Estudio asegura que Bolivia gastó en la demanda marítima más de lo informado

El pasado 28 de marzo el canciller boliviano Diego Pary aseguró que su país había gastado más de US$ 4 millones en todo el proceso que duró la demanda marítima presentada contra Chile en La Haya, entre 2011 y 2018. Su versión se contradecía, sin embargo, con lo informado por la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar), que en octubre de 2018 informó que ese monto ascendía a US$ 14 millones.

Advertido de que había manejado un dato erróneo, Pary aclaró ese mismo día, en un comunicado enviado a la Agencia de Noticias Fides, que "el dato preciso, el costo total de la demanda marítima fue de 14.018.000 de dólares, eso es lo que se ha gastado en todas las actividades incluyendo la contratación de los abogados, estudios y gastos que corresponden a los viajes de los expresidentes".

Incluso, recalcó que los montos habían sido "auditados" y remitidos a la Contraloría General del Estado donde fueron "evaluados".

Pero un nuevo estudio, realizado por el analista Julio Linares, con datos del Ministerio de Economía y Finanzas, arroja un monto mayor. Su investigación, publicada ayer por el diario paceño Página Siete, muestra que en ocho años la Diremar ejecutó 138.426.394 bolivianos, lo que equivale a poco más de US$ 20 millones. Es decir, la demanda costó US$ 6 millones más de lo que la institución informó, mediante un comunicado, en 2018.

"En realidad no se conoce en detalle el informe de gastos de la Cancillería. El informe que realizamos está en base a gastos registrados del Ministerio de Economía. Al no tener claro el informe del gobierno, no conozco cuáles podrían ser las diferencias, si existieran", explica Linares a La Tercera.

De acuerdo con el estudio del analista, en ocho años el mayor gasto fue el pago por "consultorías por producto", cuyo monto asciende a US$ 8,4 millones, cifra que representa el 42% del total del presupuesto ejecutado entre 2011 y 2018. El segundo mayor gasto fue el pago de sueldos, con US$ 5 millones (25%). Según el detalle publicado por Página Siete, la Diremar también destinó US$ 562 mil para el Consejo Permanente de expresidentes, excancilleres y otras personalidades que asesoraron en materia de política exterior marítima. Otro de los gastos que realizó ese organismo fue por concepto de "pasajes y viáticos" (US$ 933 mil) y "arriendo de edificios" (más de US$ 434 mil). Para publicidad, en tanto, se asignaron casi US$ 843 mil.

Ante las discordancias entre el monto informado por el gobierno y su estudio, Linares reitera que en el caso de los primeros "sólo dan montos agregados, no se conoce a detalle el desglose". "Pero evidentemente el cálculo que hicimos, que emerge de los datos del Ministerio de Economía, dice que Diremar gastó más que los US$ 14 millones señalados por las autoridades", dice el analista.

La polémica por los recursos destinados a la demanda marítima surgió luego de que los diputados de oposición Wilson Santamaría y Rafael Quispe, respaldados en un informe oficial, denunciaran que el expresidente Carlos Mesa, en su condición de vocero de la demanda marítima, recibió poco más de 2,8 millones de bolivianos (US$ 405 mil) durante el proceso para sus gastos y los de su equipo de tres colaboradores.

Esta denuncia generó una disputa entre opositores, ya que Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana de cara a las elecciones de octubre, se querelló contra Santamaría y Quispe. En la acción judicial, el exmandatario denuncia la "intención aviesa" de los dos diputados que, a su juicio, "pretenden ante la opinión pública hacer creer que me he beneficiado económicamente con esta causa tan importante para el país, afirmando que gasté 2,8 millones de bolivianos como vocero de la demanda y, peor que eso, que recibí personalmente la suma de un millón de bolivianos por esa tarea". "Es totalmente falso que yo haya recibido un solo centavo por el trabajo que realicé en servicio del país", insistió.

Un día después de la denuncia de los diputados, Pary informó que el gobierno boliviano alista un informe "sobre todo lo que se ha hecho durante la presentación de la demanda marítima".