Lasso se defiende en Asamblea Nacional durante juicio político y alistaría activación de “muerte cruzada”

Este martes, el Presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, compareció frente a la Asamblea Nacional, en medio del proceso de juicio político que viene enfrentando, y que tendrá su momento definitorio, se supone, en 72 horas. En este tiempo, los congresistas tienen plazo para “reflexionar” y dar su voto a favor o en contra de la “censura y destitución” del mandatario, al que se le acusa de “peculado”, o sea, malversación de fondos.

Pero frente a cómo se configuren los votos, que tienen que ser 92 de 137 a favor para destituir a Lasso, el presidente tiene un contraataque listo en su escritorio para firmarlo: el decreto de “muerte cruzada”, por el cual tiene la autoridad para disolver el Congreso, convocar a elecciones y gobernar durante los próximos meses a través de decretos.

Las negociaciones continúan entre los partidos oficialistas y de oposición, y esta semana promete ser clave para el futuro de la democracia ecuatoriana.

Fue el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, que confirmó a los medios en una entrevista la “amenaza” de Lasso: tiene listo el decreto para la aplicación de la “muerte cruzada”, y será el presidente quién decida cuándo y cómo se usará. “Esa opción siempre se ha considerado, pero esa es una decisión del Presidente. Está listo”, indicó Ortiz.

La Constitución ecuatoriana establece tres causales para que el presidente pueda declarar una muerte cruzada: si la Asamblea se arroga funciones que no le competen, si esta obstruye de manera reiterada e injustificada la ejecución del Plan Nacional del Desarrollo, y en caso de “una grave crisis política y conmoción interna”.

La declaración de Ortiz puede leerse como una amenaza directa a los congresistas, que este martes expusieron sus argumentos y tendrán unos días para votar a favor o en contra de la destitución de Lasso. Daniel Zovatto, el director regional del Instituto IDEA, comenta la situación en Ecuador: “Escenario de mucha tensión e incertidumbre. Cualquier cosa puede pasar”.

“El gobierno decretará la muerte cruzada si ve riesgo de destitución, pero la mayoría en la Asamblea ha anunciado que no lo acatará. Argumentan que carecería de eficacia por encontrarse en medio del juicio, lo que no tiene base legal. De cualquier forma, según la Constitución, la votación del juicio se dará 72 horas después de la sesión de este martes, así que la tensión se prolongará”, pronostica el experto.

La parlamentaria Yeseña Guamaní, de Izquierda Democrática, declaró en esa dirección: “Si Guillermo Lasso decreta la muerte cruzada no la vamos a acatar, es ilegal e inconstitucional”. De todos modos, en medio de las negociaciones y tensión en la Asamblea Nacional, la legisladora señaló que “no puede asegurar” que existan los 92 votos necesarios para la censura.

Desde la OEA, en tanto, pidieron que se le ofrezcan “todas las garantías de justicia” a Lasso, y que se respete el debido proceso en el juicio político. A través de un comunicado, la Secretaría General del organismo enfatizó que el principio que debe regir en el proceso es el del “respeto a los mandatos constitucionales”, y sobre todo el del voto popular cuando se elige a un presidente.

Pasada las 13.20 de este martes y tras las acusaciones pronunciadas por los asambleístas Viviana Veloz, del partido Unión por la Esperanza (UNES), y Esteban Torres, del partido Social Cristiano, que confirman una mayoría opositora en la Asamblea, Lasso ingresó al hemiciclo legislativo junto con su esposa y delegados de su bancada. Su intervención duró 49 minutos y no hizo uso de las tres horas que tenía facultado, según la ley.

En su alocución, Lasso aseguró que no hay pruebas de presunta corrupción en una empresa estatal al defenderse de la acusación de los legisladores. Afirmó que durante su gobierno la compañía Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) no firmó ningún contrato ni se modificó ningún decreto o ley, pero advirtió que “si algún funcionario violentó las normas que debía cumplir o si usó su cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros, sólo espero que la justicia lo sentencie con la pena más dura”.

“Lo único que hay son informaciones que evidencian mi total, evidente e incuestionable inocencia”, dijo Lasso. Agregó que en el juicio político se ha violado el debido proceso, porque los acusadores advirtieron que, por no tratarse de una investigación penal, no deben probar el delito que presuntamente se cometió.

El mandatario señaló que respeta el rol fiscalizador de la Asamblea, pero acusó a la oposición de haber abandonado su tarea legislativa. “Ustedes ahora son antilegisladores de la República, porque no crean leyes, sino que las destruyen, no afianzan normas, sino que las debilitan, las desgarran, las ultrajan (...) Yo los acuso, porque jamás, a lo largo de este juicio, intentaron acercarse a la verdad, sino meramente al poder. Yo los acuso de intentar destruir la credibilidad no de esta presidencia, sino de la democracia misma”, denunció.

Este juicio político llega en un momento particularmente débil del Presidente Lasso, que lleva dos de sus cuatro años de mandato. El 5 de febrero sufrió una derrota electoral, luego de que el gobierno perdiera un referéndum para reformar la Constitución. En las últimas elecciones locales, mientras tanto, el “correísmo” (por el expresidente Rafael Correa) fue el gran ganador.

Desde el diario El Universo se publicó un editorial en el que se argumentó en contra de una posible destitución: “El Presidente Guillermo Lasso ha tenido errores y aciertos, como todos los gobiernos, y este diario los ha destacado puntualmente. Pero la democracia no es un sistema que sancione los errores de los gobernantes defenestrándolos, porque ese remedio sería muchísimo peor que la enfermedad y porque la democracia nos ofrece una herramienta mucho más efectiva para rectificar el rumbo de los gobernantes: el voto en las urnas”.

Respecto del juicio político, el editorial señala: “La destitución del presidente se verá gravemente empañada por la forma errática y tormentosa con que se la preparó. Los asambleístas cambiaron cuatro o cinco veces el motivo por el que supuestamente se justificaba la destitución, y aun hoy ni ellos mismos parecen tener claro cuál sería la razón principal. Luego indujeron a error a la Corte Constitucional, mencionando unas pruebas que nunca existieron. Los asambleístas tampoco respetaron los límites que la corte impuso para el desarrollo del juicio”.

El juicio político contra Lasso se suma a otros cinco que desde 1932 ha desarrollado el Legislativo: tres contra presidentes y dos contra vicepresidentes. El último proceso de este tipo se realizó en 1995 contra el entonces vicepresidente Alberto Dahik, por mal uso de gastos reservados. De llegar a terminar el actual proceso en una destitución, sería la primera vez que ocurra esto desde que se promulgó, en 2008, la vigente Constitución ecuatoriana.