Acusan de homicidio dos policías tras incendio en cárcel venezolana

Dos de los cinco policías detenidos por el incendio en una comisaría en el centro de Venezuela en el que murieron 68 personas fueron imputados por "homicidio calificado a título de dolo eventual", informó hoy el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un comunicado.

Al subdirector de la Policía de Carabobo José Luis Rodríguez y al funcionario José Antonio Loaiza se les imputó "homicidio calificado a título de dolo eventual en grado de coautor".

Rodríguez fue además acusado de "corrupción propia, omisión al socorro, introducción de arma de fuego y municiones en retenes policiales", estos dos últimos, también imputados a Loaiza.

Los otros tres funcionarios, José Rafael Colina, Sergio Enrique Rodríguez y Aníbal Antonio Padrón Pacheco, "fueron privados de libertad por el delito de corrupción propia".

El pasado miércoles 66 hombres privados de libertad y dos mujeres que estaban de visita en los calabozos de una comisaría de Valencia, en el estado Carabobo, murieron en un incendio que, según el fiscal general Tarek Saab, se dio durante un intento de fuga.

Saab defendió el lunes que la situación de los detenidos en las comisarías venezolanas es tal que pidió "declarar en emergencia" el sistema de justicia "en pleno" y acusó a la lentitud a la hora de ejecutar juicios y sentencias de propiciar el hacinamiento en los calabozos.

Sobre el problema del hacinamiento, el que fuese defensor del Pueblo no dio cifras pero aseguró que en los calabozos policiales en la actualidad "hay más de 25.000 privados de libertad" de los que 3.000 "ya están condenados" y "no deberían estar ahí" sino ya en una prisión.

Según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) el centro de detención preventiva de Carabobo albergaba más de 200 reclusos, pese a que su capacidad es de 30 internos.

El OVP defiende que los detenidos en calabozos policiales ascienden a alrededor de 32.600 personas cuando el cupo "más o menos es para 8.500".

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó ayer pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visite y evalúe el sistema carcelario del país y designó también una comisión especial para que investigue uno de los peores sucesos en un centro de reclusión en el país de los últimos 25 años.