Efecto Bukele en la región: Honduras planea construir la única isla-cárcel en el hemisferio occidental para pandilleros

Tras el peor y más horroroso hecho de violencia registrado en las cárceles de Honduras desde que se tiene registro, cuando 46 mujeres recluidas murieron en una guerra de bandas en las que muchas fallecieron tiroteadas, otras a machetazos y un tercer grupo, quemado luego de ser encerradas en las celdas y rociadas con líquido inflamable, dos ideas han marcado la política comunicacional de la Presidenta Xiomara Castro.

En primer lugar, se puede ver una “bukelización” de su discurso en redes sociales, con retuits a videos de incautaciones de armas y semidesnudos hombres tatuados sentados con las piernas abiertas en posición encorvada, siempre rodeados de policías fuertemente armados; y segundo, la creación de una polémica prisión similar a la que su par de El Salvador, Nayib Bukele, creó meses atrás y bautizó como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Tendrá el mismo fin que la del país vecino, al planear encerrar allí a las personas declaradas como culpables de trabajar con pandillas. Pero Castro busca darle un nuevo giro: esta sería la única cárcel-colonia insular del hemisferio occidental, al estar ubicada en el archipiélago deshabitado de las Islas del Cisne, a 250 kilómetros de la costa.

Si bien las autoridades hondureñas han confirmado en repetidas ocasiones que la construcción se realizará, lo que ha forzado a dar un giro en la propuesta progresista inicialmente planteada por Xiomara Castro para enfrentar la criminalidad, también han surgido voces críticas de la medida. Mientras en el ámbito de los derechos humanos y el estudio de la seguridad reclaman por el enfoque incorrecto que se le está dando al problema, en el sector ambientalista ven con preocupación la posible destrucción de un ecosistema completo, argumentan.

Con el fin de enviar allí a los líderes de bandas criminales que acechan en el territorio hondureño, y como parte de la ofensiva de la mandataria ligada a la izquierda contra lo que fueron violentos casos mediáticos en los que prometió que “tomaría medidas drásticas”, la administración de Castro planteó la idea de esta cárcel-isla de máxima seguridad, que albergaría hasta 2.000 personas.

La medida va a contrapelo de lo que toda la región viene aplicando en los últimos años, considerando que el último centro reclusorio de este tipo -en modalidad marítima- fue cerrado en 2019, en México. Si bien antes era común, con ejemplos en Chile, Perú, Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica y el mencionado México, tras numerosos motines mortales, condiciones de vida cuestionadas y fugas cinematográficas, recordó The Associated Press, se terminó por descartar la idea hace cuatro años.

“Es lo más lejos que pueden estar, así que los líderes de las bandas sienten la presión una vez que están en la isla”, dijo a la misma agencia de noticias José Jorge Fortín, jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, refiriéndose a que la única forma de contactarse con el exterior es a través de comunicación vía satelital.

Esto es clave, creen en la nación centroamericana, puesto que así buscan evitar que los líderes de las organizaciones criminales como Barrio 18 o Mara Salvatrucha se contacten con sus subalternos en el exterior. “La idea es que pierdan el contacto con todo, el contacto con toda la sociedad... y puedan pagar realmente por sus delitos”, agregó. La única forma de llegar al lugar es tras un día de viaje en barco desde el continente.

En la entrevista con The Associated Press, Fortín no especificó el posible costo de la construcción de la estructura, sin embargo, sí adelantó que la orden de Xiomara Castro es que este sea erigido lo antes posible.

Por otro lado, el periódico hondureño La Prensa afirmó haber entrevistado a un experto en infraestructura penitenciaria –sin revelar su nombre–, quien aseguró que la construcción de una cárcel de las características planteadas tendría un costo de hasta cinco veces más que un penal igual, pero en el continente. Dicha cifra ronda los 23 millones de dólares, agregó, por lo que en este caso superaría los 100.

“¿Se imagina, usted, lo que va a costar solo el transporte de materiales a eso?”, planteó al periódico local. Entre ellos, se deberá contemplar la creación de un “campamento donde viva la gente que va a construir primero, gente que le debe pagar el día entero, dándole vivienda y comida, porque no es como un albañil que lo lleva por jornada”.

Además, habría que considerar el tema del agua. “Las Islas del Cisne tienen un detalle, que no poseen agua potable. Entonces, ahí usted no solo ocupa una potabilizadora, ocupa una desalinizadora (para eliminar la sal), que son increíblemente consumidoras en energía”, cerró.

La radical decisión adoptada por la Presidenta Xiomara Castro –que supone un giro hacia una política “bukelista”, en contraste con sus propuestas iniciales– no surge de la nada. Es más, la mandataria llegó al poder con una agenda progresista ligada a la izquierda, donde uno de los ejes buscaba enfrentar la violencia con reformas políticas profundas con foco en la limpieza de la corrupción en el sistema judicial, reportó El País.

