El RIP, la última jugada para contrarrestar vía referéndum la reforma de las pensiones de Macron

El intrincado gallito político en Francia originado por la reforma de pensiones propuesta bajo la administración del Presidente Emmanuel Macron, que sube la edad de jubilación desde los 62 a los 64 años -aprobada saltándose la votación en el Congreso y que ha desencadenado masivas protestas en el país-, aún tiene posibilidades institucionales para alargar el debate. Esa es la apuesta de representantes de la izquierda, quienes buscan utilizar la figura del Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP) para doblar la mano al gobierno con una herramienta legal y devolver la edad de jubilación a su edad inicial, explicó Radio Francia Internacional.

Sin embargo, nunca una propuesta como esta ha llegado a puerto. Su largo proceso de recolección, además de la cantidad de personas necesarias para hacer válida esta modalidad de consulta ciudadana, con la necesidad de recolectar más de 4,8 millones de firmas en un margen de nueve meses, hacen complejo el lograr su objetivo. Pero la cerrada votación con la que el gobierno se salvó de que su gabinete fuese derribado y que, de paso, aprobó la polémica reforma, sumado a encuestas que hablan de hasta un 70% de rechazo a la medida de Macron, parecen razones suficientes para seguir adelante con la idea.

Tras el uso del gobierno francés del artículo 49.3 de la Constitución, los ánimos se crisparon aún más en la nación europea. Fue dicha herramienta la que permitió imponer su reforma de pensiones sin tener que negociar ni presentar el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento francés.

Si bien es una prerrogativa perfectamente legal, sus detractores la consideran antidemocrática al generar una inmensa presión por parte del Ejecutivo hacia los legisladores, pues no es una herramienta gratuita: los legisladores opositores tienen una ventana de 24 horas para presentar una moción de censura contra el gobierno. En este caso, la oposición a Macron no solo llegó desde la extrema derecha, sino que también desde la izquierda y la extrema izquierda. Frente a las dos mociones presentadas, la con más posibilidades de prosperar estuvo a solo nueve votos de hacer caer al gabinete, y contó con 278 apoyos de políticos centristas y regionalistas, además de parlamentarios de extrema derecha e izquierda.

El Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP) aparece así como el último recurso de la oposición para intentar detener la reforma de pensiones prometida durante la campaña presidencial por Emmanuel Macron. Dicha herramienta permite organizar una consulta específicamente sobre una propuesta de ley, lo que debe ser auspiciado por una quinta parte de los parlamentarios a través de la promoción de un “proyecto de ley de referéndum”, detalló Radio Francia Internacional.

Desde la alianza izquierdista Nupes (Nueva Unión Popular Ecológica y Social) prometieron tras el rechazo a la moción de censura que utilizarían “todos los medios” para derrotar la reforma, mientras que el excandidato presidencial Jean-Luc Mélenchon, del partido La Francia Insumisa, llamó a protestas públicas, pues espera “que este descontento popular se exprese masivamente en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, y que nos permita obtener la retirada del texto”, consignó France 24.

“Nuestro sistema no permite derogar por referéndum una ley que lleva menos de un año en vigor. Por ello, era importante que la izquierda presentara este RIP antes de que se promulgara la ley aprobada el 20 de marzo”, dijo a Radio Francia Internacional Anna Maria Lecis, profesora en Sciences Po Bordeaux. Para cumplir con aquel requisito, se presentó una solicitud de RIP ante el Consejo Constitucional durante el lunes pasado, luego de que el gobierno sobreviviera a las dos mociones de censura.

Para lograr sacar adelante este referéndum, los opositores requieren de 185 parlamentarios, número con el que, en teoría, ya disponen, mientras que el proyecto cuenta con solo un artículo, referente a la fijación de la edad máxima de jubilación hasta los 62 años.

Sin embargo, el camino es largo y complejo. A partir de la presentación de los documentos, el Consejo Constitucional cuenta con un mes para dirimir sobre la admisibilidad de la propuesta, detalló Radio Francia Internacional, certificando especialmente si la propuesta refiere a “la organización de los poderes públicos, las reformas relativas a la política económica, social o medioambiental y los servicios públicos que contribuyen a ellas”.

Una vez completo ese paso, viene la etapa crucial, la que nunca se ha cumplido: la recolección de firmas entre ciudadanos que respalden la medida. El problema es la cantidad. Para tener validez legal, se debe conseguir el 10% del padrón de votantes de Francia, es decir, unos 4,87 millones de firmas, tarea que se tiene que cumplir en un plazo de nueve meses. En caso de que se logre reunir las firmas, explicó el mismo medio, la Asamblea Nacional y el Senado cuentan con seis meses para examinar y debatir la propuesta de ley.

“Durante este período, cada una de las asambleas debe examinar el texto, al menos en primera lectura. A continuación, pueden enmendarlo y adoptar su versión modificada, o incluso rechazarlo. Esto impediría la celebración del referéndum. Así que hay muchos obstáculos. Si el Parlamento no examina el texto en el plazo de seis meses, el Presidente de la República lo somete entonces a referéndum”, agregó Anna Maria Lecis a Radio Francia Internacional.

Ejemplo de la dificultad de la efectiva utilización de la herramienta es que nunca se ha logrado aplicar desde su implementación. Corría el año 2019 cuando el segundo gobierno de Édouard Phillippe, primer ministro de Emmanuel Macron en ese entonces, impulsó un plan de privatización de Groupe ADP, propietario y operador de los aeropuertos de París. Doscientos 48 parlamentarios presentaron un proyecto “destinado a afirmar la naturaleza del servicio público nacional de la operación de los aeródromos de París”. Solo logró 1,09 millones de los 4,7 millones que necesitaba.

“Las garantías de un resultado positivo son muy escasas, incluso si la movilización en torno a la reforma de las pensiones no impide la recolección de firmas. Una vez que la cuestión llegue al Parlamento, nos enfrentamos a una cuestión política, que es decidir si queremos debatirla, o más bien permitir que se celebre el referéndum. Mientras tanto, aunque haya referéndum, la reforma de las pensiones, salvo sorpresas, habrá entrado en vigor”, argumentó la profesora universitaria a Radio Francia Internacional, sumando que, para ella, el RIP “es más un medio político de presión que un medio jurídico para impedir que la ley entre en vigor”.

Las continuas protestas en la nación europea por la reforma de pensiones incluso permeó hacia la política internacional de Francia, con la suspensión de la visita de tres días del rey Carlos III, de Reino Unido, programada para este domingo, quien iba a realizar su primera visita de Estado al país vecino desde que asumiera la corona, en septiembre de 2022. Según Reuters, el haber pospuesto la llegada al monarca significa una “gran vergüenza” para Macron, puesto que se esperaba que la reunión simbolizara los esfuerzos que ambos países han hecho para normalizar su relación tras el Brexit.

Según el mandatario francés, “el sentido común y la amistad” obligaban a posponer la visita. “No sería serio (...) hacer una visita de Estado en medio de protestas”, aseguró durante una conferencia de prensa en Bruselas, agregando, sobre la contingencia en su país, que “la violencia no tiene cabida en una democracia”.