Ataque a autoridades judiciales: el nuevo blanco de la violencia en Ecuador

El viernes pasado los ecuatorianos despertaron con dos noticias atemorizantes: por un lado, el asesinato en plena vía pública del fiscal Leonardo Palacios y, por el otro, las amenazas a la fiscal general del país, Diana Salazar.

El fiscal Palacios, que estaba investigando un asesinato, falleció “tras un ataque perpetrado en su contra” en la localidad de Durán, cerca de Guayaquil, según informó la fiscalía. En el último tiempo, y a causa de su situación de puerto, Guayaquil se ha convertido en una de las zonas más peligrosas de Ecuador.

Mientras conducía en un auto, luego de participar de “una audiencia de juicio contra dos procesados por asesinato”, sujetos interceptaron el vehículo y abrieron fuego contra Palacios, dejando como rastro más de 40 “indicios balísticos”. Desde la policía indicaron que en el auto estaba la secretaria de la fiscalía, que resultó ilesa, a pesar de los balazos registrados en el ataque.

Mientras Ecuador se enteraba de este asesinato, la misma fiscal general del país, Diana Salazar, recibió una amenaza en su contra. Se trataba de un video que le llegó a su número de WhatsApp, en el que un grupo de hombres armados asegura que “tienen monitoreados sus movimientos”, e incluso especula con atentar contra la familia de Salazar.

“Si no te vas por las buenas, te vas por las malas”, dice uno de los encapuchados del video, agregando que no quiere arruinarle a la fiscal su cumpleaños -que este lunes cumple 42 años- asesinando a su hija: “Antes de matarte te hago llorar y sufrir. Así que decide bien. Dianita, no hagas que use todo mi poder”.

La Fiscalía General del Ecuador publicó un comunicado rechazando los amedrentamientos y advirtiendo que “en las últimas horas, las amenazas directas a la integridad de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado y de su familia han escalado”.

El caso de Salazar abre una disputa política: desde hace tiempo que la fiscal viene diciendo que un “grupo de sentenciados” quiere sacarla de su cargo. A la cabeza de estos esfuerzos estaría el expresidente Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia en Bélgica y que fue investigado por Salazar por el caso Sobornos.

En este grupo también estaría el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual; el exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción, y el excontralor Pablo Celi, acusado por el mismo cargo.

Este conflicto entre los condenados y la fiscal llevó a Priscila Schettinii, esposa de Carrión, a acusar de fraude académico a Salazar, lo que ha sido negado en varias ocasiones por la fiscal general. La idea de los acusadores de plagio era que se analizara la tesis en el “Consejo de Participación Ciudadana”, instancia pública con mayoría correísta, pero Salazar se negó a llevar su tesis, porque “no tendrían competencia”.

En tanto, el diario El Comercio de Quito informó que el martes pasado Homero Macías, secretario de Fiscalía en el cantón Santa Ana, en Manabí, fue víctima de un ataque armado. Según el periódico, un desconocido ingresó hasta las instalaciones pasadas las 8.00, se acercó hasta donde estaba Macías y desenfundó un arma de fuego para propinarle varios disparos.

Luego del hecho, el criminal huyó junto a otro sospechoso que lo esperaba en una motocicleta color blanco. Los compañeros de Macías alertaron a las autoridades, quienes lo llevaron hasta el subcentro de salud más cercano. Los médicos determinaron que las heridas eran de gravedad, por lo que la víctima fue trasladada a un hospital en Portoviejo con resguardo policial. El pronóstico del funcionario era reservado.

Las amenazas y asesinatos a autoridades en Ecuador no son algo nuevo de este año: en 2022, dos fiscales y un juez fueron asesinados a balazos en diferentes partes del país. Esto, en medio de un aumento radical de la violencia y el narcotráfico en Ecuador, donde la tasa de homicidios pasó de 14 a 25 por cada 100.000 habitantes entre 2021 y 2022.

Ya en marzo de 2022 se venían notando los aumentos en los homicidios, que llegaron a 468 en los dos primeros meses de ese año. Junto con esto, crecieron las incautaciones de droga en Guayaquil, que el portal especializado InSight Crime considera “un hub logístico” del narcotráfico internacional.

Entre dos países productores, como lo son Colombia y Perú, Ecuador ha desarrollado un creciente narcotráfico en sus puertos del Pacífico. Si antes era un país de paso o almacenamiento de droga, hoy se ha vuelto un lugar clave del tráfico internacional. De todos modos, la creciente violencia está relacionada con la instalación de mafias en el país, con la implantación sistemática de la extorsión. Esta creciente violencia también se vive en las cárceles, donde desde 2021 ya han muerto más de 420 presos.

La crisis, reconocida entre los ecuatorianos, llevó al Presidente Guillermo Lasso a declarar en mayo al terrorismo como “una amenaza contra el Estado”, en miras a permitir a las Fuerzas Armadas reprimir el narcotráfico. En el decreto firmado por Lasso se habla incluso de “operaciones de guerra”: “en cumplimiento de su misión de defensa de la soberanía e integridad territorial y de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, realicen operaciones de guerra para confrontar y contrarrestar a individuos y organizaciones terroristas”.

Asimismo, el general Alexander Levoyer, comandante de la fuerza militar y policial conjunta en la provincia de Esmeraldas, advirtió: “Tenemos armas letales, tanquetas, aviones, si tenemos que usarlas contra los delincuentes, lo haremos”. Lasso, por su parte, ha decretado estados de excepción para combatir a las bandas criminales, e incluso permitió a la población civil la tenencia y porte de armas para defensa personal.