Ataque de Trump al juez que bloqueó deportaciones amenaza con desatar crisis constitucional

El enemigo más reciente del Presidente estadounidense, Donald Trump, es el Poder Judicial. El mandatario republicano dijo este martes que el juez federal James Boasberg, quien intentó detener sus planes de deportación de inmigrantes el sábado pasado, debería ser sometido a un impeachment -o juicio político-, intensificando su conflicto con los tribunales, que ha sido una de las pocas limitaciones a los agresivos planes de su administración.

En respuesta a la solicitud contra el magistrado federal, el presidente de la Corte Suprema, el conservador John Roberts, rechazó de plano la idea, declarando que “el impeachment no es una respuesta apropiada a los desacuerdos sobre una decisión judicial”. También subrayó que el procedimiento de apelación “existe por esta razón”, registrando el marco institucional para impugnar una decisión judicial.

Roberts ha intervenido en el pasado para defender la imparcialidad del sistema judicial, condenando tanto los ataques de Trump a jueces como declaraciones amenazantes de políticos demócratas. Históricamente, su postura ha defendido la separación de poderes.

El año pasado, en su informe de fin de año sobre el estado del Poder Judicial federal, publicado semanas antes de que Trump asumiera el cargo, pareció anticipar algo de lo que estaba por venir. “Los intentos de intimidar a los jueces por sus decisiones en los casos son inapropiados y deben ser rechazados enérgicamente”, escribió Roberts.

“Los funcionarios públicos ciertamente tienen derecho a criticar la labor del Poder Judicial, pero deben ser conscientes de que la intemperancia en sus declaraciones sobre los jueces puede provocar reacciones peligrosas en otros”, declaró en diciembre.

Mientras, el juez Boasberg advirtió este miércoles que la administración de Trump podría enfrentar consecuencias si se determina que violó su orden del sábado.

Trump ha criticado sistemáticamente a los jueces, especialmente porque limitan sus esfuerzos por ampliar el poder presidencial e imponer su amplia agenda al gobierno federal. Sin embargo, su solicitud de juicio político -una medida poco común que suele adoptarse solo en casos de faltas éticas o penales graves- muestra un enfrentamiento cada vez más intenso entre los poderes Judicial y Ejecutivo.

El mandatario arremetió violentamente contra Boasberg a través de su red Truth Social en la mañana de este miércoles, luego de que el juez ordenó detener la deportación de inmigrantes acusados ​​de pertenecer al Tren de Aragua. “Este juez, como muchos de los corruptos ante los que me veo obligado a comparar, debería ser destituido”, exigió el mandatario, asegurando que “solo hace lo que le han pedido los ordenados”.

Este juez “no fue elegido Presidente”, insistió. Y en una segunda publicación, cargó: “Si un Presidente no tiene el derecho de echar a asesinos y otros criminales fuera de nuestro país porque un juez lunático de izquierda radical quiere asumir el papel de Presidente, ¡entonces nuestro país está en un gran problema y destinado al fracaso!”, advirtió, calificando al juez además de “desquiciado, alborotador y agitador”.

El arrebato viene luego de que el magistrado rechazó que la Casa Blanca se amparara en una ley de guerra de 1798 contra los extranjeros para justificar las deportaciones. La administración Trump siguió adelante con las deportaciones e ignoró la petición del juez de devolver los aviones que transportaban a los inmigrantes deportados, alegando que el gobierno solo acataría su orden escrita, no una verbal.

El gobierno también afirmó el lunes que los vuelos ya habían salido de territorio estadounidense en ese momento, a la vez que insinuó que Boasberg no tenía autoridad para intervenir en el asunto. Y en una entrevista que se emitió este martes por la noche con Fox News, Trump criticó de manera similar la decisión de Boasberg, diciendo que era “terrible” y que “no le correspondía a un juez local tomar esa determinación”.

“Mucha gente ha pedido su destitución, la destitución de este juez. No sé quién es el juez, pero es de izquierda radical”, dijo a Laura Ingraham, de Fox News. “Fue designado por Obama y, de hecho, dijo que no deberíamos poder atrapar a criminales, asesinos, homicidas, gente horrible, la peor, pandilleros, líderes de pandillas; que no deberíamos tener permitido sacarlos de nuestro país”, afirmó Trump.

Los tres poderes del gobierno son, en teoría, iguales: el Congreso aprueba las leyes, los presidentes las hacen cumplir y los jueces las interpretan. Al menos, esa es la norma. Históricamente, los presidentes casi siempre respetan lo que dicen los tribunales, incluso si discrepan. Obedecen a los jueces.

La revisión judicial es el concepto según el cual los jueces pueden anular leyes si violan la Constitución. Esta noción surgió del fallo de la Corte Suprema de 1803 en el caso Marbury contra Madison, y convirtió a la corte en un mecanismo de protección contra los excesos del Congreso o la Presidencia, explica The New York Times.

Pero esa decisión tuvo una peculiaridad: la Corte Suprema no puede hacer cumplir sus fallos. Depende de que el Presidente y el Congreso confíen en los tribunales y tomen en serio sus decisiones.

El Congreso puede destituir a un juez si se alcanza una mayoría simple en la Cámara de Representantes. Si finalmente artículos de juicio político fueran aprobados en esta instancia, el Senado tendría que celebrar un juicio. Se requeriría una mayoría de dos tercios en la Cámara Alta para condenar a un magistrado. Es raro, pero no inédito, que miembros del Congreso presenten artículos de juicio político contra un juez, explica ABC News.

Hoy, Trump y sus abogados están cuestionando el equilibrio de los poderes del Estado, y a los expertos les preocupa que esto sea el comienzo de una crisis constitucional.

El gobierno ha ignorado numerosos fallos de tribunales inferiores sobre deportaciones, personal de agencias y financiamiento gubernamental. El propio Trump ha insinuado que está por encima de los tribunales. “Quien salva a su país no viola ninguna ley”, declaró. Y su vicepresidente, J.D. Vance, ha dicho que “los jueces no pueden controlar el poder legítimo del Ejecutivo”.

En la misma línea, la solicitud de impeachment exigida por Trump fue recogida positivamente por el representante republicano Brandon Gill, que anunció en X que ya había iniciado el procedimiento de destitución del juez Boasberg, calificado de “activista radical”, ante la Cámara de Representantes, consignó el medio The Hill.

Este miércoles en la mañana, el Departamento de Justicia continuaba empeñado en no entregar al juez información sobre el caso, alegando que la solicitud podría afectar la seguridad nacional y que no deberían verse obligados a proporcionar la información de forma privada.

En su respuesta, el juez Boasberg dio al gobierno una extensión de un día -hasta el mediodía del jueves- para proporcionar la información solicitada.

También le permitió a la administración invocar la doctrina de secretos de Estado (un principio legal que permite al gobierno de EE.UU. retener información en litigios civiles si su divulgación coloca en riesgo la seguridad nacional), pero no sin proporcionar una explicación de por qué la invocan.

Trump, por su parte, restó importancia a las críticas de Roberts, diciendo: “No mencionó mi nombre en la declaración. Solo la vi rápidamente. No mencionó mi nombre”.