Ríos se baja de la quina para fiscal nacional y entrampa concurso

El actual proceso para elegir al cuarto fiscal nacional de la historia ha tenido de todo. Primero, una votación inédita por parte de la Corte Suprema, que el lunes 7 envió un claro mensaje al Ejecutivo, favoreciendo con 17 votos a las dos más altas mayorías, y ahora suma un otro peculiar capítulo.

Este viernes, el abogado y exfiscal Rodrigo Ríos, a través de un comunicado decía que por motivos personales había decidido retirar su candidatura para liderar el Ministerio Público. El problema es que su nombre figura en el acta oficial de la quina que elaboró el máximo tribunal y que fue enviada al Ministerio de Justicia. Al conocerse esta renuncia, los chats de profesores de derecho procesal del país ardían en busca de una interpretación que desenmarañe las consecuencias que trae consigo esta dimisión que, además, se produce en esta etapa del proceso.

En La Moneda, en tanto el Presidente Gabriel Boric encargó a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, revisar el tema, para ver si los plazos podrían cambiar ante este escenario, ya que su intención era resolver esto antes del martes 15 cuando viaja a la APEC.

En términos concretos, hasta el cierre de esta edición, Ríos sólo había manifestado su voluntad de no continuar en la carrera por la Fiscalía Nacional. Pero el comunicado sólo podría tener efectos mediáticos y políticos, mas no jurídicos. Al día de hoy sigue integrando la quina con tres votos, siendo el último de la lista. Ni en la Corte Suprema ni ante el Poder Ejecutivo el abogado ha presentado documento alguno, por lo que fuentes de La Moneda aseguran que el concurso sigue tal cual.

Entre los supremos existe la convicción de que el proceso debe seguir adelante, pues a juicio de los consultados la Constitución sólo contempla la “reconformación de la quina” sólo en el caso que el Senado rechace al candidato propuesto, en este caso, por el Presidente Gabriel Boric. De hecho, no pocos magistrados manifestaban su molestia, ya que tildaban lo sucedido como una “burda estrategia” destinada a incluir a otro abogado o abogada en la quina en el entendido de que Ríos no tenía chance alguna de ser escogido por el Ejecutivo. Con todo, en los pasillos de tribunales ya se habla de que el lunes el pleno de la Suprema conversará del tema para tener un pronunciamiento en el caso que Justicia devolviera la quina. Un integrante de las altas esferas del Poder Judicial asegura que no existe un desistimiento como tal de la quina y que debería operar en este caso, tal y como ocurre en los procesos de nombramientos de ministros de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, en que ha sucedido que aspirantes en el proceso se han bajado o incluso jubilado, antes que el Presidente resuelva sobre una terna o quina, y lo que ha pasado en esos casos es que no se rellena la lista, sólo se escoge con los candidatos que siguen en carrera.

Desde el Congreso algunos senadores tienen una interpretación de la Constitución distinta. Ahí dicen que el Ministerio de Justicia debería devolver la quina a la Corte Suprema y estos incorporar un nuevo nombre que debería salir de las candidatas Patricia Muñoz, Karinna Fernández y Nelly Salvo, quienes siguieron a Ríos en votación al empatar con dos votos cada una. En este caso procedería entonces un sorteo.

Todo este debate y las consecuencias de la renuncia del exfiscal Ríos marcarán los próximos días, que serán vitales en las negociaciones del Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esto, porque desde este viernes 11, cuando llegó a manos de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, la quina conformada por el máximo tribunal, comenzó a correr el plazo de 10 días corridos que tiene el Presidente Boric para hacer la propuesta a la Cámara Alta. Esta debe ser aprobada por el 2/3 de los integrantes de la corporación, por lo que el acuerdo previo es vital, para no arriesgarse a un proceso fallido.

Con todo, los nombres que más resuenan en la sede legislativa de Valparaíso son los ganadores absolutos de la quina, José Morales y Ángel Valencia, que obtuvieron 17 votos, y también ha ganado bastante simpatía el cuarto aspirante del listado: el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. La única carta femenina, la jefa Jurídica y Anticorrupción, Marta Herrera, quien quedó tercera con nueve votos, no contaría con los apoyos políticos suficientes para poder ser la apuesta del Ejecutivo. Aunque el rebaraje que puede traer una eventual nueva incorporación en la quina podría romper estos desequilibrios, explican desde el Puerto.

La Tercera hizo algunas preguntas de los principales lineamientos de los aspirantes que siguen en carrera y sólo Valencia se excusó de responderlas.

¿Cómo recibe la votación de la Corte Suprema?

JM: Recibo esta alta votación con honor, pero también como una responsabilidad para mi trabajo, ya sea como fiscal adjunto o en el cargo al cual postulo.

MH: Muy contenta, aunque efectivamente a mí me hubiera gustado que hubiéramos sido más mujeres. Pero por supuesto, estoy muy agradecida del voto de confianza que me ha dado la Corte Suprema y pondré el máximo empeño en lo que sigue. Me sorprendió de todas maneras la alta cantidad de votos de José Morales y Ángel Valencia. Yo creo que eso es algo bien sorpresivo, porque en realidad no siento que haya habido una diferencia tan importante respecto de los proyectos que se plantearon.

