Las razones tras la crisis en el oficialismo español por la “ley del solo sí es sí”

En España ya se siente el año electoral: el 28 de mayo se vienen las elecciones municipales y más de la mitad de las “autonómicas”, y a fin de año están previstas las generales. Por esto mismo, desde los partidos de derecha miran entusiasmados la crisis que, durante los últimos meses, ha enfrentado al PSOE y Podemos, las dos colectividades que lideran la coalición de gobierno, y que podrían terminar abandonando La Moncloa.

El conflicto en cuestión tiene que ver con la “ley de libertad sexual”, conocida como “ley del solo sí es sí”, que entró en vigencia en octubre del año pasado y cambió la tipificación de los delitos de abuso y agresión sexual, eliminando el primero y poniendo el foco central en el consentimiento de la víctima, y no en la existencia de violencia o intimidación en el delito.

Sin embargo, la nueva normativa terminó teniendo un efecto indeseado: gracias a un cambio en la “horquilla de penas”, o sea, la pena mínima y máxima por el mismo delito, muchos agresores sexuales condenados en España han podido acortar sus estancias en la cárcel, e incluso salir de esta.

La norma entró en vigor el pasado 7 de octubre, y hasta el momento se habla de 507 condenados por delitos sexuales que se han visto beneficiados por la norma. Esto, ya que la nueva ley, al eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, terminó dejando una “laguna legal” que los abogados de los condenados han aprovechado a su favor. El ejemplo más claro de esto es el cambio en las penas por violación, que antes era de seis a 12 años y ahora es de cuatro a 12 años.

Muy alejado de la intención inicial de la legislación, el efecto más notorio que ha tenido esta legislación es la excarcelación de 42 personas, según destaca el diario El Confidencial. Con este problema, las negociaciones para generar una reforma a la “ley del sí es sí” ya se prolongan por dos meses: por un lado, la ministra de Justicia, Pilar Llop, vinculada al PSOE, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, militante de Podemos.

Para el bando de Montero y Podemos, volver a introducir la violencia o intimidación en la nueva ley es desplazar el foco del consentimiento, lo que era el motivo central de la normativa. En tanto, Llop y los socialistas son de la idea de que especificar los supuestos de intimidación o violencia no cambia tal foco, ya que el artículo que habla del consentimiento se mantendría intacto.

Con las negociaciones en stand by entre ambas ministras, este lunes el PSOE terminó por presionar con una propuesta de reforma “propia” a la ley de libertad sexual, que modifica las penas en todos los supuestos de agresiones sexuales. Así, de aprobarse la reforma, se volvería al “marco de penas” anterior a la ley.

De las conversaciones entre el Ejecutivo, esta propuesta socialista termina por mover la discusión al Parlamento, donde de momento no cuenta con el apoyo de su principal socio, Podemos. La ministra de Igualdad, en una entrevista con la Cadena Ser, calificó esta propuesta como un retroceso: “Las feministas no hemos peleado un cambio de nombre (respecto a los delitos), sino porque no sea más creíble el testimonio de la víctima si tiene una herida más grande”.

En este sentido, Montero señaló que esta discrepancia con el PSOE supone volver a “la idea del calvario probatorio en el que la credibilidad de la víctima se basaba en si había habido violencia”.

Por su parte, en la misma radio la ministra Llop había comentado la necesidad de reformar esta ley, aunque valorando los avances que implica. “Es una gran ley, con medidas novedosas, y supone un gran avance. Es una norma pionera y será un referente y espejo para otros países. Hemos visto que en una pequeña parte, en la aplicación de las penas, los ajustes que han sido debido a este modelo que absorbe en un solo delito, ha supuesto un cambio la horquilla y ha cambiado las penas. Ha habido desajustes y en las revisiones se han bajado las penas”, detalló, asegurando que seguirá intentando convencer a sus socios de gobierno a reformarla.

“Es una reforma necesaria, porque hay que ajustar las penas. Que los delitos más graves se castiguen con una pena más grave y viceversa”, indicó Llop. Según la ministra de Justicia española, “ahora si se demuestra que hay violencia o intimidación, es muy sencillo probarlo, porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia”.

Esa última frase fue particularmente discutida por líderes de Podemos. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, tuiteó al respecto. “Si probar la violencia en una agresión sexual es tan sencillo, ¿por qué en el 2021 de 4.000 sentencias solo 500 mujeres pudieron probarla? Otra vez el foco en las mujeres, en cuánto nos resistimos, en si cerramos las piernas. Es el modelo de la manada, no el del consentimiento”, opinó Belarra, haciendo referencia al caso de la Manada, en el que cinco hombres violaron a una joven de 18 años en Pamplona, pero en un principio se les impuso una condena menor por abuso sexual.

En el PSOE, mientras tanto, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, “encargado” de las negociaciones parlamentarias, aseguró en una entrevista a Onda Cero que la “ley del solo sí es sí” era imperfecta, contradiciendo a Montero, que había insistido en otra entrevista en que “la ley está bien hecha”. “Con toda humildad, lo que está ocurriendo es que la ley es imperfecta”, aseguró Bolaños.

Ahora que las negociaciones y propuestas ocurren en el Parlamento, son los diputados del PSOE y de Podemos los que tienen que ponerse de acuerdo entre sí. De todos modos, y aprovechando la oportunidad de dividir la coalición gobernante, el derechista Partido Popular se ofreció a apoyar la reforma socialista si es que esta no consigue el apoyo de Podemos.

En miras a las elecciones generales, las últimas encuestas siguen dándole ventaja al Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo. Este lunes el sondeo Sigma Dos, realizado para el diario El Mundo, alargó la diferencia entre el PP por sobre el PSOE, dándole 133 escaños al partido de derecha: una fuerte subida considerando los solo 89 que sacó en los últimos comicios (toda la cámara la componen 349 diputados).

Así, el PP llega incluso a superar los escaños de la actual coalición PSOE-Podemos. Sin embargo, no sería suficiente para gobernar en solitario. De mantenerse estos números a fines de año, cuando sean las elecciones generales españolas, el PP necesitaría pactar para poder gobernar.

En eso entraría el partido de extrema derecha Vox, liderado por Santiago Abascal y que, según el mismo sondeo, obtendría 50 escaños. Con la alianza PP-Vox sumarían 183 escaños, pasando por encima de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Pero aún quedan meses para ver cómo se configura el escenario político español, y la primera pista de lo que pueda ocurrir en las generales será el 28 de mayo, con las elecciones autonómicas y municipales.