¿Nunca votan? ¿Nunca pagan? El colapso que provocan las multas por no sufragar

Fue a finales de febrero cuando el Servicio Electoral (Servel) remitió a los 379 Juzgados de Policía Local (JPL) del país las denuncias contra las personas que, encontrándose en la obligación, no concurrieron a votar en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, donde el Rechazo se impuso al Apruebo.

Junto al oficio, la entidad electoral entregó un pendrive que contenía en su memoria un documento Excel con los datos personales de los 2.033.843 infractores que se restaron de participar en el proceso electoral, pese a que la instancia fue calificada por expertos como un hito histórico, al contar con la participación más alta en la historia del país: un 85,02% del padrón habilitado para votar. Es decir, casi 13 millones de personas.

La acción del Servel para oficiar a los JPL se enmarca en la infracción a la normativa que establece el voto obligatorio. Y es que dentro de la modificación al Capítulo XV de la Constitución Política de la República, a través de la Ley 21.200 -que dio vida al plebiscito constitucional- se zanjó que el sufragio en este plebiscito “sería obligatorio para quienes tengan domicilio electoral en Chile”.

Además, según lo señalado en el Artículo 142 de la Constitución Política del Estado, el “conocimiento de la infracción señalada corresponderá al juez de policía local de la comuna donde se cometieron tales infracciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley Nº18.287″. Así, el director del Servel deberá interponer las respectivas denuncias dentro del plazo de un año desde la celebración del plebiscito.

En rigor, los datos entregados por el servicio a los JPL sostienen que la Región Metropolitana (RM) es la zona a nivel nacional que concentra la mayor cantidad de infractores (836.908), seguida por la Región de Valparaíso (219.152); Biobío (152.710); La Araucanía (150.041) y Los Lagos (113.728). Mientras que dentro de la RM, la comuna de Santiago lidera la lista con 109.800 infractores, sumado a Las Condes (55.881), Providencia (45.039), Puente Alto (38.675) y Maipú (34.013).

Desde el Servel sostienen que “se ha realizado el 100% de las denuncias, siendo de competencia y responsabilidad de los Juzgados de Policía Local darles debida tramitación, no correspondiendo desde el Servicio Electoral referirnos a su labor”. En cuanto a las características de los electores denunciados, el ente electoral recalca que esto es materia de estudios y estadísticas de participación que el Servel dará a conocer a la ciudadanía próximamente.

Con los datos provisorios entregados a La Tercera por el Servel, Mauricio Morales, experto electoral y académico de la Universidad de Talca, sostiene que aun así es posible obtener distintas hipótesis del 14% de los chilenos que se restó del proceso de votación.

En principio, Morales se refiere a que este porcentaje puede estar permeado por “abstencionistas estructurales”, es decir, personas que no saldrán a votar a pesar de que la regla sea el voto obligatorio con sanciones efectivas.

Eso sí, el experto hace hincapié en lo necesario que es analizar con cuidado si esos dos millones de electores eran personas susceptibles de salir a votar.

“Puede que dentro de ese volumen estén personas extranjeras que se avecindaron en Chile por cinco años o más y que volvieron a sus países de origen. También pueden ser chilenos en el exterior que no actualizaron su domicilio electoral y que tampoco se inscribieron para votar en los países de destino. Por tanto, no es descartable que la cifra tenga alguna cuota de sobrerrepresentación”, comentó.

De acuerdo a encuestas realizadas previo al plebiscito, existía una diferencia marginal por género, siendo los hombres más proclives a no votar. De igual forma, esta categoría de respuesta era más mencionada por los jóvenes y por las personas de menores ingresos.

Sin embargo, un sondeo titulado “La voz de los que (no) votan”, realizada en conjunto por la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales (UDP), la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) y Datavoz concluyeron que quienes “nunca” votan concentran una menor aprobación hacia el gobierno que quienes “siempre” lo hacen.

Realizada entre el 10 de septiembre y el 9 de noviembre del año pasado en zonas urbanas del país, y dirigida para personas mayores de 18 años, la encuesta también evidenció que el sexo que predomina en los que “nunca” votan es el femenino, con un 54,6%, mientras que el grupo socioeconómico que sobresale es el C2 y C3, considerados sectores de medios ingresos.

“(Los que ‘nunca’ votan) son personas que no sólo tienen poco interés en la política y no se identifican con los partidos, sino que simultáneamente le creen muy poco a la política y son muy desconfiados”, explicó Cristóbal Rovira, investigador que participó del estudio.

Las razones para no asistir a votar son varias. Aquí serán los propios jueces de policía local quienes deberán recibir las excusas para luego condenar, en el caso que sea necesario, a una multa o absolver si es que el infractor tiene una excusa que lo exima de la sanción.

La legislación estableció que el ciudadano que no sufragare será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 UTM, es decir, entre $31.225 y $187.350 unidades de fomento (valores al 31 de marzo de 2023).

