Estados Unidos sanciona a través de la industria de oro al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega

El gobierno de Joe Biden anunció la formalización de sanciones comerciales en contra de la administración de Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua. La principal medida, según anunció el Subsecretario Adjunto Principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, será el congelamiento de activos y la prohibición de comercialización de la industria del oro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Sanción que apunta directamente a la Dirección General de Minas, entidad del Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua.

Según el subsecretario, dicho sector productivo “mueve cerca de 1.000 millones de dólares cada año”, donde 750 millones “estaban involucrados en la relación comercial de Estados Unidos” y Nicaragua, afirmó en una conferencia de prensa.

La medida, respaldada por el Congreso estadounidense, busca golpear una industria que, en palabras de Zúñiga, beneficia “directamente al régimen de una manera preocupante”, por lo que será un primer paso que podría ampliarse a otras áreas en el futuro. “El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y sus aliados políticos, continúan utilizando las ganancias derivadas de la producción y la venta de oro para enriquecerse y pagar a quienes mantienen al régimen en el poder”, argumentó.

“A los objetivos de estas sanciones se les congelarían sus activos en Estados Unidos, y se bloquearía cualquier transacción que tenga contacto con el sistema financiero” de dicho país, detalló. Además, la administración de Biden anunció restricciones a visas de más de 500 funcionarios nicaragüenses y sus familiares, detalló el secretario de Estado, Antony Blinken.

La acción de Washington aparece como respuesta a una escalada en las malas relaciones que el gobierno de Daniel Ortega ha propiciado tanto con Estados Unidos, como organismos internacionales. El 28 de septiembre, Ortega declaró persona “non grata” a la jefa de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Nicaragua, Bettina Muscheidt.

Del mismo modo, la UE practicó la misma estrategia con Zoila Müller, embajadora de Nicaragua en Bruselas, justificando la medida como “una respuesta recíproca a la decisión adoptada por el gobierno nicaragüense”, dijo el consejo del ente europeo, según France 24.

Desde el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también se declaró la preocupación por la situación política de Nicaragua, luego que el miércoles pasado advirtiera sobre la profundización de las violaciones a los derechos humanos tras las masivas manifestaciones sociales de 2018.

“Nuestras sanciones no están diseñadas para castigar, sino que para ejercer presión y mostrar un rumbo más positivo. El régimen aún no ha dado muestras de una voluntad de cambiar”, alertó el subsecretario Zúñiga, por lo que hizo un “llamado inmediato a la liberación de los presos políticos”.