Jueves 8 de septiembre. Afuera de la Estación de Metro Los Leones, en la Línea 1, la discusión entre un grupo de estudiantes secundarios encapuchados con un transeúnte retrataba de buena manera la tensión de una semana marcada por hechos de violencia.

“¡Voy atrasado al trabajo, por favor, dejen avanzar y no hagan más desórdenes!”, gritó el hombre de nacionalidad venezolana. Acto seguido recibió de vuelta la siguiente afirmación: “¡Y qué te metís tú, nosotros acá dimos cara contra la dictadura de Piñera y tú arrancaste de Venezuela, cobarde!”. Los testigos de la escena se miraron con desánimo, cansancio y un dejo de vergüenza ajena.

Ya era el cuarto día de desórdenes en Santiago, protagonizados, en su mayoría, por alumnos del Instituto Nacional, el Internado Barros Arana (INBA), el Liceo Lastarria y el Liceo de Aplicación. En 120 horas, las manifestaciones dejaron un alarmante saldo de 26 eventos violentos, donde la quema de buses del transporte público, agresión a transeúntes, un cuartel del Ejército y lanzamiento de bombas molotov fueron la tónica.

La ola se desató el lunes 5, pasadas las 10 horas. Más de 80 estudiantes salieron desde el INBA, ubicado en calle Santo Domingo, para interrumpir el tránsito y lanzar piedras a carabineros que se desplazaban por el sector. El internado se transformaría en uno de los escenarios más reiterados en estos actos de violencia, y la vecina División de Ingenieros del Ejército fue uno de sus blancos predilectos.

Ese día terminó con ocho eventos de graves desórdenes y un hecho que alertó a las autoridades: a las 17 horas, aproximadamente, más de cien personas ingresaron a la Estación de Metro Bustamante con un lienzo que decía: “Ni perdón ni olvido, Estado asesino”. Luego de eso saltaron los torniquetes de control para evadir el pago del pasaje. No pocos en el seno del gobierno recordaron episodios idénticos protagonizados previo al estallido social del 18 de octubre de 2019, también por secundarios.

Terminada la jornada del lunes 5, Carabineros reportó al Ministerio del Interior que no sería una semana fácil.

En el gobierno, a esa altura ya manejaban información policial de que el “septiembre negro”, denominado así por grupos anarquistas, ya había comenzado. Sin embargo, en La Moneda tenían una preocupación política no menor: el cambio de gabinete que se concretaría el martes 6 y que afectaría, justamente, a la titular de la cartera encargada de la seguridad, la ministra Izkia Siches.

Mientras en Presidencia revisaban los antecedentes para hacer los anuncios de los nuevos secretarios de Estado, en los patios de Palacio se sentía un fuerte olor a lacrimógena. Nuevamente la Alameda era escenario de manifestaciones estudiantiles.

A las 10.00 del martes 6, aproximadamente 200 jóvenes, entre ellos 15 encapuchados, salieron desde el Instituto Nacional para lanzar molotov contra carabineros, generar destrozos en la vía pública y quemar un bus.

Los denominados “overoles blancos” fueron los instigadores y líderes de los desórdenes. Ni para Carabineros ni para el gobierno este grupo es ajeno, pues tienen información de que se trata de jóvenes de entre 16 y 18 años y que “operan al interior de los establecimientos” para generar enfrentamientos con la policía.

Mientras los encapuchados libraban una batalla campal en las afueras del Instituto Nacional, en la Estación de Metro Santa Ana, cerca de 150 alumnas del Liceo N° 1 saltaron los torniquetes, entraron al andén y abordaron un tren en dirección al poniente.

Era el segundo ingreso masivo al subsuelo y algo que se transformaría en una constante durante la semana, pues en total fueron 18 las estaciones de Metro intervenidas en cinco días, varias de las cuales tuvieron que suspender su servicio, generando un caos vial. El guiño a lo que encendió el estallido social, hace tres años, era evidente.

La jornada del martes terminó, otra vez, con un alto saldo de desmanes. Al día siguiente, el miércoles 7, el Alto Mando de Carabineros se reunió con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la nueva ministra Carolina Tohá en La Moneda.

Quienes estuvieron presentes destacaron el grado de interés que la nueva jefa de gabinete manifestó respecto de lo que estaba pasando en las calles. Por lo mismo, quiso interiorizarse sobre cada acción que la policía preparaba para enfrentar los hechos de violencia y contener desmanes. El tema para Tohá no le es ajeno: siendo alcaldesa de Santiago, en 2014, debió enfrentar protestas estudiantiles cuyo epicentro y origen estaba en los liceos emblemáticos de la capital. Al cerrar la reunión, se acordó un reforzamiento de la seguridad afuera de las estaciones de Metro, además de pedirle como meta a Carabineros desactivar a los grupos que están detrás de los hechos de violencia.

