Manifestantes marchan en Perú para pedir la renuncia de presidenta y el cierre del Congreso

Miles de personas comenzaron el miércoles a protestar en Perú exigiendo la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, con algunos enfrentamientos con la policía en una zona andina del país atrapado de constantes conflictos sociales.

En la capital de Perú, edificios públicos como las sedes del Palacio de Gobierno y del Congreso fueron protegidos con rejas metálicas, los manifestantes desfilaban por algunas calles de la ciudad con pancartas alusivas a sus demandas, con incidentes con las fuerzas de seguridad que comenzaron a recrudecer durante la jornada.

En las carreteras Panamericana norte y sur de Lima, foco de anteriores bloqueos, policías con escudos de plástico vigilaban el traslado normal de vehículos. El organismo supervisor de transporte terrestre mostró siete bloqueos de carreteras, principalmente en las regiones de Arequipa y Cusco, en el sur.

En la zona andina de Huancavelica manifestantes prendieron fuego a la puerta de la prefectura de la ciudad, que la policía logró apagar a tiempo y luego dispersar la protesta con bombas lacrimógenas, según imágenes de la televisión local

“Las manifestaciones serán contundentes en todo el país, con marchas pacíficas porque no buscaremos una confrontación con la policía”, dijo más temprano Jorge Pizarro, vocero de la Asamblea Nacional de los Pueblos, uno de los promotores de la protesta.

En las anteriores protestas, que comenzaron en diciembre tras la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, murieron 67 personas en enfrenamientos y bloqueos de carreteras.

Las demandas en las protesta, convocadas por grupos de izquierda y sindicatos, son casi las mismas: la expulsión de Boluarte, el cierre del Congreso dominado por partidos de derecha, elecciones anticipadas y una nueva Constitución.

La policía ha informado del despliegue de 24.000 agentes en toda el país minero, de los cuales 8.000 vigilarán la capital ante lo que los organizadores llaman “La tercera toma de Lima”.

Representantes de ONG ambientalistas han afirmado que las protestas contarán con el apoyo de comunidades que viven cerca de una carretera que usan importantes minas en los Andes de Perú, el segundo productor mundial de cobre.

En Arequipa, la segunda región en importancia de Perú, en el sur del país, las autoridades han suspendido las clases presenciales. La misma medida se anunció para la región turística de Cusco y la de Tacna, en la frontera con Chile.

Asimismo, en los aeropuertos de Lima, Arequipa, Cusco y Puno -que sufrieron ataques a inicio de año- sólo se permitía el ingreso a las personas con sus boletos de embarque y documentos de identidad, para garantizar la seguridad de los viajeros.

El Gobierno, que afirma que las protestas son una “amenaza” para la democracia, ha extendido el estado de emergencia en zonas claves del país, una medida que permite a la policía y el Ejército vigilar las regiones en conflicto.

Boluarte, cuya aprobación está en mínimos según varias encuestas, es investigada por la fiscalía por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” por las muertes en las protestas de principios de año.