Un expresidente y un exjuez de la Corte Suprema: más 50 autoridades de Perú están prófugos

Un expresidente, un exjuez de la Corte Suprema, un exgobernador del principal puerto: medio centenar de peruanos están prófugos de la justicia por procesos por corrupción, varios salpicados por el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.

El prófugo emblemático de este grupo es el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien escapó a Estados Unidos en enero de 2017 cuando la justicia se aprestaba a imponerle prisión preventiva y ahora enfrenta un pedido de extradición de Perú.

La fiscalía acusa a Toledo, entre otros cargos, de recibir un soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht para concederle un contrato para la construcción de los tramos uno y tres de la Carretera Interoceánica, que une Brasil y Perú a través de la selva amazónica.

Desde enero también está prófugo Félix Moreno, exgobernador del Callao, luego de ser condenado a cinco años de prisión por la venta irregular de un terreno estatal.

Moreno tenía prohibición de salida del país por otro proceso, en el que está sindicado de haber recibido un soborno de 2,4 millones de dólares de Odebrecht para adjudicarle el contrato de construcción de una autopista urbana entre el Callao y la vecina Lima.

Pero tener impedimento de salida del país no impidió que escapara a Ecuador, y desde allí a España, el destituido juez de la Corte Suprema César Hinostroza.

Hinostroza está acusado de liderar una red de corrupción conformada por magistrados, llamada 'Los Cuellos Blancos del Puerto' del Callao, y ahora está detenido en España donde enfrenta un pedido de extradición.

"La influencia de un prófugo tiene un papel clave porque éstos terminan manteniendo cuotas de poder aún después de ser denunciados, como lo demostró el caso del exjuez Hinostroza", dice a la agencia AFP Samuel Rotta, director ejecutivo de la ONG Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional.

Detrás de Toledo, Hinostroza y Moreno, la lista elaborada por la Procuraduría (entidad que representa judicialmente al Estado peruano) la integran 52 prófugos, entre ellos algunos empresarios, y más de 40 alcaldes provinciales y municipales. "Solo los alcaldes prófugos, entre distritales y provinciales, suman 44", destacó el diario limeño La República.

"Unos se han hecho humo en el país y otros se encuentran en el exterior confiados en una extradición que no avanza", agregó.

La relativa facilidad con la que los funcionarios investigados abandonan ilegalmente el país está relacionada directamente con el poder corruptor del dinero, estiman observadores.

"Las propias debilidades del sistema de justicia y de seguridad, por escasez de recursos o ineficiencia, a lo que se suma la corrupción en esos mismos casos, contribuye a engrosar la lista de prófugos", dijo el responsable de Proética.

El dinero es la chispa que enciende la pradera de la corrupción y abre puertas para huir, indicó a la AFP el analista político Fernando Rospigliosi. "La mayoría de prófugos son gente que tiene dinero, que puede sobornar a las autoridades y esconderse o escapar por un tiempo", resaltó Rospigliosi.

Por el escándalo de Odebrecht está desde octubre en prisión preventiva por tres años la líder opositora Keiko Fujimori, y hay, además de Toledo, otros tres expresidentes bajo investigación y con prohibición de salida del país: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Ollanta Humala (2011-2016) y Alan García (2006-2011).

Uno de los prófugos más notorios hasta este mes era el exsecretario general del partido fujimorista Jaime Yoshiyama, quien se entregó a la justicia tras regresar de Miami. Yoshiyama deberá cumplir 36 meses de prisión preventiva por obstrucción a la justicia por supuesto lavado de activos, pues está acusado de recibir fondos de Odebrecht para la campaña de Keiko.

La cuestionada compañía brasileña, acusada de repartir dádivas en varios países de América Latina, firmó el 14 de febrero un acuerdo de cooperación con la fiscalía peruana y comenzó a aportar testimonios y evidencias que pueden llevar a prisión a numerosos políticos peruanos, incluidos cuatro expresidentes.

Los testimonios de los responsables de Odebrecht ante los fiscales peruanos en Brasil también incriminan a empresarios y a un abogado que fungía de árbitro que dirimía disputas entre la constructora y el Estado, y quien fue sobornado por la constructora.

La justicia peruana ordenó hace un par de semanas el arresto del empresario Gonzalo Monteverde, exoperador financiero de Odebrecht en Perú, quien ahora también está prófugo.