Por lo mismo, al otro día, el jueves 8, Monsalve solicitó una reunión con el Ministerio Público para trazar una ruta común en la identificación de quienes organizan estos eventos. Llevar a los responsables a un terreno judicial es complejo, advierten en las policías, aunque no imposible: Interior ya cuenta con una serie de reportes sobre estos grupos.

Carabineros ya ha identificado a tres células que estarían operando y que, según la calificación del subsecretario Monsalve, estarían poniendo a los estudiantes “de primera línea, de grupos de choque”.

Estas organizaciones son: Secundarios en Rebeldía (SER), Irreverencia Estudiantil (IE) y Estudiantes por la Causa Popular (EcP). Los primeros, de acuerdo a la información que maneja el gobierno, poseen afinidad con el Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), reconociendo como “héroes inspiradores” a los hermanos Vergara Toledo, militantes de ese organismo y quienes fueron asesinados en 1985 en plena dictadura. Esta organización actúa como una coordinadora de diferentes colectivos en el Instituto Nacional, en el Liceo de Aplicación, en el Carmela Carvajal y el INBA.

Irreverencia Estudiantil, en tanto, surgió en el 2020, es afín con el Movimiento Juvenil Lautaro (MJL) y tiene como “gran mártir” a Marco Antonioletti, dirigente estudiantil asesinado en 1990 a manos de la policía. A este grupo no se le atribuye la organización dentro de los establecimientos, sino que “se caracteriza por convocar a actividades de protesta, denominadas ‘Mochilazo Estudiantil’, abogando por los “presos políticos de la revuelta”.

La tercera agrupación de interés para la policía es Causa Popular. A diferencia de los otros dos grupos, esta orgánica se encuentra ligada no solo al segmento secundario, sino también a la educación superior. De esta manera, además de tener coordinación con alumnos del Liceo de Aplicación, el Liceo N° 1 o el Liceo Raimapu de La Florida, cuenta -según datos policiales- con integrantes del Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, la Universidad Alberto Hurtado y, en menor medida, en la Universidad Diego Portales.

El miércoles 7 fue el día en que Carabineros consignó más evasiones masivas en las líneas de Metro: en Santa Ana, 50 alumnas saltaron los torniquetes; en Franklin, 20; en Los Leones, 200; en Estación Central, otros 200, y en Santa Lucía fueron cien.

El ambiente en el centro ya estaba crispado y tomado por los actos vandálicos, tanto así, que el gobierno interpuso seis querellas por desórdenes públicos contra quienes resultaran responsables de los desmanes.

“Aquí no hay una representación de demandas del pueblo chileno, aquí hay hechos de violencia que el pueblo chileno rechaza mayoritariamente”, dijo Monsalve desde La Moneda, tomando una dura posición ante una situación más que incómoda para el Ejecutivo, cuyas principales autoridades encabezaron las movilizaciones estudiantiles de 2011.

La tensión en las calles no solo se tradujo en destrozos de mobiliario público, sino que también en enfrentamientos con transeúntes. El jueves 8, por ejemplo, en las inmediaciones de la Estación Universidad de Chile, una mujer enfrentó a un grupo de 15 jóvenes que realizaban desmanes, sin embargo, cuando intentó sacarle la capucha a uno de estos, fue agredida y empujada.

No era la primera vez que se registraba una situación así, pues durante los incidentes en el INBA, algunos jóvenes lanzaron piedras y botellazos a quienes retiraban a sus hijos del colegios. Uno de los apoderados dijo a Chilevisión: “Estoy plenamente de acuerdo con la demanda social de mejorar la educación de este país, el tema es que cuando escondes tu rostro no consigues nada. Yo hoy le pongo punto final a esto, saco a mi hijo de este colegio, esto ya no da más. Tienen secuestrada la educación”.

Este viernes 9 no fue distinto. Los desórdenes se extendieron hasta el frontis de La Moneda a eso de las 18 horas y continuaban alrededor de plaza Baquedano hasta el cierre de esta edición. Ahí mismo habían comenzado al mediodía, amenazando con avanzar hacia Providencia, donde en ciertos tramos era evidente el hastío de algunos transeúntes con la violencia.

Afuera del Metro Manuel Montt, por ejemplo, una señora estaba grabando, por lo que un estudiante encapuchado se acercó y la comenzó a insultar: “¡Borra la hueá! Hay cabros que después los andan sapeando por tu culpa”. La mujer, de unos 60 años, respondió ante insultos por vivir en Providencia: “Si vivo acá es porque me he sacado la chucha trabajando”.

De cada una de estas escenas era testigo un jardinero del Parque Balmaceda, quien -sin querer revelar su nombre- hizo una reflexión: “Estos cabros ni saben para qué marchan. Yo fui de las Juventudes Comunistas, soy de izquierda, pero si voy a protestar no lo voy a andar haciendo así. De seguro después nos van a mandar a recoger esos vidrios y somos los pobres los que vamos a tener que andar como los hueones buscando cómo irnos para la casa”.