Las polémicas medidas que AMLO busca acelerar tras el triunfo de Sheinbaum
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El llamado “Plan C”, con que el actual mandatario llamó a votar por candidatos oficialistas para el Parlamento, está a punto de completarse. Mientras Morena se acerca a pasos agigantados a la mayoría calificada en Diputados y se acerca en el Senado, AMLO señaló que tratará con su sucesora electa reformas al Poder Judicial, al INE y al Congreso.
A dos días de la victoria de Claudia Sheinbaum, el mentor de la candidata presidencial electa de México y actual mandatario de ese país, Andrés Manuel López Obrador, ya tiene planes para avanzar en una tanda de reformas polémicas, tanto por su contenido como por su profundidad, antes de salir del poder. Es que AMLO quiere retirarse del poder manteniendo su promesa de un gobierno con impronta reformista aprovechando el rotundo éxito de Morena, su partido, en recientes elecciones del domingo.
En sus clásicas “mañaneras”, las reuniones de prensa que López Obrador utilizaba para dar a conocer sus planes de forma regular, adelantó que le planteará a su sucesora llevar adelante modificaciones relevantes en la sociedad mexicana. Entre ellas, destaca una reforma al Poder Judicial -donde podría haber votación directa para elegir jueces, por ejemplo-; al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la forma en que se financia a los partidos políticos; y una reducción de escaños en el Parlamento.
“Lo voy a hablar con Claudia. Porque presentamos iniciativas que están en el Congreso, a ver cuáles de esas iniciativas podemos impulsar y que se alcancen a aprobar. A lo mejor, como es muy poco el mes, inician los procesos, y ya luego el Congreso -que es libre- los diputados, senadores resuelven”, señaló el saliente mandatario a los reporteros locales.
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El interés de AMLO por dejar adelantadas algunas remodelaciones a distintos entes claves del funcionamiento político y judicial abrió dudas sobre si el actual mandatario, que dejará el poder el 1 de octubre, se retirará efectivamente de la vida pública del país, tal como había dicho previamente. Esto se intensificó luego de que asegurara de que mantendrá comunicación con Sheinbaum, sindicada por medios como su pupila política.
“Si ella me busca, sí; porque va a ser mi presidenta, pero voy a procurar no molestarla”, dijo este lunes. Pero reiteró que, pese a ello, no participará en ningún acto público, ya sea de corte político, académico o social, detalló el periódico mexicano El Financiero.
Consciente de que es muy posible que las últimas propuestas de su administración serán tratadas por una nueva legislatura, y considerando que esto ocurrirá recién el 1 de septiembre, el mandatario calificó como positivo que Sheinbaum pueda aplicar cambios a su propuesta.
“Claro que tiene que haber cambios. Va a haber cambios porque continúa la transformación, pero tiene que haber relevo en cargos. Ella es la facultada para tomar todas las decisiones, yo no voy a influir en nada, en nada”, señaló.
La estrategia oficialista
Lo acontecido este domingo 2 de junio no solo se tradujo en un nuevo sexenio del oficialismo al mando de la segunda economía más grande de Latinoamérica, sino que también en la ejecución del “Plan C” de AMLO. Esta es la piedra angular para llevar adelante lo que la mandataria electa calificó como el segundo piso de la “Cuarta Transformación” en su mensaje postvictoria publicado en redes sociales.
Este plan, presentado por López Obrador y ahora llevado adelante por Sheinbaum, es una estrategia para llamar a los ciudadanos a votar no solo por la carta presidencial oficialista, sino también en el Parlamento. Esto, con el fin de lograr la mayoría calificada en el Congreso, es decir, contar con dos tercios de los escaños de cada cámara para poder aprobar más fácilmente reformas constitucionales.
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En el pasado, sufrió duras derrotas políticas en sus intentos por modificar la Constitución en el Congreso. Pero tras los resultados del domingo, ya tiene dicho respaldo en diputados y está cerca de la de senadores.
