Lasso decreta la muerte cruzada en Ecuador para poner fin a su juicio político: disuelve el Congreso y convoca a elecciones

La mañana de este miércoles el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dio el paso que hace semanas se temía: en medio del proceso de juicio político en su contra, decretó la “muerte cruzada” con la que se disuelve la Asamblea Nacional. Este mecanismo, creado en la Constitución de 2008, permite al presidente llamar elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, siendo esta la primera vez que se aplica.

En una cadena nacional a primera hora, Lasso anunció la medida, luego de acusar al Congreso de estar constantemente desestabilizando su gobierno. Con esto, el proceso de impeachment que había empezado el martes termina abruptamente. Según el mandatario, el único proyecto político ha sido “la desestabilización de la democracia y el Estado”, y aseguró que la muerte cruzada “devolverá al pueblo la capacidad de decidir” sobre su futuro.

“A partir de hoy (miércoles), el gobierno expedirá una serie de decretos de ley que cumplan con el mandato expreso del pueblo”, expresó Lasso, que en los próximos días tendrá que anunciar la fecha de las próximas elecciones. En tanto, podrá gobernar por decreto durante seis meses.

Poco después de disolver la Asamblea el presidente firmó el primer decreto ley de urgencia económica que reduce impuestos a más del 99% de los contribuyentes, especialmente a la clase media, los negocios populares y los discapacitados, con la cual el Estado dejará de recibir “200 millones de dólares que quedarán en el bolsillo de los ecuatorianos”, dijo Lasso.

Tras su anuncio de la activación de la muerte cruzada, el presidente tuiteó: “He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE (Consejo Nacional Electoral) se convoque a elecciones. Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”.

En tanto, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, señaló que la decisión presidencial “le da al pueblo la oportunidad de ser actor nuevamente y con su voto tome las riendas de lo que debe pasar”. El ministro evitó responder si Lasso sería candidato a la presidencia.

Ahora el Consejo Nacional Electoral debe decidir la fecha de los nuevos comicios presidenciales y parlamentarias dentro de los siete días siguientes a la disolución de la Asamblea Nacional, los que deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 días, según la BBC. Los ganadores de esos comicios completarán el actual período presidencial y legislativo, que termina en mayo de 2025.

La disolución de la Asamblea se produjo en momentos en que el Legislativo, dominado por una coalición integrada por Unión por la Esperanza (Unes) del expresidente Rafael Correa, el Partido Social Cristiano (PSC) y el de los indígenas Pachakutik sometía a un juicio político a Lasso para su destitución por supuesta malversación de fondos.

Los distintos sectores políticos de la oposición reaccionaron de manera distinta, aunque en su mayoría anunciaron un acatamiento de la medida. La bancada correísta de Unes, la más numerosa del Congreso, se reunió en la sede del movimiento Revolución Ciudadana, desde donde aseguraron que “no impulsarán ningún tipo de acciones contra la muerte cruzada”.

De todos modos, señalaron que se trató de una medida ilegal por parte del presidente, y que respecto al juicio político “ya contaban” con los votos para destituir a Lasso. Además, declararon que no apoyarían la demanda de inconstitucionalidad que está proponiendo el Partido Social Cristiano, uno de sus aliados.

Blasco Luna, hoy “exasambleísta” de la bancada, reconoció que se trata de “una salida democrática y constitucional a la grave crisis que vive el Ecuador”. “Nuestra posición ha sido firme en ese sentido y público: si es que el primer mandatario ha decretado la muerte cruzada, nosotros no nos aferramos a nuestros cargos. Lo que buscamos es una salida democrática para el país y que se pueda tener un nuevo gobierno que pueda atender las demandas de la ciudadanía”, consideró.

Algo parecido indicó el expresidente Rafael Correa, líder de la oposición, desde Bélgica: “Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna ‘conmoción interna’. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la GRAN oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria”.

Desde Pachakutik, otro de los partidos de oposición importantes, la exlegisladora Isabel Enríquez señaló que “toma con tranquilidad” la decisión de Lasso. ”El Presidente lo tenía como un as bajo la manga. Todo el mundo lo conocía, me imagino que anoche (martes) escuchó todas las intervenciones hasta el final y decidió la muerte cruzada”, declaró a El Comercio.

Por su parte, en el Partido Social Cristiano se presentó un comunicado, firmado por sus líderes, en que anunciaron que pedirían a la Corte Constitucional que analice el decreto del presidente, y una posible ilegalidad de este. Según el exasambleísta Jaime Nebot, no existiría la “grave crisis política y conmoción interna” que justifique la muerte cruzada. “En lo político y en la práctica, el presidente se ha declarado dictador, aunque sea por corto tiempo”, argumenta su comunicado.

En tanto, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), actor importante en las movilizaciones de 2019 y 2022, Leonidas Iza, señaló: “Al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de Policía y FF.AA., sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura”.

Luego de una reunión entre las bases de la Conaie, Iza no convocó a movilizaciones, pero llamó a los asambleístas a “garantizar la continuidad” del juicio político contra el mandatario. “Con Guillermo Lasso el Ecuador no tiene futuro. Solo hay miedo, incertidumbre y fracaso”, aseguró.

Si en un primer momento se temió que hubiera un desacato generalizado del decreto de muerte cruzada, la mayoría de los actores políticos han optado por aceptar la disolución del Congreso. De todos modos, a eso de las 7 de la mañana, las Fuerzas Armadas desalojaron a los funcionarios que estaban al interior de la Asamblea Nacional. Después, los uniformados empezaron a instalar vallas fuera del Congreso, e impidieron el ingreso de otros funcionarios.

A través de un video, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas expresó que respaldarían la “decisión constitucional” de Lasso. Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto, aseguró que “mantienen y mantendrán su posición de absoluto respeto a las leyes”. Asimismo, Proaño recordó que tanto las Fuerzas Armadas como Policía ecuatoriana son “instituciones obedientes y no deliberantes”. “Pero al mismo tiempo estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia”, enfatizó.

El Comité Empresarial de Ecuador, que integra a la mayoría de los gremios industriales del país, reconoció en un comunicado la disolución de la Asamblea como un mecanismo constitucional y llamó a la paz y estabilidad.

Según analistas citados por el diario quiteño El Comercio, el correísmo “inicia con ventaja” en la futura carrera electoral. “El resto de partidos, como el Social Cristiano y Pachakutik, primero deben solucionar sus conflictos internos”, apuntó.

Mientras Marlon Santi, coordinador nacional saliente de Pachakutik, movimiento político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, descartó alianzas para eventuales presidenciales en elecciones anticipadas, Esteban Torres, exlegislador y exvicepresidente de la Asamblea Nacional, afirmó que, si se mantiene el escenario de elecciones anticipadas, el Partido Social Cristiano tendría como candidato presidencial al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

El diario El Universo destacó que desde el retorno a la democracia en Ecuador, en 1979, Lasso es el séptimo presidente en no terminar su mandato de manera “normal”. Junto con recordar que es la primera vez que un mandatario del país utiliza la figura de la muerte cruzada, el medio apuntó que también aplica una figura constitucional que le permite la reelección.