El devastador costo económico de la reforma judicial de Netanyahu que divide a Israel

Lo que partió como una polémica reforma judicial impulsada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se estaría transformando en un importante costo económico para el país, aseguró en un extenso análisis el diario Haaretz, donde detalló que la medida, que según sus críticos barrería con la separación de poderes y entregaría un excesivo poder al gobierno de turno, podría costarle en los próximos seis meses al país la cifra de 150 mil millones de shekels, lo que equivale a US$ 40.600 millones.

Si bien el medio israelí detalló que es complejo precisar el monto considerando las múltiples variables que intervienen, y sumando que el gobierno de Netanyahu decidió utilizar como método de trabajo legislativo una parcialización de las distintas partes del proyecto, Haaretz afirmó que los hogares israelíes podrían ver su calidad económica reducida en cerca de 13.500 dólares de media, alertando que, de no abandonar la medida impulsada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, la situación solo empeorará.

La advertencia se plasmó este martes, cuando decenas de miles de personas salieron a las calles bajo el alero del “Día de la Interrupción”, en la mayor protesta registrada en un día laboral en meses, consignaron numerosos medios locales e internacionales. Cortes de tráfico en Tel Aviv, manifestaciones ante la Corte Suprema en Jerusalén –ente que se encuentra en el centro de los reclamos al perder la mayoría de sus atribuciones para controlar al Ejecutivo– y desórdenes en el aeropuerto Ben Gurión fueron algunas de las escenas que se vieron la jornada de este martes en el país de Medio Oriente, que dejó un saldo de al menos 79 detenidos en todo el país, informó Haaretz.

Las manifestaciones iniciaron temprano el martes, con cortes de carreteras en todo el país, duros enfrentamientos entre la policía y quienes salían a protestar y la amenaza de cientos de reservistas –quienes componen la columna vertebral del Ejército israelí, aseguró BBC– de no presentarse al servicio si se mantenía en pie la reforma, graficando la transversalidad de las protestas. Durante la jornada, los reservistas de la agencia de seguridad nacional Shin Bet de Israel y el servicio de inteligencia Mossad se plegaron a sus compañeros del Ejército, agregó el mismo medio, desatando amenazas por parte del jefe de personal militar contra quienes cumplan su palabra.

Respecto a las protestas contra la reforma judicial, un editorial de Haaretz advirtió que “la sangre de los manifestantes israelíes está en las manos de Netanyahu”. En el mismo medio, Allison Kaplan Sommer escribió que “el movimiento de protesta revitalizado de Israel se encuentra con el puño de hierro de la policía”. “Los ministros de Netanyahu quieren sangre en las calles. Hoy fue solo el comienzo”, aseguró.

Mientras Netanyahu afirma que los cambios al modelo se deben a que la Corte Suprema se convirtió en un grupo “elitista” que no representa al pueblo israelí y que el órgano se ha entrometido en temas que no debería, los manifestantes aseguran que la reforma tiene que ver con el juicio por corrupción –que incluye cargos de fraude, soborno y abuso de confianza– que se desarrolla en contra del primer ministro.

Las alertas de posibles consecuencias financieras ya estaban sobre la mesa meses atrás. En abril, el Banco Central de Israel advertía que la economía del país estaba vulnerable y que era posible que perdiera US$ 14.000 millones de dólares debido a la crisis.

“Israel podría perder el 2,8% de su producto interior bruto anualmente durante los próximos tres años”, dijo el ente según la agencia Anadolu, porcentaje que equivale a la cifra expuesta. Por otro lado, si la situación se solucionaba pronto, la nación perdería solo el 0,8% de su PIB en el mismo período, agregaron. Pero la situación no ocurrió.

Basándose en distintos indicadores, como los cambios de la Bolsa de Tel Aviv, el fortalecimiento y debilitamiento del shekel y el crecimiento del país, Haaretz aseguró que la nación podría perder, en un lapso de seis meses, más de 150.000 millones de shekels, número que se traduce en US$ 40.600 millones.

Según el medio, un ejemplo de la pérdida ocasionada por la inestabilidad económica se ve en la diferencia entre el cierre del primer semestre de la Bolsa de Tel Aviv y la de Nueva York. Mientras la primera se mantuvo sin cambios, la segunda subió más de un 15%. El cambio no sería relevante si los datos previos no mostraran una correlación similar en el tiempo entre ambas bolsas, pero así se comportaban, por lo que esa diferencia en el porcentaje de crecimiento representa una pérdida, asegura Haaretz.

Por otro lado, continuó el mismo medio, si bien Israel logró sortear de mejor manera que otros países el golpe de la inflación mundial post Covid-19 y con la aún vigente guerra en Ucrania, el debilitamiento del shekel versus el dólar y el euro –como consecuencia de la crisis por la reforma judicial, argumentan– agravó el incremento en los precios de productos importados que llegan al país, lo que golpea directamente a los bolsillos de los ciudadanos, agregaron. Datos del Banco Central, detallaron, muestran que 1% de debilitamiento del shekel se traduce en el aumento de la inflación en márgenes de 0,1-0,2 puntos porcentuales.

En esta línea, desde que en enero el ministro Yariv Levin anunció la reforma, la relación de cambio shekel-dólar –que por años había estado ligada al índice Nasdaq Composite– se quebró. De ahí en más, explicó Haaretz, “la moneda israelí se ha convertido en un excelente barómetro de la evolución del proceso de revisión judicial”.

Otra forma de calcular la magnitud de la eventual pérdida económica de Israel la calcularon basándose en la ausencia de crecimiento en el PIB. Considerando que las proyecciones hablan de un crecimiento del 1% anual debido a la turbulencia política e inestabilidad –que aleja a potenciales inversores, aseguró Haaretz–, significaría una pérdida de 50.000 millones de shekels. A principios de año, previo al inicio de la crisis, las proyecciones hablaban de un crecimiento del 3,5%, y transformado en cifras, un 1% del PIB equivale a un poco menos de 20.000 millones de shekels.

Solo considerando estos puntos, la cifra de pérdidas ya se acerca a los 150.000 millones de shekels o, traducido a la pérdida por hogares, unos US$13.500.

La tesis del medio es que si se detiene la polémica legislación pronto y la administración de Netanyahu logra demostrar que el tema quedó archivado, los índices regresarán de manera gradual a su versión previa.

En cambio, si inversores y empresarios ven que Israel sigue la senda actual, derivando en “un país que consideran antidemocrático, fanáticamente religioso, violento y, sobre todo, inestable”, explicó el medio, terminarán por reducir su presencia. Ejemplo de esto es el de Francia, donde, tras los disturbios asociados al asesinato a manos de un policía del joven Nahel M., sufrió la rebaja de la calificación de su deuda.

Cuando la noche de este lunes la Knesset, el Parlamento israelí, votó a favor de despojar a la Corte Suprema de su facultad para declarar “irrazonables” algunas de las acciones del gobierno, el primero de una serie de dominós comenzó a caer, y los efectos se hicieron ver en las masivas manifestaciones del sábado y, más reciente, este martes.

A principios de año, la corte utilizó el “criterio de razonabilidad” para anular el nombramiento como ministro de Interior de un aliado político de Netanyahu que tenía una condena por soborno, recordó The Associated Press.

Con la votación se completa la primera de tres partes para que el controvertido proyecto de reforma impulsado por Netanyahu y sus aliados de derecha y extrema derecha concreten un cambio relevante en cómo funciona el sistema judicial de Israel.

Presentado inicialmente el 4 de enero de este año, la iniciativa busca reequilibrar los poderes entre tribunales, legisladores y el Ejecutivo, señalan desde el oficialismo y el Likud, el partido del primer ministro. Sin embargo, dicen desde distintos sectores de la sociedad civil y la oposición, la reforma abre la puerta a la amenaza de una dictadura, puesto que algunos de sus puntos permiten eliminar los mecanismos de control de otros poderes del Estado para con el Ejecutivo.

De ese modo, tras registrarse numerosas e intensas manifestaciones desde principios de año, así como una huelga general sin precedentes –que paralizó a parte de la economía nacional–, así como una inusitada presión desde gobiernos aliados, incluido Estados Unidos, recordó CNN, Benjamin Netanyahu decidió posponer la discusión en marzo hasta una nueva fecha, día que resultó ser este lunes. La segunda y tercera votación están previstas para que se lleven a cabo el 24 de julio.

Una de las aristas más polémicas del paquete de reformas, el que permitía al Parlamento anular las sentencias de la Corte Suprema, fue eliminada y Netanyahu dijo que no volvería a ser incluida. Sin embargo, se mantienen otras como la modificación en cómo se seleccionan los jueces, las leyes sobre las que el máximo tribunal puede pronunciarse y la eliminación de los asesores jurídicos independientes, cuyas determinaciones son vinculantes, detalló el mismo medio. Vale recordar que Israel no cuenta con una Constitución, sino que se rige por un conjunto de leyes base.