“Mi nombre en este caso nunca tuvo otra razón más que una maniobra de desprestigio político”: Giorgio Jackson tras declarar en caso “líos de platas”

“El Ministerio Público hizo todas las preguntas atingentes a lo que dice relación con el caso Democracia Viva, que es una investigación que ya se encuentra formalizada, con un plazo de investigación, por delitos de fraude al Fisco”.

De esta forma el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, abordó diligencias claves que se concretaron durante la jornada del jueves 22 de febrero en dependencias de la Fiscalía Nacional, y que se extendieron hasta la tarde del viernes 23.

Y es que a ocho meses de que se decidiera abrir de oficio una indagación por traspasos irregulares entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación comandada por Daniel Andrade (ex-RD), el persecutor junto al fiscal Cristián Aguilar tomaron declaración a personeros de Revolución Democrática que fueron querellados por diputados de la oposición por supuestamente realizar maniobras y/o habilitar mecanismos para que el fraude se materializara.

Se trata del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi; del exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson; de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y de una cuarta persona que no aparecía en el itinerario inicial reportado: Tatiana Rojas, exsubsecretaria de Vivienda y a quien el Presidente Gabriel Boric le solicitó su renuncia a poco de que estallara el caso.

Todos declararon en calidad de imputados y, conforme pudo recabar este medio, debieron entregar antecedentes detallados respecto de las labores que realizaron en función del mecanismo que permite entregar recursos fiscales a ONG y corporaciones para la realización de proyectos sociales. Pero además los investigadores pusieron foco en cuándo y cómo se enteraron del caso de Democracia Viva, considerada la “arista madre” del denominado caso líos de platas.

En ese sentido fue particularmente relevante el testimonio que brindó la exsubsecretaria Rojas, ya que si bien en la causa principal mantiene calidad de testigo, ahora se le citó como imputada en la hebra donde se persigue el delito de omisión de denuncia.

Por lo mismo, en esta oportunidad los fiscales ampliaron el cuestionario a fin de ahondar en qué información tuvo, cómo la manejo y qué alertas encendió. Así, según pudo recabar La Tercera, transmitió a los investigadores que cuando recibió la denuncia pidió de inmediato informe al seremi Carlos Contreras -quien se encuentra formalizado y en prisión preventiva por fraude al Fisco- con copia al entonces jefe de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado.

Cuando aquello llega a sus manos -según los mismos personeros contactados- habría pedido un nuevo informe a Trincado, quien le indica que no había ninguna situación demasiado grave. Todos los antecedentes, de acuerdo con la versión de Rojas, los habría entregado al ministro Carlos Montes, y no solo como una minuta, pues enfatizó, conforme a conocedores de la diligencia, en que se trataba de un informe acabado.

¿Cuándo conversó con Crispi? Según habría revelado, el 8 de junio, 10 días antes de que estallara el caso. Ahí le entrega la información, pero como indicó, este “se habría quedado tranquilo” porque todo ya estaba en manos del ministro.

En el caso de Crispi -que fue el primero en comparecer ante los persecutores-, respondió respecto del rol que jugó mientras se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Regional y el visado que pudo haber hecho de fundaciones, descartando haber promovido alguna por sobre otra.

Además, se pronunció sobre cómo tomó conocimiento de las denuncias que realizaron funcionarios de la Seremi de Antofagasta, puesto que Contreras asegura que el sociólogo le habría ocultado antecedentes a La Moneda. Sin embargo, esa versión es descartada por él y habría insistido en que solo supo de rumores el 7 de junio.

Si bien tras la diligencia su defensa transmitió que pudo despejar “cualquier duda respecto de su intervención y conocimiento sobre los hechos”, fuentes consultadas no descartaron que sea nuevamente citado.

En cuanto a las interrogantes planteadas al exministro Jackson, se le consultó sobre gestiones realizadas cuando lideraba la Segpres, específicamente respecto del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). Y en ese punto, como trascendió, habría aclarado que la incidencia que tuvo respecto del “relajamiento” de los controles fue nula.

Comentó, en la misma línea, que se mantuvo totalmente alejado de las determinaciones políticas del caso de las fundaciones y que, por lo mismo, nunca manejó antecedentes respecto de las irregularidades.

Consultado por La Tercera, Jackson indicó: “Declaré voluntariamente para dejar en evidencia principalmente dos cosas. En primer lugar, que no conocía la existencia de Democracia Viva ni sus convenios hasta que estalló el caso en junio de 2023. Y en segundo lugar, que no existe ningún vínculo posible entre las acciones o responsabilidades que tuve como ministro de Estado y los traspasos que están siendo investigados en el denominado caso convenios”.

“Espero que esto se resuelva lo antes posible para dejar claro que involucrar mi nombre en este caso nunca tuvo otra razón más que una maniobra de desprestigio político en mi contra”, complementó.

Javiera Martínez fue la última en prestar declaración en esta ronda y, como ya se había adelantado, debió entregar antecedentes respecto de cómo se aumentaron presupuestos para que diferentes reparticiones pudiesen haber suscrito millonarios convenios con entidades privadas.

Al igual que Crispi, dicen fuentes del caso, es probable que la directora de Presupuestos sea nuevamente requerida por el Ministerio Público.