Gobierno de Colombia y mayor disidencia de las FARC acuerdan cese al fuego bilateral de 10 meses
Las partes también acordaron la instalación de la mesa de diálogos en Tibú, en el departamento de Norte de Santander, una conflictiva zona en la frontera con Venezuela.
El Gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, acordaron el martes iniciar una negociación y un cese bilateral al fuego nacional de 10 meses a partir del próximo 8 de octubre como parte de los esfuerzos para lograr la paz en el país.
Los acercamientos con el EMC hacen parte de la política de paz total del Presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia del país sudamericano, para poner fin a un conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos y miles de desplazados.
Las partes acordaron que el 8 de octubre se realizará la “instalación de la mesa y la promulgación del Acuerdo de Respeto a la Población Civil y del Cese al Fuego Bilateral Temporal Nacional y Territorial (CFBTNT), y cese de operaciones ofensivas”, según una declaración conjunta.
La instalación de la mesa de diálogos se hará en Tibú, en el departamento de Norte de Santander, una conflictiva zona en la frontera con Venezuela, con extensas plantaciones de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, y escenario de frecuentes combates y enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y grupos armados ilegales.
Las partes reiteraron su convicción “de avanzar hacia la construcción de un acuerdo que ponga fin a la confrontación armada y propenda por el logro de una paz integral, estable y duradera, con justicia social y ambiental”.
El EMC es una de las dos facciones disidentes de las FARC y está conformada por antiguos líderes y combatientes que no aceptaron el acuerdo de paz del 2016, que permitió la reincorporación a la vida civil de 13.000 integrantes de la antigua guerrilla de las FARC que conformaron un partido político con 10 escaños en el Congreso.
El EMC tiene actualmente unos 3.530 integrantes -2.180 combatientes y 1.350 auxiliadores-, con presencia en varias regiones selváticas y montañosas del país en las que se desarrollan actividades criminales como el narcotráfico y la extracción ilegal de oro, según fuentes de seguridad.
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