En medio de un fuerte operativo policial, y sin una presencia masiva, piqueteros realizan su primera marcha contra el gobierno de Milei

Con el presidente de Argentina, Javier Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, monitoreando lo ocurrido vía cámaras, este miércoles se desarrolló el anticipado primer cruce entre piqueteros y el gobierno libertario en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto, a pesar de las duras advertencias contra los manifestantes sobre posibles cortes a los planes sociales de quienes asistieron, y la aplicación de un nuevo protocolo “antipiquetes” en caso de corte de calles, lo que, como advirtieron los organizadores durante martes y miércoles, harían de todos modos.

Enfrentamientos esporádicos se registraron en la Capital Federal, como los que se vieron incluso antes de que iniciara la marcha en Diagonal Norte, la avenida que conecta el Obelisco con la Casa Rosada. Allí, los manifestantes no respetaron el protocolo, pasando a la calle y cortando la arteria porteña. Pero una fila de agentes de orden los esperaban. Tras una serie de empujones, se desarmó el enfrentamiento.

Al cierre de esta edición, había solo dos detenidos por agredir a agentes policiales y resistencia a la autoridad. Sin embargo, según Clarín, se trató de un operativo inusual para ver quién manda, considerando las cifras de policías versus manifestantes: hubo un agente cada dos militantes, basándose en media docena de fuentes oficiales consultadas por el periódico. En una comparación futbolera, para un partido del país vecino, se pueden requerir unos 2.000 agentes para 50.000 espectadores, es decir, uno para cada 25 personas.

En una conferencia de balance post marcha, Bullrich sostuvo que “las cosas han cambiado” y que “se terminó el vale todo”. En opinión de la ministra, el reducido número de asistentes se debió a la amenaza de que se quitaran planes sociales, concluyó.

“Tenemos el derecho a movilizarnos y no nos lo van a impedir”, dijo Alejandro Bodart, del Movimiento Socialista de los Trabajadores. La diputada nacional del Frente de Izquierda, Romina Del Plá, aseguró que “lo que lograron con este despliegue es que venga más gente. Es un derecho movilizarse, protestar”. Si bien aún no hay cifras oficiales de asistencia, medios televisivos como LN+ señalaron que, en términos de convocatoria, la marcha fue un fracaso, puesto que, según cálculos preliminares, habrían asistido poco más de 10.000 personas, lejos de las 50.000 que se ha visto movilizar a los movimientos izquierdistas del país vecino. Entre los asistentes, destacó la presencia de Norita Cortiñas, una de las históricas madres de la Plaza de Mayo.

En un principio, los medios locales televisivos graficaron cómo se iban formando hileras de fuerzas de seguridad ataviados con escudos y cascos antidisturbios. Literalmente, en la verdad contraria, los miles de manifestantes que llegaban a los distintos puntos de reunión desde los que se movilizarían hacia la Casa Rosada, se apostaban en la acera. “Nunca antes lo había visto”, señalaron panelistas. Pero se sabía, advertencia previa de Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, que una vez iniciaran su marcha, entrarían a las calles, desafiando el protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y así sucedió.

La marcha, organizada e impulsada por la Unidad Piquetera (UP), se realizó como protesta a las medidas económicas anunciadas durante la primera semana de gobierno de Javier Milei. Pero también coincide con el aniversario de las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde 39 manifestantes murieron producto de la violenta represión policial, en una masiva salida de argentinos a la calle –a veces referido como el estallido social y económico argentino, o simplemente “el Cacerolazo”– que terminó con la renuncia y huida del entonces presidente Fernando de la Rúa. La razón: la imposición del “Corralito”, el 2 de diciembre del mismo año.

“Estamos derrotando el protocolo antipiquetes”, dijo la diputada nacional Vanina Biassi, consignó La Nación. Lo cierto es que, según Patricia Bullrich, el protocolo solo se aplicó para evitar el corte del puente que separa las ciudades de Cipolleti y Neuquén, en la provincia de Río Negro.

“Puente Cipolletti-Neuquén completamente liberado. LEY Y ORDEN”, escribió la ministra en X, antes Twitter. Desde la organización social desmintieron la utilización del protocolo, asegurando que desistieron de la protesta por voluntad propia, detalló La Nación. Buscaban “visibilizar su reclamo por la falta de insumos para los más de 70 comedores y merenderos de la provincia de Río Negro”, agregó el mismo medio.

En opinión de Julio Burdman, politólogo trasandino, la actitud del gobierno de Javier Milei frente a los piquetes responde a que este “aspira más a la disuasión que a la sanción, ya que está desplegando una campaña masiva”.

Sobre esa misma idea, Burdman señaló a La Tercera que la administración del economista libertario “está decidida a tener un logro político con estas medidas antipiquetes. El corte de calles y rutas es un método de protesta muy impopular, y Milei hizo una promesa que quiere mantener. Además, creo que le permite politizar la cuestión de las protestas contra sus medidas económicas en un momento de alta popularidad”, añadió.

Faltando unos minutos para las 18:00, la manifestación empezó a deshacerse de manera pacífica, una vez leídos los discursos de sus organizadores. “Abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI“, fue una de las consignas que se escuchó. “Para nosotros fue un éxito. Nos detuvieron a dos compañeros, nos reprimieron, pero logramos penetrar en la Plaza de Mayo y leer el documento”, dijeron cercanos a Eduardo Belliboni, quien tuvo “una baja de presión” y no pudo hablar.

