Pleno rechaza norma que resolvía discrepancias entre cámaras legislativas

A las 13:20 de este viernes, el pleno de la Convención Constitucional dio inicio a la votación considerada como una de las más relevantes de todo el proceso constituyente. El nerviosismo entre convencionales era evidente. Y es que lo que se jugaban era la última oportunidad que tenía la Convención para establecer, entre otras materias, las atribuciones del Poder Legislativo y Ejecutivo en el proyecto de Carta Magna. Lo que no cumpliera con los dos tercios en el pleno, quedaría para ser materia de ley en el Congreso.

En el pleno del pasado 13 de abril solo había pasado al borrador de nueva Constitución la estructura del Congreso de Diputados y Diputadas y de la Cámara de las Regiones, esta última instancia será la que reemplazaría al Senado en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito de salida, fijado para el próximo 4 de septiembre.

Así, durante la jornada las tratativas estuvieron enfocadas en asegurar los dos tercios necesarios para aprobar sus atribuciones -las que se acordaron entre algunos colectivos de izquierda el pasado 26 de abril-, y en destrabar uno de los principales nudos quedó de manifiesto en el último pleno de la comisión: el artículo sobre pluralismo político que buscaba garantizar “la plena igualdad a independientes y miembros de organizaciones políticas (...) en la presentación de candidaturas”.

Este aspecto del artículo generaba reparos entre los colectivos asociados a partidos políticos, como el PC, el PS, el FA y la derecha. En la otra vereda, Movimientos Sociales, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional consideran que la iniciativa es una de sus prioridades. Estos dos últimos colectivos, particularmente, no participaron del acuerdo previo al interior de la comisión. Por lo mismo, este artículo era una de sus líneas rojas para sumarse al acuerdo, como, de hecho, hicieron en la mayor parte de la votación.

Respecto a lo primero, el pleno aprobó con 111 votos a favor las atribuciones de la Cámara de las Regiones y determinó que solo son leyes de acuerdo regional las que reformen la Constitución, el funcionamiento de los Sistemas de Justicia, del Poder Legislativo y de los órganos autónomos constitucionales, así como también las que regulen los estados de excepción constitucional, las que directamente irroguen al Estado gastos cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales, la de Presupuestos, las que establezcan los mecanismos de distribución fiscal y presupuestaria, entre otras.

También aquellas que implementen el derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a la vivienda, uno de los puntos fundamentales del acuerdo alcanzado en la comisión.

Pese a que la incorporación de algunas atribuciones no era lo que esperaban, la aprobación de esta materia significó un alivio para los convencionales de los colectivos de izquierda, quienes en el hemiciclo celebraron los resultados.

El pleno determinó que la ley determinará el número de representantes elegidos por región y que este debe ser igual para cada una de ellas y no inferior a tres. Además, se debe cumplir con el principio de paridad.

Se definió que los miembros de la Cámara de las Regiones se elegirán conjuntamente con las autoridades comunales y regionales, tres años después de la elección presidencial y del Congreso. También se determinó que es una atribución exclusiva de la segunda cámara conocer las acusaciones que el Congreso de Diputadas y Diputados entable y que esta resolverá como jurado y se limitará a declarar culpabilidad.

Por otro lado, un aspecto clave que fue rechazado con 101 votos a favor -dos menos de los necesarios para ser aprobado- fue el inciso que establece que, si la Cámara de las Regiones aprueba un informe de la comisión mixta y el Congreso lo rechaza, este podría “insistir en ellas con el voto favorable de cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio”.

Este quórum es justamente uno de los puntos clave de negociación al interior de la comisión de Sistema Político, donde se comenta que este fue uno de los grandes triunfos del PC. Por lo mismo, no pasó desapercibido que algunos miembros de Chile Digno -el colectivo cercano a ese partido- no votaron en esa ocasión, como Hugo Gutiérrez y Nicolás Núñez, lo que generó, según algunos convencionales, el malestar del FA.

Su rechazo, dicen en la derecha, permitió equilibrar más el poder de ambas cámaras. Esto debido a que el modelo aprobado se asemeja a lo que existe en el actual sistema que considera que cuando un proyecto sale de comisión mixta debe ser visado posteriormente por ambas cámaras. Y, si una lo rechaza, no se puede volver a insistir con la idea original.

Según transmiten algunos, fueron claves las gestiones de Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo) para que se cayera ese artículo. El convencional DC, agregan, se movió “uno a uno” para lograr su cometido y conseguir que algunos no votaran.

En relación al Congreso de Diputados y Diputadas, se consagró en el borrador de nueva Constitución que este es un “órgano deliberativo, paritario y plurinacional” compuesto por no menos de 155 integrantes que “concurre a la formación de las leyes”. Entre sus facultades, el Congreso puede fiscalizar los actos del gobierno, admitir o desechar la renuncia del Presidente, entre otras.

El polémico artículo 63, que buscaba equiparar a los movimientos sociales con los partidos políticos, se votó al final casi del informe, cerca de las 19:00. La iniciativa terminó siendo rechazada con 90 votos a favor, 13 menos de los necesarios para alcanzar los dos tercios que le habrían permitido pasar al borrador. En este caso, hubo votos en contra y abstenciones de socialistas, la derecha, del Colectivo del Apruebo, Chile Digno y uno del FA.

La votación generó la molestia de la Coordinadora Plurinacional quienes, por la tarde, transmitían que se había alcanzado un acuerdo con los demás colectivos -excepto el PC, advierten-, para votar a favor de este artículo. Antes de la votación, en el colectivo señalaban que desde el Colectivo Socialista se acercaron y plantearon “un acuerdo de buena fe”, sin pedir nada a cambio, en que se comprometieron a apoyar el artículo. Sin embargo, entre los socialistas descartaban cualquier acuerdo en esa línea.

Dado el resultado, desde la Coordinadora Plurinacional transmitían que el rechazo de este artículo implica “un problema grave”, que podría afectar incluso la redacción de las normas transitorias. Cuentan que el rechazo por parte de los socialistas los sorprendió, pues, hasta último minuto, dieron a entender que respetarían el acuerdo. b