Corte Constitucional de Ecuador rechaza demandas para revertir disolución de Asamblea Nacional
Las recursos de inconstitucionalidad contra el decreto del mandatario Guillermo Lasso habían sido presentados por los partidos Social Cristiano, Unidad Popular, Pachakutik y el expresidente del Parlamento, Virgilio Saquicela. Después de esta decisión, el Consejo Nacional Electoral aprobó el inicio del período comicios generales anticipados.
La Corte Constitucional rechazó el jueves seis demandas impulsadas por la disuelta Asamblea de Ecuador que buscaban revertir un decreto del presidente Guillermo Lasso y volver a sus funciones para continuar el juicio político contra el mandatario. Mientras tanto, la autoridad electoral anticipó que los nuevos comicios podrían celebrarse en agosto.
En su fallo ese organismo dijo que los tres tribunales de esa Corte decidieron por unanimidad rechazar las demandas de inconstitucionalidad y los pedidos de medidas cautelares con el fin de suspender el decreto impugnado.
Argumentó que el organismo constitucional no tiene competencia para “pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna invocada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional”.
Las demandas de inconstitucionalidad habían sido presentadas por los partidos Social Cristiano, Unidad Popular, Pachakutik, por el expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y otros dos ciudadanos.
Después de esa decisión, el Consejo Nacional Electoral aprobó el inicio del período electoral, activando las operaciones de las etapas preelectoral, electoral y postelectoral, para los comicios anticipados en que se elegirá presidente, vicepresidente y 137 legisladores.
La presidenta del órgano electoral, Diana Atamaint, anticipó inclusive por la mañana que las elecciones podrían celebrarse el 20 de agosto. Sin embargo, al término de una reunión por la noche del máximo ente electoral no se formuló ningún anuncio al respecto.
Lasso disolvió la Asamblea la víspera cuando ésta tramitaba un juicio político en su contra por presunta malversación de fondos públicos. La decisión se sustentó en un artículo de la constitución que confiere al presidente la potestad de disolver al Legislativo por una sola vez por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.
El mandatario ecuatoriano, un ex banquero de derecha de 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 para un período de cuatro años y desde el inicio de su mandato tuvo que afrontar una fuerte oposición legislativa liderada por una mayoría del partido Unión por la Esperanza, afín al expresidente Rafael Correa.
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