CP: Evidentemente, muy contento y muy satisfecho, orgulloso de que la excelentísima Corte Suprema haya considerado mi nombre como un candidato para dirigir el Ministerio Público en un momento tan importante como el actual, donde estamos en un punto de inflexión frente a la criminalidad. Se requiere hoy día un liderazgo fuerte, experiencia, capacidad y habilidades para sacar la persecución penal adelante.

¿Qué cree que es urgente cambiar en el Ministerio Público?

JM: Como planteé a la Corte Suprema y tal como fue acompañado en un programa de trabajo que se presentó, se pretenden cambios estructurales y organizacionales para las áreas de persecución preferente, que son crimen organizado, violencia de género y delitos cometidos por funcionarios públicos, es decir, corrupción y derechos humanos. Lo anterior, acompañado de una modernización tecnológica de la institución, siguiendo ejemplo de Fiscalía Metropolitana Centro Norte y además con una mayor y mejor rendición de cuentas de la persecución penal y de los recursos públicos que son asignados a la institución.

MH: Hay muchos cambios que hacer y por eso yo señalaba algunos ejes. En materia de víctimas necesitamos cambios urgentes, en línea con reconocer que simplemente es derecho de las personas el estar informados. Tenemos que darle dignidad al sistema y yo creo que eso es absolutamente prioritario y creo que es posible. No quiero que la gente tenga que venir a preguntar, sino que idealmente sea algo proactivo y que entreguemos la información, podemos utilizar la tecnología y generar muchas alianzas. Luego, tenemos que perfeccionarnos en materia de persecución penal y eso tampoco lo hacemos solos. Yo ahí tengo un proyecto que vengo generando desde hace mucho tiempo, a propósito del crimen organizado, donde justamente planteaba, viendo sistemas extranjeros más exitosos, que esto se combate en conjunto.

CP: Lo urgente es reenfocar el Ministerio Público hacia una persecución penal eficiente, y para eso hay que destinar recursos humanos, recursos financieros, para abordar lo que hoy día está aquejando a todos los chilenos y chilenas, que es delitos violentos, sobre todo crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas. Para eso obviamente que se requiere liderazgo, un liderazgo capaz de cambiar los paradigmas internos y poder provocar la acción del Ministerio Público. Una persecución penal eficiente se basa, obviamente, en el trabajo con la comunidad, en una labor muy coordinada con las policías y con las otras entidades del sistema procesal penal y con el Ejecutivo y Legislativo, para en conjunto producir el cambio. Esto es un tema transversal y que abarca a todo Chile y, por tanto, se requiere una acción de todos los órganos del Estado. En la persecución penal, el Ministerio Público tiene necesariamente mucho que hacer y decir.

¿Por qué el Presidente Boric debería optar por usted?

JM: No me corresponde decirle al Presidente lo anterior, ya que los antecedentes están expuestos y presentados.

MH: Porque dentro de mi trayectoria he tenido muchas funciones y si bien no he sido fiscal operativa, he estado demasiado cercana a las investigaciones. He participado en equipos de investigación. Por Jurídica he visto de todo, y me da esa visión integral de la fiscalía y del sistema, que yo creo que efectivamente ha sido un aporte, y me cuesta un poco decirlo.

Creo que tengo un plus con mi especialidad actual que es anticorrupción, lo que me ha permitido tener un conocimiento de lo operativo y de lo macro, lo que creo contribuye a tener un sistema mucho más sano y a concretar la necesidad que hay en torno a lograr la igualdad ante la ley.

Hay una falsa sensación de que era muy cercana a Jorge Abbott que me ha jugado en contra, pero lo cierto es que yo entré a la fiscalía con un nombramiento de Guillermo Piedrabuena y el cargo que tengo actualmente lo tengo desde la época del fiscal Sabas Chahuán. No tengo nombramientos de Jorge Abbott, efectivamente me mantuve en el cargo como varias personas. Yo tenía una validación técnica, y lo objetivo es que a mí me restaron ciertas atribuciones que correspondían a mis competencia cuando empezó la administración de don Jorge Abbott.

CP: Me sentiría orgulloso de que el Presidente me propusiera al Senado para la aprobación del cargo. Yo creo que cuento con toda la capacidad y las habilidades procesales y penales. Soy un fiscal con la experiencia demostrada por los resultados y tengo todas las habilidad procesales y penales necesarias para enfrentar esto. Pero, además, tengo la formación en alta dirección pública que va a permitir un cambio de gestión y la visión de Estado para poder trabajar mancomunadamente con toda la unión.

Acá se requiere un liderazgo claro y fuerte al interior y al exterior del Ministerio Público. Se requieren también habilidades blandas para poder trabajar articuladamente con todos los sectores. Siendo un fiscal que tiene 22 años de experiencia y una persona joven que puede enfrentar decididamente la criminalidad, creo que la autoridad, el gobierno, el Congreso y el país pueden contar con mi entrega absoluta a producir un cambio.