El aspirante opositor a la presidencia de Nicaragua Félix Maradiaga fue detenido este martes tras comparecer en el Ministerio Público, que inició una investigación en su contra por actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones, informó la Fiscalía.

La Policía Nacional detalló en un comunicado que Maradiaga “está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”.

Además se le acusa de “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, añadió la policía.

Los cargos atribuidos a Maradiaga están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa del gobierno de Daniel Ortega.

Además de los cargos que le imputa la Policía, la Fiscalía investiga a Maradiaga por incumplir “gravemente” y “haber desvirtuado” los fines y objetivos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Esta ONG fue cerrada a finales de 2018 por el Parlamento, junto a otras organizaciones críticas con gobierno.

Maradiaga, de 44 años, es el tercer precandidato que es detenido en una semana en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre, tras los arrestos de la periodista Cristiana Chamorro y el exdiplomático Arturo Cruz.

Chamorro en arresto domiciliar, no pertenece a ningún partido, pero sondeos de opinión indicaban que tenía mayor respaldo ciudadano, después del presidente Daniel Ortega, quien según sus adversarios buscará un cuarto mandato sucesivo en noviembre, aunque éste no lo ha oficializado.

La opositora es acusada de lavado de activos a través de la fundación que lleva el nombre su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), mientras que Cruz, se le señalan cargos de atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo.

El arresto “arbitrario” de un tercer opositor en Nicaragua demuestra que el Presidente Daniel Ortega es un “dictador”, dijo el martes el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La detención de Félix Maradiaga, “el tercer líder opositor detenido en 10 días, confirma sin lugar a dudas que Ortega es un dictador”, dijo en Twitter la jefa de la diplomacia estadounidense para las Américas, Julie Chung.

“La comunidad internacional no tiene más opción que tratarle como tal”, señaló.

El político fue detenido en el trayecto a su casa después de abandonar la sede de la fiscalía donde por casi tres horas fue interrogado entorno a “un rosario de acusaciones” sobre sus actividades dentro y fuera del país, según dijo a periodistas.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) condenó el arresto de Maradiaga y denunció que las autoridades están empleando “un nuevo modelo represivo: citar sin decir por qué a quienes considera enemigos políticos, entrevistarlos, dejarlos salir de la Fiscalía para luego detenerlos camino a casa o ya adentro”.

Además de los cargos que le imputa la Policía, la fiscalía investiga a Maradiaga por incumplir “gravemente” y “haber desvirtuado” los fines y objetivos de Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

La vicepresidenta Rosario Murillo en su alocución a los medios afines al gobierno, sin referirse a los casos penales contra los opositores, advirtió que “la justicia llega tarde, pero llega” tras mencionar que los avances de su gobierno fueron “violentados”, en alusión a las protestas de 2018, por personas egoístas.

La también primera dama se quejó de que entraron recursos al país que “engordaron la cartera de unos cuantos que además se comprometían con matar (...) cuanto hubiéramos hecho con lo que se han robado... Este montón de ladrones, no solo ladrones, sino también terroristas, criminales, cuánto hubiéramos avanzado contra la pobreza”.

El político era el precandidato del bloque opositor no parlamentario Unidad Nacional (UNAB), integrado por organizaciones de la sociedad civil que respaldaron las protestas masivas que en 2018 demandaban la renuncia de Ortega y que se saldaron con 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Ortega, de 75 años y que lleva 14 en el poder, encara sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que le reclaman cambios políticos y la realización de elecciones libres y justas.

“No tengo nada que ocultar”, dijo Maradiaga antes de su arresto, y negó que haya solicitado sanciones contra el país, pero sí contra “las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad” y violación de derechos humanos.

Además de la detención de tres precandidatos, lo que según las leyes locales los dejaría fuera de las elecciones, el tribunal electoral eliminó al Partido de Restauración Democrática (PRD-Evangélico) y al Partido Conservador (PC-derecha) el más antiguo del país.