Bajo este contexto, los jueces de los distintos JPL han dado cuenta de los problemas que ha traído aparejada esta situación: falta de información de los infractores, escasos insumos y sobrecarga laboral han sido algunas de las problemáticas anunciadas que adelantan un posible colapso del cumplimiento de las multas, a solo semanas de un nuevo proceso con voto obligatorio.

“En un año promedio, yo recibo alrededor de 15 mil causas -aproximadamente- que como juzgado debemos resolver. Y ahora, solo con las denuncias del Servel, ya tengo ingresadas 11.470 causas relacionadas solo a personas que no votaron”, dijo a La Tercera la jueza del 2° Juzgado de Policía Local de Coquimbo y presidenta del Instituto de Juzgados de Policía Local (IJPL), Carolina Quezada.

A esto, la magistrada suma que los datos entregados por el Servel a través del pendrive están incompletos, puesto que en algunos casos las personas no vienen individualizadas con su domicilio.

Lo anterior, según la magistrada, recae en un gran problema, ya que la falta de antecedentes no hace posible iniciar un proceso de citación o multa, por lo que las causas muchas veces quedan archivadas.

La falta de filtros por parte del Servel en las nóminas ha llevado a que este escenario se repita a lo largo de distintos tribunales a nivel país, lo que ha obligado a los jueces respectivos a oficiar a Carabineros o Policía de Investigaciones para que entreguen los datos actualizados de los denunciados.

La demora en el inicio de los procesos se suma a otro de los problemas que presentan los JPL: exceso de carga laboral.

Por ejemplo, en el 1° Juzgado de Policía Local de Panguipulli ingresan en promedio cuatro mil causas aproximadamente. En cambio, ahora solo con denuncias del Servel este número aumentó al doble de lo que se recibe anualmente.

“En algunos casos el exceso de trabajo ha significado un aumento del 300% de los ingresos anuales; en otros hubo una recarga del 50%, 60% hasta 100% del ingreso anual.

Pese a que el proceso de tramitación de las denuncias es “relativamente rápida y simple”, la jueza pone énfasis en la demora que exige la citación de miles de personas “cuando solo se cuenta con un sistema manual de tramitación”, lo que conlleva el doble de tiempo “el redactar una carta, guardarla en el sobre y ponerla sobre un vehículo municipal para notificar a las personas”.

Actualmente, los jueces de policía local son designados por el jefe comunal de la municipalidad donde se desempeñan, a propuesta de una terna de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción. Por esto, su función depende del municipio, pero a la vez son fiscalizados por los tribunales de alzada.

A este componente, los jueces consultados recalcan que la tramitación de las causas se realiza por papel, a diferencia de la gestión electrónica que tiene el Poder Judicial.

“Nosotros hemos puesto de manifiesto un problema estructural en la historia de los Juzgados de Policía Local, porque habitualmente se nos asignan competencias de materias nuevas sin nosotros tener capacidades humanas o tecnológicas para resolver estos procesos”, sostiene la autoridad.

Un fenómeno que varía dependiendo de dónde se ubique el juzgado, pues “al depender de los municipios, el presupuesto destinado a los JPL no será el mismo que en un tribunal de la gran ciudad que otro de un sector rural”.

Al alero de las demandas recibidas desde el Servel, los JPL tramitan, en rigor, alrededor de 60 materias relacionadas con transporte, municipios, seguridad, entre otros. Escenario que se verá complejizado una vez que se apruebe la ley que declara la restricción de los derechos de aseo que tendrá como mecanismo clave lo resuelto por los JPL.

Con todo, los magistrados recalcan la obligación que guardan como jueces para que se establezcan las sanciones a quienes no cumplan con el deber cívico. “Es importante para que el restablecimiento del voto obligatorio sea efectivo y no solo se quede en una declaración de la ley”, sentenció Quezada.

Para poder dar solución al problema histórico de la sobrecarga de los Juzgados de Policía Local -y así evitar una letra muerta en la legislación-, el INJPL ha gestionado coordinaciones con Carabineros, las Cortes de Apelaciones y el Ministerio del Interior para oficiar a las municipalidades y así solicitar mayor dotación de herramientas y personal.

Sumado a esto, la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCh) ha venido trabajando desde 2022 (hasta principios de 2023) en un plan piloto financiado por el Estado que consistió en el trabajo colaborativo con 20 municipios para capacitarlos en la digitalización de las causas y que así estas ya no se tramiten de manera manual.

“Hoy esa información se maneja de forma análoga, lo que genera una demora de 30 o 40 días por cada proceso. Con este sistema digitalizado, los trámites pueden reducirse a cinco días, eso te va a agilizar tremendamente y eficientar al final los recursos”, cerró Cristián López, director del área de Innovación de la Amuch.

Desde la asociación señalan que de los 20 municipios que participaron del plan, hoy seis de estos ya han seguido con la implementación del sistema digital. Entre estas están los municipios de Zapallar, Empedrado, Los Álamos, Puerto Natales, Parral, Pelarco y Peñaflor. Y se nota la diferencia.