Con eso fuera del mapa, AMLO busca ahora concretar importantes cambios. Si bien detalló que, debido al poco tiempo restante entre el inicio de la nueva legislatura y el cambio de mando, solo podrían iniciarse los procesos legislativos de las iniciativas que ya envió, consignó El Economista.
La lista no es menor. Presentadas ante el Parlamento el 5 de febrero de este año, las modificaciones se realizarían mediante 20 reformas, 18 constitucionales y dos de carácter legal, entre las que se incluyen una reducción del número de congresistas, la eliminación de siete organismos autónomos y, quizá la más polémica de todas, el cambio en el Poder Judicial.
Siguiendo la propuesta del mandatario izquierdista, jueces, ministros y magistrados serían elegidos vía elección directa, es decir, mediante el voto ciudadano. Todo esto, bajo el objetivo de “echar abajo el sentido de las leyes promulgadas en el periodo neoliberal”, añadió AMLO.
“¿Cuál es la que yo propongo? La elección, que el pueblo elija a los jueces y a los magistrados y a los ministros, y ahí es donde se puede llegar a un acuerdo”, lanzó. “Se puede matizar sobre los requisitos, pero que al final sea en elecciones libres, directas, en las que el pueblo decida quién debe ser juez, quién debe ser magistrado, quién debe ser ministro, después de conocer trayectorias y saber quiénes son los candidatos, mujeres y hombres”.
Pero el líder de Morena fue aún más allá. “No es posible mantener un Poder Judicial que no esté al servicio del pueblo, de la sociedad, que esté al servicio de una minoría y -a veces- de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco”, prosiguió.
En vista de que “no se puede pensar en la desaparición del Poder Judicial por una reforma constitucional y crear un nuevo Poder Judicial”, continuó, otra opción “es dejarles a los integrantes del Poder Judicial, que ese era mi propósito inicial, el que ellos impulsaran la reforma, pero no tuvimos éxito, no entendieron, siguieron sometidos a los poderes económicos y al poder político, no tuvieron la arrogancia de sentirse libres, demostraron su vocación de vasallos. Entonces esa vía no”.
Detalló que los matices sobre los requisitos se pueden discutir, “pero que al final sea en elecciones libres, directas, en las que el pueblo decida quién debe ser juez, quién debe ser magistrado, quién debe ser ministro, después de conocer trayectorias y saber quiénes son los candidatos, mujeres y hombres. Y hay gente buena en el Poder Judicial, no todo está podrido, pero, a ver, qué has hecho tú”, cerró.
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En segundo lugar, está la propuesta morenista de transformar a fondo el sistema electoral, lo que intentará por tercera vez. En la primera, no tuvo los votos necesarios, mientras que en la segunda, dividida en dos partes, cayó por inconsistencias en el trámite legislativo.
Básicamente, López Obrador propone desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) y reemplazarlo por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el que tendría mayor injerencia del Ejecutivo y, al mismo tiempo, mayores competencias. Entre ellas, el diario El País destacó que podría eliminar a diputados y senadores plurinominales, así como definir por voto popular la elección de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La arista más política -y controversial- guarda relación con que abre las puertas a las consultas populares, reduciendo al 30% la participación que se requiere para hacer de ellas una decisión vinculante. Además, la reforma constitucional también reduciría a la mitad el financiamiento a los partidos políticos mexicanos.
Otra de las grandes transformaciones polémicas es la que afecta directamente a parlamentarios. La reforma constitucional incluye la eliminación de 200 puestos de diputados federales plurinominales, junto con 64 asientos de senadores.
Para realizar cualquier modificación en la Carta Magna de México, ambas cámaras deben crear comisiones que analicen y, eventualmente, dictaminen su despacho a la sala, donde es discutida y votada por el pleno. Para lograr su aprobación, es necesaria una mayoría calificada de dos terceras partes de los presentes.
Posterior a aquello, la propuesta debe ser ratificada por la mayoría de las legislaturas de los estados, es decir, al menos 17 de las 32 entidades federativas, detalló Infobae. De obtener un resultado favorable, el Presidente de la República promulga la reforma y se publica en el Diario Oficial de la Federación, dando paso a su entrada en vigor.
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