Francia avanza para inscribir constitucionalmente el aborto como una “libertad garantizada”

Una visión general del hemiciclo mientras el primer ministro francés Gabriel Attal pronuncia su discurso de política general antes de un debate en la Asamblea Nacional en París, el 30 de enero de 2024. Foto: Reuters

Con abrumadora mayoría, la Asamblea Nacional (diputados) dio luz verde este martes a una iniciativa para modificar el artículo 34 de la Constitución francesa, con el objetivo de incluir la protección al aborto como una garantía básica para todas las mujeres en el país.


Francia, a punto de ser el primer país en el mundo que proteja constitucionalmente la práctica del aborto. La cámara baja del Poder Legislativo dio el primer paso en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres francesas, aprobando holgadamente la iniciativa que busca incluir en la carta magna francesa la “libertad garantizada” para abortar.

Este proyecto legislativo, impulsado por el Gobierno de Emmanuel Macron, tiene como objetivo principal modificar el artículo 34 de la Constitución, para que pueda incluir la directriz de que “la ley determina las condiciones en las cuales se ejerce la libertad garantizada de las mujeres de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo”

Tras la aprobación en la Asamblea Nacional, esta iniciativa de ley tendrá que pasar por el Senado, que tiene la última palabra en la materialización de las modificaciones constitucionales. Para ser realidad, la ley tendría que ser aprobada por referéndum o por el voto de 3/5 partes de la cámara alta.

Organizaciones de derechos humanos celebraron el avance.

“Los diputados votaron A FAVOR del derecho al aborto en la Constitución! Este es un paso importante para los derechos de las mujeres y las personas que puedan estar embarazadas. Ahora le toca al Senado consagrar este derecho”, indicó Amnistía Internacional en redes sociales.

Aunque ninguno de los principales partidos políticos en París cuestionan el derecho al aborto, la mayoría conservadora en el Senado ya ha cuestionado el uso de los conceptos en la iniciativa de ley, defendiendo mayormente el término “libertad garantizada” por encima de “derecho”, término predilecto en el ala progresista y feminista del espectro político.

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