A primera hora del miércoles, previo a que los manifestantes se reunieran, una suerte de bloqueo policial rodeaba a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en línea con las advertencias hechas por la administración Milei durante los días previos. Y cerca de las 9 de la mañana, la Gendarmería Nacional anunciaba sus primeras detenciones. Se trataba de un bus escolar que fue retenido en el peaje Pilar de Panamericana, camino hacia la Ciudad. Según señalaron fuentes del órgano de seguridad a La Nación, se identificó a 30 pasajeros como “posibles manifestantes” que no pudieron contestar hacia dónde se dirigían.

En redes sociales surgieron numerosos videos, luego compartidos por algunos medios argentinos, en que se veía el ingreso de policías de la Ciudad a registrar los buses, algunos incluso con cámara en mano para registrar, aparentemente, lo que veían. Ambas medidas fueron anunciadas por las autoridades con anterioridad: se utilizarían cámaras para identificar a quienes cortaran calles para luego quitarles el acceso al plan social, y se detendrían buses escolares para certificar su uso con su objetivo original, y no el transporte de manifestantes.

Ese fue el caso de la mencionada micro, que, tras no dar una respuesta a la razón de su viaje en ese medio de transporte, fueron obligados a descender. Si bien el vehículo regresó a la carretera y los pasajeros no fueron detenidos, estos últimos debieron continuar su viaje en otro medio. “El servicio carecía de contrato y llevaba gente parada y sin lista de pasajeros”, argumentaron desde Gendarmería a La Nación.

Otra de las medidas que más ruido generó fue la campaña que se registró en distintas estaciones de tren, tanto en la Capital Federal como en el conurbano, con las frases “quien corta no cobra” y “está prohibido cortar calles”.

A través de parlantes y escritas en las pantallas del lugar, el gobierno libertario repetía una advertencia que se convirtió en mantra de la administración desde el día uno, cuando el propio Javier Milei señaló en su mensaje de asunción que “el que corta (la calle), no cobra”. En los días siguientes, se escuchó repetir la consigna a la ministra de Seguridad y flamante autora del “protocolo antipiquetes”, Patricia Bullrich, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en una confirmación de que, junto a la economía y la negociación para lograr avanzar con sus disruptivas políticas, el control de los movimientos piqueteros será una de las claves de su gestión.

Así lo cree el periodista Joaquín Morales Solá, quien planteó en una columna en el periódico La Nación que Javier Milei debe “atravesar indemne en estos días dos desafíos: la reunión de gobernadores de ayer (martes) y la anunciada marcha piquetera de este miércoles”. Y si bien algo de espacio tuvo en el primer evento, Morales Solá cree que el conflicto con los piqueteros es “crítico e irreconciliable”.

La política comunicacional fue reforzada durante la mañana por el mandatario, quien subió a su cuenta de Instagram una fotografía de una de las pantallas en una estación de metro donde se lee “el que corta, no cobra. Si te están obligando, podés denunciar anónimamente al 134″, junto a un mensaje de Milei que dice: “Una Argentina distinta...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

Dicha línea telefónica hace referencia a un canal levantado por la administración Milei, puesto que, según el gobierno, existen amenazas de los piqueteros y administradores de planes sociales que pasan por manos de las organizaciones sociales para que sus beneficiados asistan a marchas. La ministra Bullrich aseveró que han recibido numerosas denuncias sobre supuestos cobros de multas en caso de no llegar a los piquetes. “Denunciaron que se cobraba $ 7.000 de multa por no ir a la manifestación”, dijo la titular de Seguridad.

En la misma línea, un alto funcionario con despacho en Casa Rosada definió a Clarín la jornada de este miércoles como una “a todo o nada”, resaltando la importancia que esta primera prueba de piqueteros versus gobierno mileísta tiene al interior de la administración. Según dicho periódico, se trata de una prueba de fuego para Patricia Bullrich, quien encabezó una reunión realizada el martes con el Presidente Milei, donde esta explicó su plan para contener la movilización de distintas organizaciones aglutinadas en el frente de Unidad Piquetera.

La intención de aplicar un protocolo antipiquetes duro no es nueva, recordó el politólogo Julio Burdman, pero otros elementos que rodearon la marcha, como lo relacionado con los planes sociales, sí. “El protocolo antipiquetes ya había sido planteado en el gobierno de Mauricio Macri, también con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Pero tuvo problemas de implementación. Lo del anuncio de quita de planes es algo nuevo, y aún quedan dudas sobre cómo va a llevarse a cabo, ya que implica un reconocimiento de las personas que incumplan el protocolo”, explicó a este medio.

Si bien se esperaba que a mediodía el Presidente Javier Milei anunciara un nuevo paquete con las bases de su “plan económico de corte ultraliberal”, detalló La Nación, o de “desregulación de la economía”, como lo llamó el propio Gobierno, finalmente se atrasó para la noche del miércoles.

Según consignó La Nación, se grabó un video con presencia de sus ministros para presentar “el decreto de necesidad y urgencia (DNU)”. El mismo medio aseguró que el tercer capítulo, por ejemplo, trata sobre una importante reforma laboral que buscaría la eliminación de “multas” que deben pagar los empleadores si sus trabajadores estuvieron deficientemente registrados, los que generan incrementos en las indemnizaciones.

También entraría en un tema que, a la luz de las marchas de este miércoles, será relevante, puesto que buscará incluir los bloqueos como causal de despido, lo que podría chocar con el derecho a huelga.

“Cualquiera tiene derecho de judicializar lo que quiera judicializar. La Secretaría de Trabajo está en conversación con los gremios”, dijo el portavoz presidencial, anticipándose a las posibles críticas de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Según Clarín, el documento tiene una extensión de 200 páginas, lo que le valió el título de un “megadecreto”.