Ciudad Juárez de México es el epicentro de la nueva oleada migratoria en la frontera sur de Estados Unidos

Temiendo un desastre humanitario, las autoridades de esta ciudad mexicana, situada al otro lado de la frontera con El Paso, Texas, abrieron las puertas de dos refugios para proporcionar comidas, duchas calientes y asistencia médica a más de 1.000 migrantes -en su mayoría nicaragüenses- que llegaron en un grupo durante la semana pasada.

Muchos llevaban niños y las temperaturas rondaban los cero grados. Fueron escoltados por la policía hasta el refugio después de que algunos dijeran que habían sido secuestrados por bandas de delincuentes en su camino hacia el norte.

Sin embargo, en cuestión de horas, los migrantes abandonaron los cálidos refugios y caminaron hasta el Río Grande, que cruzaron en masa. Su plan, dijeron: entregarse a las autoridades estadounidenses y pedir asilo.

“Ninguno de los migrantes quería quedarse” en la relativa seguridad de los refugios, dijo Enrique Valenzuela, jefe de la agencia de migración del estado de Chihuahua. “Dijeron ‘gracias, pero no’”.

La carrera del grupo hacia Texas formaba parte de una oleada de migrantes a través de la frontera en torno a El Paso, lugar de uno de cada cuatro intentos de cruce ilegal de la frontera en los últimos meses, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Los migrantes se han apresurado en su intento por atravesar la frontera, anticipándose a un cambio en la política de inmigración de Estados Unidos, según migrantes, funcionarios del gobierno y grupos de protección de migrantes.

Un juez federal estadounidense ordenó recientemente a la administración Biden que dejara de expulsar a los migrantes bajo el Título 42, una ley sanitaria utilizada por primera vez por la administración Trump durante la pandemia, según la cual los migrantes que cruzaban ilegalmente la frontera eran expulsados inmediatamente del país.

La medida se aplicaba a migrantes de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, pero no de Nicaragua o Cuba. Empezó a aplicarse a los venezolanos en octubre.

El lunes, el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, prorrogó temporalmente la política mientras el Tribunal Supremo estudia una petición de emergencia de los estados liderados por los republicanos para mantener en vigor el Título 42.

Miles de migrantes, entre ellos grandes grupos procedentes de Nicaragua, han llegado a Ciudad Juárez en los últimos días, después de que se corriera la voz en redes sociales de que las autoridades estadounidenses se disponían a tomar medidas más duras para impedir los cruces ilegales.

Las autoridades estadounidenses están estudiando la posibilidad de ampliar el programa de asilo para migrantes venezolanos a nicaragüenses, cubanos y haitianos. Eso significaría que los nicaragüenses ya no podrían solicitar asilo al cruzar ilegalmente la frontera. Washington también está sopesando una medida que sometería a los inmigrantes que crucen la frontera ilegalmente a una deportación rápida, a menos que puedan pasar un control inicial de asilo más estricto.

Las autoridades estadounidenses han advertido que el fin del Título 42 podría provocar, al menos inicialmente, un aumento significativo de los cruces fronterizos. El sábado, la ciudad de El Paso declaró el estado de emergencia. Más de 36.000 migrantes han sido puestos bajo custodia en la ciudad desde el 1 de diciembre, y alrededor de 20.000 han sido liberados en la comunidad.

El ministro de Asuntos Exteriores de México, Marcelo Ebrard, se reunió con funcionarios estadounidenses en Washington D.C. la semana pasada para tratar asuntos bilaterales, pero ha declinado hacer comentarios sobre el desmantelamiento de la política aplicada durante la pandemia.

Durante la semana pasada, siguieron llegando más migrantes al estrecho tramo que separa la orilla del río de la valla fronteriza. Envueltos en mantas, los migrantes hacían cola a lo largo de casi 800 metros mientras esperaban a ser procesados por los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

“Por la noche encendimos hogueras e incluso quemamos la poca ropa que nos quedaba para conseguir más calor. Mucha gente se desmayó de hipotermia”, dijo Johana Salinas, una migrante de la capital nicaragüense, Managua, que se unió a la fila con ocho miembros de su familia la semana pasada.

Se empezó a permitir la entrada en EE. UU. a grupos de 50 personas, con las mujeres y los niños en primer lugar, dijo Salinas, quien estaba entre una treintena de nicaragüenses que se encontraban en una esquina de El Paso, a pocos metros de la estación de autobuses, muchos de ellos envueltos en mantas blancas con el logotipo de la Cruz Roja estadounidense.

En la fila que bordeaba la valla fronteriza, algunos residentes y otros migrantes les vendían café y porciones de pizza de un Little Caesars cercano. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza terminaron gradualmente de procesar a los migrantes y la fila se redujo.

Pero las autoridades mexicanas y los trabajadores de organizaciones internacionales se preparan para nuevas llegadas.

Voluntarios y trabajadores de organizaciones benéficas afirman que los albergues ya están a plena capacidad, con miles de migrantes varados, muchos de ellos venezolanos, que no tienen adónde ir.

“Hay riesgo de caos, en parte porque ni el gobierno municipal, ni el estatal, ni el federal de México tienen las herramientas para manejar una situación de este tipo. Pero lo vamos a enfrentar con lo que tengamos, preparándonos para el peor de los casos y esperando lo mejor”, dijo Román Domínguez, un afable pastor evangélico que dirige el Oasis del Migrante, un destartalado albergue que acoge a más de 80 migrantes dentro de una casa parcialmente construida.

Los migrantes nicaragüenses dicen que temen que las cosas cambien para ellos. En la actualidad, los nicaragüenses no pueden ser deportados porque el gobierno del Presidente Daniel Ortega se niega a acogerlos de vuelta a medida que se intensifica la represión política de su régimen autoritario.

“El supuesto buen momento para entrar en Estados Unidos no existe. La realidad es que nuestro gobierno nos presiona tanto que no te queda más remedio que irte con las manos vacías y dejar atrás a tu familia”, dijo Víctor Vanegas, un vendedor de carne de cerdo de León, la segunda ciudad más grande de Nicaragua.

Vanegas dijo que hizo cola durante 29 horas junto a la valla fronteriza de El Paso antes de que le permitieran entrar en Estados Unidos la semana pasada. Antes de eso, varios cientos de migrantes fueron retenidos durante horas por una banda criminal que los liberó tras pagar un rescate, añadió Vanegas. El incidente fue confirmado por las autoridades mexicanas.

“Creo que Estados Unidos pronto cerrará la entrada a todos”, dijo Ricardo Castillo, un exdetective de la policía venezolana que abandonó su trabajo y salió del país a principios de este año. Observaba la larga fila de migrantes desde la orilla mexicana del río, sabiendo que las autoridades estadounidenses no permitirían la entrada a los venezolanos.

“Cada día vengo aquí a reunir fuerzas”, dijo. “Cuando expire el Título 42, que lo que ocurra sea la voluntad de Dios”.