gendarmería (2018-2022). Expresa, además, que las innovaciones de las que hoy se jacta el Ejecutivo vienen de varios años antes, muchos desde su gestión.

Lo primero que se requiere de manera urgente, refieren gendarmes que prefieren mantener su nombre bajo reserva, es poder tener certeza de quiénes son las personas que están custodiando (pues muchos no tienen documentación) y que se aumente la dotación.

Según manifiestan, la mayoría de ellos ha debido cambiar sus rutinas por temor a represalias, ya que constantemente son objetos susceptibles de extorsión. “Es necesario estar atentos a personas que no circulan habitualmente por el sector donde nos movemos, de manera de anteponerse a posibles agresiones”, comenta un funcionario.

Al interior de las unidades también siguen al detalle el movimiento de los imputados. El personal sostiene que procura mantenerse vigilante frente a las interacciones entre ellos, evitar conflictos y, principalmente, que mantengan un comportamiento idóneo al régimen especial de este tipo de recintos. Aún tienen el control, y de ser necesario se intervienen las unidades como medida preventiva, pero no son pocos los que insisten en que todo se puede radicalizar.

Es así que entre los más desconfiados de las medidas no titubean en sostener que gendarmes asisten con miedo a desempeñar sus labores. Y los más duros recalcan que seguirán haciendo frente a la situación.

Para ninguno de los más de 16 mil gendarmes que están desplegados en las cárceles del país el tema del crimen organizado le es indiferente. Saben que hoy custodian a personas que no tienen nada que perder, muchos no tienen familia, no los visita nadie, pueden estar 24/7 planeado una fuga. Pero las alertas ya están y ninguno de ellos estará desprevenido, como aquel 6 de junio de 2024, cuando la oscuridad se tomó el anexo más seguro de las cárceles del país.