"Con una simple denuncia de golpes no hacen nada, por eso dije un poco de más", es la cita de un testimonio judicial de una mujer víctima de violencia intrafamiliar con la que se presenta el capítulo del "Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile 2018" de la Universidad Diego Portales, que busca evaluar el cumplimiento de las obligaciones de investigar y sancionar la violencia contra las mujeres de nuestro país.

Conforme a los estándares internacionales de Derechos Humanos que ha suscrito Chile, el Estado está incumpliendo la obligación de debida diligencia en cuanto existen elementos que obstruyen el acceso a la justicia, no se valoran las pruebas de las víctimas ni se las repara, fallan los agentes del Estado involucrados en el proceso, no se garantiza una investigación adecuada y no existen sanciones cuando corresponden.

"La consecuencia de todo esto es mucho más profunda para las mujeres quienes finalmente no creen en el sistema judicial porque no es capaz de protegerlas", declara la Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas.

Cuando dos meses de denuncia son más terribles que veinte años de violencia.

"Los ratones salen con el fuego y tu no vas a salir a ninguna parte, te voy a hacer la vida imposible", le dijo su ex pareja a Ana María Gutiérrez cuando se enteró que lo había denunciado por violencia intrafamiliar. Desde entonces se encuentra atrapada con sus seis hijos en la casa que le dio la municipalidad, sin poder trabajar, con la amenaza constante de que aparezca en las noches -como muchas veces- con el estruendo de un vidrio roto, con gritos insistentes e incluso, con el olor del humo alertándola de lo peor.

La ex pareja de Ana es parte del 84% de los denunciados que no fueron encontrados por carabineros y llevados a la justicia por falta de notificación. "Eso es gravísimo porque no es que no sepamos quién es el perpetrador, sabemos su nombre, su apellido, el lugar donde trabaja entonces la pregunta es dónde está la falla", explica la académica.

Dentro de los obstáculos para un acceso "justo" a la justicia y a una investigación adecuada se encuentran la burocracia de los procesos, los largos tiempos de denuncia que pueden durar de uno a tres años, la falta de testigos y la estigmatización social que los agentes del Estado ejercen en las víctimas al cuestionar la validez de las pruebas que presentan o al incumplir con las rondas policiales, entre otros ejemplos de violencia institucional.

"Las mujeres no solamente tiene que denunciar sino que deben tener un rol muy activo durante todo el proceso y combatir los estereotipos asociados a la violencia de género. A mi muchas veces me ha tocado audiencias donde los jueces le preguntan por qué viene de nuevo si ya denunció cinco veces, qué es lo que quiere", relata la abogada del SernamEG , María Luz Rojas.

¿Quién cuida a las que cuidan?

Actualmente las políticas públicas destinadas a la mujer y su protección en casos de violencia, se encuentran desfinanciadas. Las condiciones laborales de las personas que trabajan en los Centros de la Mujer son precarias: en muchos centros hay problemas de infraestructura, existen despidos injustificados, sueldos y reajustes precarios, un retardo excesivo en los pagos de las remuneraciones, trabajan a honorarios por lo que se pierden de los beneficios como el pre y post natal para las trabajadoras dependientes del ministerio de la Mujer. Lo anterior se traduce en una alta rotación de las profesionales que duran en promedio de dos años en sus cargos.

"El Estado tiene la gran obligación de asegurar que toda la política pública funcione, y si no funciona es como una suerte de publicidad engañosa", remata Casas.