Gobierno de Milei achica Estado y despide a 7.000 empleados públicos

De vuelta de Navidad, el gobierno argentino liderado por el Presidente Javier Milei retomó su agenda para reducir lo más posible el Estado. Siendo su tercera semana en el poder, el mandatario firmó un decreto que termina con los contratos de todos aquellos trabajadores públicos que hubieran entrado en el último año, y que el gobierno calcula en “más de 5 mil”.

Según la Asociación de Trabajadores del Estado, en tanto, la cifra de despedidos llegaría a 7 mil. No contento con tal corte, durante los próximos días habría un periodo de tres meses de “revisión”, en la que se verá cuáles empleados contratados previamente se mantienen y cuáles no.

Todo esto viene en el contexto de los “DNU”, Decretos de Necesidad y Urgencia, que formarían parte de su política de “shock” durante los primeros meses de la era Milei.

Publicado hoy martes en el Boletín Oficial, el decreto establece que no se renovarán contratos de trabajadores del Estado firmados a partir del 1 de enero de 2023. Hay pocas excepciones: están exceptuados los trabajadores que son parte de “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, como las personas con discapacidad, o el personal que es considerado “indispensable” para una jurisdicción.

La medida toca a cerca de siete mil trabajadores, porque se extiende a distintas áreas del gobierno, pero no a las empresas o sociedades estatales. Sin embargo, toca a todos los “empleados transitorios y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había advertido que como parte de las primeras medidas de su cartera, habría una gran reducción de la plantilla estatal. El decreto de este martes es uno entre todos los que hará el gobierno argentino, cuyo fin sería “lograr un mejor funcionamiento de la Administración pública”.

Todo el sector público argentino cuenta en total con casi tres millones y medio de empleados asalariados: un gran número, considerando los 45 millones de habitantes del país. De ese, según datos del Ministerio del Trabajo, una décima parte está en la Administración nacional, y el resto, en empresas estatales. Así, el gasto del gobierno representaría el 2,2% del PIB.

Para continuar con recortes en esa dirección, el gobierno además oficializó esta madrugada un llamado a “sesiones extraordinarias” en el Congreso, que ocurran a partir de este martes, y hasta el 31 de enero. Entre las cosas a discutir hay 11 proyectos de ley, siendo uno de ellos “el megaDNU” de ajuste. Además, están la ley de reforma del Estado, las modificaciones al impuesto a las Ganancias y el establecimiento de la boleta única de papel en las elecciones.

La ley de reforma del Estado, señalaron funcionarios del gobierno, será amplia. “Va a venir un paquete que vamos a llevar al Congreso, que es todavía más sustancioso y más grande (en comparación con el DNU). La Presidencia arranca con contundencia, con cosas concretas que no habíamos visto antes”, aseguró el asesor presidencial Federico Sturzenegger, uno de los principales autores del DNU.

Otra de las cosas que se espera discutir esta semana sería el congelamiento de los sueldos de empleados públicos, e incluso, la posibilidad de reducir salarios de algunos de los funcionarios de alta jerarquía.

A pesar de todo este entusiasmo reformador, el Parlamento argentino amaneció y atardeció vacío el día de hoy. Respecto a los diputados, un “hombre del radicalismo” contó a Infobae: “Es poco probable que vengan esta semana. No llegaron los proyectos, una vez que lleguen tienen que ser girados a las comisiones que aún se tienen que conformar; que vengan esta semana los legisladores desde la provincia no tiene sentido”.

Al mediodía, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, le dijeron al medio argentino que aún no habían enviado los proyectos desde el Ejecutivo, y que eso mantenía paralizada la actividad en la Cámara.

Los que sí aparecieron de inmediato fueron los sindicatos, que se mostraron alertas con los nuevos anuncios. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado calificaron el decreto de “agresión”, y en un comunicado señalaron que los empleados públicos “en todos los casos desempeñan tareas que son indispensables”. “Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”, aseguró Rodolfo Aguiar, secretario general de la organización.

Por esto mismo, este miércoles hay una convocatoria hecha por las centrales sindicales para exigir el freno al decreto de Milei de hace una semana, que incluía 300 reformas para “desguazar” el Estado. El pasado miércoles, Milei ya había firmado otro DNU para derogar leyes, eliminar regulaciones, habilitar privatizaciones de empresas públicas y abrir las puertas a las operaciones en dólares.

Precisamente ese decreto, el 70/23, fue apoyado fervorosamente por uno de los referentes del PRO, María Eugenia Vidal, en una publicación en la plataforma X. “El DNU 70/23 debe ser aprobado porque la Argentina en la que vivimos necesita medidas urgentes. Tenemos que eliminar privilegios y desburocratizar el Estado que hoy impide el crecimiento de los argentinos”, escribió la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires.