Bachelet reafirma solicitud de liberación a los “detenidos arbitrariamente” en Venezuela

En el marco de la 47° Sesión del órgano internacional, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet lamentó la detención de miembros de una ONG crítica al gobierno chavista de Nicolás Maduro e instó al Ejecutivo a permitir la liberación de “todos los detenidos arbitrariamente”, en medio de denuncias de un aumento a las restricciones del espacio cívico en Venezuela.

“Sigo instando a que se liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente. El arresto de tres miembros de Fundaredes hace tan solo tres días es sumamente preocupante. Aprovecho para solicitar el acceso urgente de los abogados defensores”, enfatizó la expresidenta chilena desde Ginebra. Durante la intervención, Bachelet cuestionó que a Caracas la “vinculación de actividades humanitarias y de derechos humanos con el terrorismo”.

La Fundaredes denunció el viernes pasado la detención de su director, Javier Tarazona y su hermano, José Rafael Tarazona, quienes estaban acompañados por los activistas de DD.HH., Omar de Dios García y Yhonny Romero, todos fueron acusados de “instigación al odio, traición a la patria y terrorismo”. La organización humanitaria acusó días atrás al Presidente Maduro de permitir la estadía en suelo venezolano a líderes disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El jueves pasado, Bachelet presentó el último informe publicado por la ONU sobre Venezuela en el que detalló recibir “denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, así como “informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación” por parte del chavismo.

Además, el documento de la ACNUDH denunció “la violación sistemática de los derechos de las personas acusadas a la libertad, a un juicio sin dilaciones indebidas, a un juicio imparcial y a la asistencia jurídica”. Según la agencia Reuters, de junio del 2020 a mayo pasado, la oficina de Bachelet documentó 97 incidentes de estigmatización, criminalización y amenazas “contra voces disidentes, sobre todo la sociedad civil, los medios de comunicación y los miembros de la oposición”.

A pesar de las críticas, Bachelet celebró “las nuevas iniciativas anunciadas por el gobierno incluyendo las reformas de la policía y de la justicia”, ya que las condiciones de algunos presos “siguen siendo preocupantes, aún más en el contexto de la pandemia del Covid-19″.

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana defendió que “a partir de un puñado de supuestas denuncias de violación de derechos humanos, se realizan acusaciones no verificadas” en un informe de Naciones Unidas y acusan que es parte de una “falsaria construida para alimentar artificialmente un expediente ante la Corte Penal Internacional, con el objetivo político de desestabilizar las instituciones democráticas del país”.

Según la agencia Europapress, para Caracas, el informe omite mencionar que “en cada una de las 26 visitas realizadas a centros de detención y sedes de organismos de inteligencia, la Oficina de la Alta Comisionada ha podido entrevistarse con centenares de personas privadas de libertad, conforme a sus propias pautas de actuación”, que habrían “confirmado el pleno respeto a su integridad personal en los establecimientos donde permanecen recluidos”.

El Ejecutivo venezolano señaló que solicitó a la Alta Comisionada de Naciones Unidos para los Derechos Humano compartir la información sobre “los supuestos casos referidos en el informe” para poder abrir una investigación y “determinar su veracidad”. No obstante, el gobierno chavista apuntó a que “Venezuela, en aras de seguir intensificando la cooperación debida, ratifica su voluntad de mantener canales de comunicación y diálogo con la ACNUDH”.