Argentina: Fiscal ratifica que en gobiernos kirchneristas “funcionó una asociación ilícita” y pide 12 años de cárcel para Cristina Fernández

Un fiscal pidió este lunes incrementar la pena a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en un juicio por corrupción, por el que la viuda del exmandatario Néstor Kirchner ya había sido condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El persecutor ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, durante la primera audiencia para revisar la condena a Fernández por el llamado “Caso Vialidad”, solicitó agregar una pena como jefa de una asociación ilícita en el juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante el gobierno de su marido y los dos mandatos suyos, por lo que la pena podría aumentar hasta 12 años de cárcel.

En la audiencia de este lunes se escucharon los argumentos de las apelaciones a la sentencia que dictó el Tribunal Oral Federal 2 en el caso donde se investigaron los 51 contratos que recibió el Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez y por lo que, el 6 de diciembre de 2022, Cristina Kirchner se convirtió en la primera vicepresidenta en ejercicio del poder condena por corrupción.

La sentencia, en todo caso había absuelto a la exgobernante trasandina en los cargos por presunta asociación ilícita. Por lo mismo, para el fiscal Villar, la pena de primera instancia “no refleja la gravedad del hecho, no es conforme al principio de culpabilidad e incentiva a los funcionarios a cometer delitos”.

En el “Caso Vialidad” se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas durante los gobiernos de Kirchner y Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

Villar también pidió que se condene como “organizadores” de la asociación ilícita y por el delito de administración fraudulenta a Julio De Vido, ministro de planificación federal entre 2003 y 2015; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y al empresario Báez, entre otros inculpados.

Durante su intervención, el fiscal Villar hizo referencia a las 51 licitaciones otorgadas a Lázaro Báez, precisando que “la obra vial se pone bajo la órbita del Ministerio de Planificación, la obra pública se ubicó en un enclave geográfico que los funcionarios conocían bien, se proveyeron los fondos públicos nacionales para lograr esto y se creó una especie de empresario de la construcción quien recibiría el dinero para la supuesta obra pública”.

Luego, para sustentar el delito de asociación ilícita, el persecutor señaló que “se necesitaba un empresario que estuviera dispuesto a colaborar en este sistema, todo para lograr los fines de la asociación ilícita” y para esto “se creó un sistema de corrupción usando un fin noble que es la obra pública vial”.

Fernández (70) -quien dice que es objeto de una persecución política y judicial-, de 70, perdió su fuero con su salida del gobierno de Alberto Fernández, pero solo puede ser detenida si la Cámara de Casación Penal y luego la Corte Suprema ratifican las condenas.