Sin embargo, sus actuales medidas la acercan más y más a su par salvadoreño, Nayib Bukele, quien declaró la guerra a las pandillas e instauró un estado de excepción que se mantiene por más de un año. La decisión –que, según investigaciones del medio El Faro estuvo marcada por el quiebre en las negociaciones entre la administración Bukele y los jefes de las maras– fue tomada luego de una masacre en la que murieron 76 personas a manos de pandillas en 48 horas.

De manera similar, la “mano dura” de Castro inició con el brutal motín registrado en junio en una cárcel hondureña seguido, cuatro días después, de una serie de ataques criminales que dejó un saldo de 21 muertos en dos lugares distintos del norte del país.

“He tomado medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista a que están sometidos por los matones a sueldo entrenados y dirigidos por los cabecillas del Narcotráfico que opera impunemente”, escribió la mandataria Xiomara Castro en Twitter a fines de junio. La cárcel, además de las medidas que ya están operando como un toque de queda, estados parciales de excepción y el despliegue de policías y militares en sectores tomados por criminales –y que, de paso, limita las garantías constitucionales de los ciudadanos– son la respuesta a un sistema penitenciario donde una parte de este es corrupto, detalló El País.

Datos presentados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que recopiló cifras entre enero y marzo de este año, dieron cuenta que, al compararlos con el mismo período pero de 2022, se había registrado un decrecimiento en los homicidios en un 26%, equivalentes a 247 víctimas menos. Sin embargo, se comprobó que los principales afectados son jóvenes de entre 18 y 30 años, con un 40% de los asesinatos. Por otro lado, también hubo una baja en la cantidad en ese grupo etario, con una reducción del 26,1%, o 101 víctimas jóvenes menos.

Las principales voces críticas han llegado por el temor de que la “bukelización” también arrastre los aspectos más negativos de la política de El Salvador. Según la agrupación de derechos humanos Cristosal, solo el 30% de los presos en aquel país tiene vínculos claros con bandas y pandillas, consignó The Associated Press.

“Una nueva prisión es bastante inútil si antes no se recupera el control de las que ya se tienen”, dijo al mismo medio Tiziano Breda, experto en América Latina del Instituto Affari Internazionali de Italia. “Las bandas criminales han demostrado a lo largo de su historia que saben adaptarse”.

Pero la pregunta está abierta en la nación. “Si otro país ha hecho algo bien, ¿por qué no copiarlo?”, dijo en la entrevista con la agencia José Jorge Fortín. “No vamos a permitir que continúe este... ambiente de terror”. En la calle, en tanto, personas como el biólogo Said Santos, de 30 años, creen que la cárcel puede “acabar de una vez por todas con el problema de la delincuencia aquí en Honduras”, y que ello “sería lo ideal para este país”. Aunque agregó que se debería avanzar con cautela.

Breda, en la vereda contraria, señaló que la política de seguridad de Castro “se ha vuelto aún más reactiva y miope, imitando lo que ocurre en El Salvador para contener el daño a su imagen pública”.

No es el único con reparos. Diversos académicos relacionados con el mundo medioambiental han criticado el proyecto, calificándolo incluso de “penoso”. Su construcción podría desencadenar un desastre en términos de biodiversidad, considerando que el terreno no está habitado por humanos actualmente.

Fue en 1994, mediante un decreto legislativo, que el Parque Nacional Islas del Cisne fue declarado como área protegida, por lo que el Estado de Honduras está obligado a resguardar el lugar. Pero, lentamente, la visión sobre el lugar empezó a cambiar con el paso de los años.

En mayo de 2017, el entonces presidente Juan Orlando Hernández inauguró una estancia militar, sin fines científicos, en lo que sentaría un precedente.

“Las islas se han mantenido bajo custodia de la Fuerza Naval de Honduras con el propósito de garantizar la soberanía y seguridad nacional en esta región, siendo la única presencia humana existente en la actualidad. Recientemente se han realizado expediciones al área para verificar los ecosistemas presentes”, se lee en un informe del Instituto de Conservación Forestal (ICF), organismo encargado de regir el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), detalló Hondudiario.

Al respecto, la directora ejecutiva de la Asociación para la Conservación Ecológica de las Islas de la Bahía (BICA), Irma Brady, dijo al mismo medio local que “es motivo de preocupación que la biodiversidad terrestre y marina de Islas del Cisne se tomen tan a la ligera. Además, es un mal precedente para el SINAPH y es una lástima que ningún gobierno haya tenido la visión de invertir allí, siquiera para turismo científico; ya que esa isla, por su ubicación lejos del continente, es ideal para el establecimiento de una estación y/o laboratorio científico”.

En la misma línea, agregó que “resulta penoso que un país con suficiente territorio continental como Honduras” se ponga como objetivo construir una cárcel en una reserva marina “cuando hay suficiente territorio en el resto del país para construir cárceles de cualquier tamaño”.

Pero desde la administración de Castro descartan las preocupaciones, dijo a The Associated Press Lucky Medina, secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Honduras, quien aseguró que el centro de máxima seguridad se construirá “en armonía con la naturaleza”, y reafirmó que la instalación se construirá definitivamente. “Es totalmente viable”, señaló.