El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió este miércoles por la tarde, en el Salón de las Américas en Washington, Estados Unidos, para analizar “la situación en Perú”. Mientras en este último país, en un claro desafío al estado de emergencia decretado el sábado, los manifestantes, en su gran mayoría de las regiones del sur, llegaron hasta la capital para exigir la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte, en una protesta que se extenderá hasta este jueves y que es denominada “Toma de Lima”.

Desde que el expresidente Pedro Castillo perpetró el fallido golpe de Estado en diciembre último, que la OEA no convocaba a una sesión ordinaria para pronunciarse sobre el acontecer peruano. El director general para Asuntos Multilaterales y Globales de la cancillería peruana, Paul Duclos Parodi, afirmó en la sesión que el gobierno de Boluarte tiene como objetivo “acercarse a la población”, pese a que la jefa de Estado dijo no comprender las demandas de los manifestantes, destacó el diario La República.

“La violencia (en Perú) no está vinculada a algún tipo de organización, sino empujada por el descontento, la pobreza, las realidades dispares en las zonas olvidadas”, dijo el representante de Colombia, mientras que su par de Brasil en la OEA sugirió que el gobierno peruano plantee soluciones desde el “consenso”, al tiempo que pidió a las autoridades considerar alternativas “para restablecer la libertad incondicional de Pedro Castillo”.

Stuardo Ralón, jefe de la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó Perú en el marco de la protesta social, consignó una serie de temas que le “preocupan”. “Ha habido violencia de las fuerzas de seguridad y también violencia que ha afectado una serie de bienes públicos”, dijo ante la OEA. Ralón recomendó que las figuras constitucionales de vacancia presidencial, acusación constitucional y disolución del Congreso sean “reglamentadas con parámetros objetivos claros, y así evitar subjetivaciones”.

En Perú, en tanto, el Ministerio Público y la Policía Nacional verificaron el ingreso a Lima de manifestantes en vehículos, procedentes de distintos puntos del país. La capital suspendió sus festejos por los 488 años de su fundación el 18 de enero.

En las protestas se demanda, además del cierre del Congreso, una nueva Constitución, elecciones generales anticipadas rápidas y la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, quien fue destituido y arrestado el 7 de diciembre tras intentar disolver de forma ilegal el Legislativo.

Al menos 42 personas han muerto tras más de un mes de protestas. Otras ocho personas han fallecido en accidentes de tránsito relacionados con las manifestaciones. Las protestas se reanudaron el 4 de enero tras una tregua por las fiestas de fin de año.

Boluarte, que ha pedido “perdón” por las recientes víctimas y reafirmado que no va a renunciar, amplió la semana pasada por 30 días más el estado de emergencia para Lima y las regiones de Puno y Cusco, que han sido focos de las protestas.

La emergencia, que restringe los derechos como la libertad de tránsito, de reunión y seguridad personales, faculta a las Fuerzas Armadas a ayudar a mantener el orden público.

Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y al Ejército de usar armas de fuego mortales en las protestas. La policía dice, por su parte, que los manifestantes han usado armas y explosivos caseros.

Cerca de siete mil aimaras viajaron desde distintas localidades en buses, camionetas, autos y camiones hacia Lima para exigir la renuncia de Boluarte.

Según el diario La República, a su paso por varias localidades recibieron todo tipo de apoyo. Les entregaron productos como galletas, agua, pan, frutas, bebidas, atún, coca, e incluso dinero.

“Estamos agradecidos por todo el cariño que nos acaban de demostrar en cada pueblo. No los vamos a defraudar. No vamos a volver hasta que Dina Boluarte renuncie. Nos ha ninguneado. Nos ha humillado. Ahora va a conocer la fuerza de los aimaras. La fuerza del pueblo que trabaja la tierra”, dijo al periódico José Colque Mamani, dirigente de la zona cordillera de Ilave.

En las unidades se embarcaron representantes de centros poblados y comunidades de las provincias de Yunguyo, Juli e Ilave, y el distrito de Acora.

El convoy, compuesto por alrededor de 120 vehículos, partió desde el distrito de Desaguadero. Posteriormente, la caravana se concentró en Ilave y luego todos se dirigieron hacia la ciudad de Puno.

Las comunidades aimaras informaron que, mientras sus paisanos se encuentren en Lima, la huelga indefinida con bloqueo de vías continuará. A este grupo se unirán estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, que también dejaron Puno. En la capital se unirán a otras universidades y al bloque aimara.

“Estamos ofendidos por lo que dijo Dina Boluarte. No somos narcotraficantes ni terroristas. Ahora nos van a conocer. Seguiremos en la lucha hasta el final. No se van a burlar de nosotros. Eso no. Imposible”, indicó al periódico Manuel Flores, estudiante de Trabajo Social.

A la par de las movilizaciones hacia Lima, los bloqueos de carreteras continúan en ocho de las 24 regiones del país, donde hay unos 94 puntos de tránsito interrumpidos, que afectan 16 carreteras nacionales, según el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Para este jueves está programada una marcha nacional en la que distintas regiones ya han señalado que se sumarán a las movilizaciones que llegarán a Lima, como es el caso de Cajamarca, Apurímac, Lambayeque, Puno, Cusco, y en la capital estará la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Ante el temor de que se produzcan disturbios, el Ministerio del Trabajo hizo un llamado este miércoles a los empleadores a que faciliten el teletrabajo, durante las próximas 24 horas. “Este jueves habrá manifestaciones y no tenemos la certeza si estos actos pudieran desbordar en violencia”, dijo el ministro Alfonso Adrianzén.

Por otro lado, estudiantes de la estatal Universidad de San Marcos se tomaron durante la noche del martes parte de la casa de estudios con el fin de hospedar a los manifestantes que habían llegado a la capital para unirse a la denominada “Toma de Lima” o “Marcha de los 4 Suyos” del 19 de enero.

“Hacemos un llamado extensivo a la comunidad estudiantil y público en general a brindar su apoyo solidario mediante donaciones para cubrir con la alimentación y alojamiento de nuestros compañeros que se encuentran en pie de lucha”, dijo la Federación Universitaria de San Marcos en Facebook.

Según relató el diario El Comercio, en horas de la madrugada llegaron los primeros buses, provenientes de Cusco. Tras ser recibidos por los estudiantes sanmarquinos, se realizó una entrega de víveres para la estadía de estas personas. A través de sus redes sociales, la FUSM llamó a los demás miembros de la comunidad universitaria a unirse al apoyo, al tiempo que pidió que hagan donaciones.

Ante esta situación se suspendieron las clases hasta el viernes y la rectora de la casa de estudios estableció una mesa de diálogo.

La Asociación de Centros de Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería también se unió a las movilizaciones e informó que brinda “apoyo solidario a 41 compañeros universitarios de la ciudad del Cusco”, a quienes acogerá durante los siguientes días, en los que participarán en las marchas de protestas contra el gobierno.

En el distrito de Pucusana, a unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, un cordón policial detenía vehículos para un control de sus ocupantes, según imágenes de la televisión local y publicaciones en las redes sociales.

En la noche del martes, la policía se enfrentó en el centro de Lima con cientos de manifestantes que llegaron en los últimos días del distrito de Chota, de la región de Cajamarca, donde nació y vivió Castillo antes de llegar a la presidencia.