Boluarte enfrenta moción de vacancia mientras su premier rechaza adelanto de elecciones para 2023

Aún no pasan los dos meses desde que Pedro Castillo fuera destituido de la Presidencia y reemplazado por Dina Boluarte, y las cosas no se tranquilizan en Perú: las protestas a lo largo del país continúan, y la nueva mandataria enfrenta la desaprobación general y creciente de los ciudadanos, según las encuestas.

Ahora se le suma otro problema: de la misma manera en que se intentó muchas veces, y al final se logró quitar a Castillo de la presidencia, esta vez un grupo de congresistas peruanos presentó una “moción de vacancia por incapacidad moral” en contra de la presidenta. Esto, debido a las muertes que se han registrado durante las protestas y que ya superan las 50.

Es el primer intento de “vacar” a Boluarte, desde que tomó el poder el 7 de diciembre pasado. En la moción se cuestionan, ente otras cosas, “el uso desmedido de las armas” a la hora de enfrentar las manifestaciones, añadiendo que el país “está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental y de las fuerzas del orden”.

El texto, firmado por 30 diputados de las bancadas Perú Libre, Perú Democrático y Cambio Democrático, apunta que los “crímenes” cometidos por la administración de Boluarte han sido rechazados por instituciones nacionales e internacionales, ya que se han violado derechos fundamentales de la población. La iniciativa la presentó la legisladora Nieves Limachi, de Perú Democrática, y fue respaldada por congresistas como Betssy Chávez y Ruth Luque, esta última de Cambio Democrático, y que también impulsó una denuncia constitucional contra la presidenta por “graves vulneraciones a los derechos humanos”.

Los siguientes pasos de la vacancia son el debate y “admisión” de esta, que precisan del 40% de los votos del Congreso. De ahí, el Legislativo acuerda el día y hora para el debate y votación de la moción misma. En tal sesión, la Presidenta Boluarte tiene derecho a defenderse durante 60 minutos.

Para aprobarse una vacancia, de acuerdo con lo previsto en la Constitución peruana, se requiere una votación “calificada” de mínimo dos tercios del “número legal de congresistas”: esto se traduce actualmente en 87 votos.

Del mismo modo, la parlamentaria Ruth Luque lideró una propuesta para acusar constitucionalmente a la Presidenta Boluarte, luego de que las fuerzas del orden peruanas realizaran un operativo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esto, debido a presuntas infracciones a la Carta Magna.

En tal denuncia no solo está la presidenta, sino también el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, y el ministro del Interior, Vicente Romero. En el texto se les acusa de infringir al menos cinco artículos de la Constitución: las normas 1, 2, 39, 44 y 118, referidas a la protección y dignidad humana, deber de protección de la vida e integridad física y psicológica de toda persona, entre otros.

Hasta el momento han fallecido 57 personas en el contexto de las protestas antigubernamentales. El miércoles, en una reunión de la OEA, Dina Boluarte afirmó que se investigará lo sucedido. “Si se han cometido excesos en el uso de la fuerza para restablecer el orden interno, se investigará y se procesará a los responsables”, anunció la presidenta.

Aun cuando una de las demandas escuchadas en las protestas es el adelanto de las elecciones, las cosas se mantienen iguales a como cuando empezó la crisis: habría sufragios en abril de 2024. Esto se confirmó luego de que el premier Otárola se reuniera con la Mesa Directiva del Congreso, comentando a su cierre que “nos vamos satisfechos con el cronograma que se ha establecido”.

A la salida de la reunión, Otárola añadió que “urge” que el proyecto de adelanto, que contempla comicios en abril de 2024, sea aprobado. De todos modos, no está garantizado que se alcancen los 87 votos necesarios para aprobar tal proyecto.

La bancada de Cambio Democrático, mientras tanto, presento otro proyecto que adelantaría las elecciones a octubre de 2023, con la asunción de un nuevo presidente, nuevos congresistas y nuevos parlamentarios andinos, el 1 de enero de 2024. Sin embargo, se ve difícil, de momento, que la propuesta consiga el apoyo necesario en el Congreso para llegar hasta el final.

El mismo premier, Alberto Otárola, rechazó la posibilidad apuntando a que no garantizaría los requisitos de la Ley Electoral: “Tenemos que garantizar unas elecciones libres, transparentes y que puedan asegurar adecuadamente la voluntad popular. Sería muy lamentable que a los problemas que tenemos en este momento añadamos un proceso electoral que no ha sido debidamente garantizado con los requisitos de la propia ley electoral”.

En tanto, las encuestas muestran a un país cada vez más insatisfecho: ocho de cada 10 peruanos consideran que Dina Boluarte “no los representa”, según un estudio de CID/Gallup. Solo el 17% de los ciudadanos siente alguna identificación con la mandataria.

Los encuestados más jóvenes son los que menos simpatizan con Boluarte: solo el 9% entre los 18 y los 24 años, y el 13% en el rango 25-39. La inconformidad por la administración actual ha sido consistente en el tiempo: si Castillo tuvo un momento de aprobación al principio de su gestión, no es el caso de Boluarte, quien ya en el primer mes cuenta con un 71% de rechazo a su labor.

El pesimismo se mantiene en medio de la crisis peruana: nueve de cada 10 personas consideran que el país va por un rumbo equivocado, y tres quintos opinan que la corrupción es el principal problema de Perú, según el mismo estudio.