Masacres y ejecuciones extrajudiciales: el duro informe de la CIDH sobre la situación de DD.HH. en Perú durante las protestas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el miércoles su informe final sobre la situación de los derechos humanos en las protestas sociales contra el gobierno de la Presidente de Perú, Dina Boluarte, e indicó que el Ejército y la policía de ese país habrían cometido masacres, ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones de los derechos humanos, así como hecho un uso desproporcionado y letal de la fuerza.

Las masivas protestas en Perú empezaron poco después de que Boluarte reemplazó en la presidencia al ahora encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido el 7 de diciembre por el Parlamento, tras intentar disolver el Legislativo sin lograrlo e instaurar un gobierno de facto.

El informe se limitó a los hechos ocurridos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, y para su elaboración trabajaron con entrevistas e información recibida en terreno e información complementaria posterior a la visita, en su mayoría de fuentes oficiales. El reporte señaló que estas violaciones ocurrieron en varias zonas de Perú, pero enfocó su investigación en las ciudades de Ayacucho y Juliaca, donde se produjo la mayor cantidad de muertos durante las manifestaciones ocurridas entre diciembre y febrero.

En su análisis, la CIDH observó que las protestas que se iniciaron el 7 de diciembre de 2022 tienen demandas políticas explícitas y coyunturales. No obstante, en su base existen exigencias de comunidades campesinas y pueblos indígenas que deben ser atendidas por el Estado, sostuvo el reporte. Entre ellas se encuentran el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación, mayor representación política, consulta previa sobre proyectos extractivos y la distribución equitativa de la riqueza que estos generen.

En las protestas que se produjeron desde el 7 de diciembre de 2022 se registraron situaciones de violencia no protegidas por el derecho a la protesta. Sin embargo, la CIDH observó que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que se registraron graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos.

De la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones, así como por la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad, sostuvo el reporte.

La CIDH sostuvo que el 15 de diciembre, en la ciudad de Ayacucho, al ser “perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”.

Ese día, soldados del Ejército dispararon sus fusiles contra manifestantes que intentaban ingresar al aeropuerto de Ayacucho provocando la muerte de 10 civiles por proyectiles de arma de fuego en órganos vitales del cuerpo, según las necropsias.

La CIDH añadió que recibió testimonios que indican que también hubo disparos del Ejército fuera del aeropuerto, “ya no en un operativo de defensa, sino de carácter persecutorio... que impactaron a transeúntes, adolescentes, así como a personas que huían de los enfrentamientos o que auxiliaban a heridos”.

Asimismo, el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que protege los derechos humanos indicó que el 9 de enero en la ciudad de Juliaca murieron 18 civiles -incluidos manifestantes, un médico brigadista y una adolescente transeúnte- “en circunstancias que podrían ser caracterizadas como una masacre. Todos murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen de las víctimas”.

La CIDH destacó que las protestas “han sido protagonizadas, en su mayoría, por pueblos indígenas y comunidades campesinas”, principalmente del sur, teniendo su epicentro inicial en Apurímac, Ayacucho, Puno y Arequipa, regiones en las que se han registrado el mayor número de víctimas.

El informe indicó que en la base de la protestas “hay justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas, como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, así como mayor representación política”.

La CIDH también percibió una “fuerte tensión entre Lima y las regiones especialmente del sur del país, donde predomina la población indígena y campesina”, y añadió que existe “una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a indígenas y campesinos como ‘terroristas’, ‘terrucos’, ‘senderistas’, ‘cholos’ o ‘indios’, entre otras formas despectivas”. Agregó que “estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional”.

En sus conclusiones, el organismo señala, además, que la superación de la crisis en el Perú requiere de un diálogo amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad sean representados. Igualmente, formula recomendaciones en materia de diálogo y superación de la crisis; seguridad ciudadana; reparación y atención a víctimas de violaciones de derechos humanos; lucha contra la impunidad; institucionalidad democrática, y libertad de expresión, reunión y asociación.

Acompañada de sus ministros de Estado y con la participación virtual del primer ministro, Alberto Otárola, a quien hace unos días se le diagnosticó Covid-19, Boluarte indicó que no comparte algunos cuestionamientos que consigna el informe de la CIDH, aunque aseguró que su gobierno los respeta.

“Como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos, aún viniendo de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos, como es la comisión. De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la clasificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, indicó la mandataria.

“El Estado peruano lamenta la pérdida de vidas humanas ocurridas en el marco de las protestas y los actos vandálicos. Lo he señalado en numerosas oportunidades y lo reitero hoy día. Es triste haber perdido la vida de los compatriotas. Somos conscientes de la importancia de conocer lo sucedido y evitar que actos similares vuelvan a ocurrir”, añadió.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, citadas por The Associated Press, las protestas dejaron 49 civiles muertos por la acción de las fuerzas de seguridad. Otros 11 civiles fallecieron en accidentes de tránsito u otros hechos ligados a los bloqueos de vías por los manifestantes. Siete uniformados también perdieron la vida. Los heridos tras las confrontaciones suman 1.785, siendo civiles los casos más graves y mayoritarios.

Antes de este informe se han presentado otros, incluidos los de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han coincidido en el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad.

Boluarte y el Parlamento gozan de escasa popularidad en Perú, según todas las encuestas. Un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en el diario La República indicó el 30 de abril que el 79% de los consultados desaprueba a la mandataria, mientras que el 90% rechaza al Congreso.