La justicia peruana ordenó la captura del exministro de Transportes Juan Silva y ofreció una recompensa de 50 mil soles (US$ 13.311) por información para que fuera detenido. El prófugo está acusado de presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada; esto, al supuestamente integrar una red de corrupción que estaría liderada por el actual mandatario, Pedro Castillo.

“Estamos intensificando y maximizando los esfuerzos para lograr la ubicación del investigado (Juan Silva), así como de todas las personas que se encuentran solicitadas por la justicia”, indicó en un comunicado la Policía Nacional de Perú, citado por el diario El Comercio.

La fiscalía informó que dispuso que la policía ejecute una medida de videovigilancia contra el exministro desde el 27 de mayo. Sin embargo, en un comunicado, la institución indicó que no había podido encontrar a Silva, pese a que el exministro estuvo el pasado 1 de junio en entrevistas presenciales en radio por la mañana y en televisión por la noche.

Así, cuando el juez Juan Carlos Checkley dictó la orden de detención, el sábado 4 de junio, en el marco de la investigación por el caso Puente Tarata III, no pudo ser encontrado.

La hipótesis fiscal es que Silva -que renunció hace dos meses a la cartera de Transportes- integraba una red criminal que adjudicaba obras públicas a cambio de recibir beneficios económicos. El Ministerio de Transportes es la cartera con mayor presupuesto de Perú y para 2022 se le destinaron US$ 3.344 millones.

Según el diario La República, la última semana, se reveló la transcripción de un audio que evidencia que el también investigado empresario Zamir Villaverde le habría entregado 100 mil soles (US$ 26.627) a Silva a cambio de favorecer la adjudicación del proyecto Puente Tarata III.

El Presidente Castillo también está llamado a declarar como investigado por el caso Puente Tarata III, el próximo 13 de junio. Según la fiscalía, el mandatario sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Silva, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Silva no es el único allegado al jefe del Ejecutivo que se encuentra prófugo. También son buscados por la justicia el exsecretario presidencial y dos sobrinos del mandatario en investigaciones diferentes a la de Castillo.

El exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, está en la clandestinidad desde el 28 de marzo pasado, fecha en la que se ejecutó la orden de detención preliminar que fue dictada judicialmente.

En RPP Noticias, el abogado de Pacheco, José Luis Núñez, dijo que su defendido seguirá en la clandestinidad tras la decisión del Poder Judicial que redujo el plazo de prisión preventiva de 36 a 24 meses. “Consideramos que es una medida excesiva bastante gravosa”, señaló.

Pacheco tiene prisión preventiva por el caso de las presuntas irregularidades en el proceso de licitación del Puente Tarata III (San Martín) en Provías Descentralizado, órgano adscrito al Ministerio de Transportes. La fiscal anticorrupción Karla Zecenarro investiga el caso.

Según la hipótesis fiscal, Bruno Pacheco, los empresarios Zamir Villaverde y Luis Pasapera, así como los funcionarios del comité licitador Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Más y los sobrinos del mandatario, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, se coludieron para beneficiar al Consorcio Puente Tarata con la obra Puente Tarata III, valorizada en 232,5 millones de soles (US$ 62 millones).

La fiscal Luz Taquire incluyó a Pacheco en la presunta organización dedicada al lavado de activos. Esto, a partir del hallazgo de US$ 20 mil en su oficina de Palacio de Gobierno y un evento familiar que ascendería a 100 mil soles (US$ 26.627).

Además, Pacheco es investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal en el caso de las presiones en los ascensos de las Fuerzas Armadas.

Al caso anterior se suma Fray Vásquez Castillo, quien se encuentra prófugo desde finales de marzo. A fines de febrero, la lobbista y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López lo implicó en una supuesta mafia al interior del Ministerio de Transportes.

A inicios de abril, Vásquez reapareció desde la clandestinidad para participar en la audiencia virtual de su prisión preventiva. “Me ha puesto a buen recaudo, porque las intenciones de la señora fiscal es querer lastimar no a mí, sino al gobierno de turno”, dijo.

Tanto Vásquez Castillo como Gian Marco Castillo Gómez fueron incluidos el 31 de abril en la lista de los más buscados del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, luego de dictarse una orden de detención preliminar en su contra.

Adicionalmente, la fiscal Luz Taquire incluyó a Vásquez Castillo en un caso de lavado de activos proveniente de presuntos actos de corrupción debido a un vínculo con el empresario Zamir Villaverde.