Obispo nicaragüense es sentenciado a 26 años de cárcel tras negarse a viajar con presos políticos a EE.UU.

La justicia nicaragüense condenó el viernes al obispo católico Rolando Álvarez a una pena de 26 años y cuatro meses de cárcel y le quitó su nacionalidad, según fuentes oficiales en Managua, un día después de que el líder religioso se rehusara a volar el jueves a EE.UU. con los otros 222 presos políticos liberados.

La condena impuesta por el magistrado Octavio Ernesto Rothschuh, de la corte de apelaciones de Managua, es la más larga aplicada a disidentes y críticos del gobierno del presidente Daniel Ortega en los últimos dos años.

Álvarez fue detenido en agosto junto a otros sacerdotes y ciudadanos. Ortega dijo el jueves por la noche que Álvarez se había negado a abordar el avión con destino a Washington sin antes consultarlo con otros obispos. Ortega lo consideró como “absurdo”.

El mandatario nicaragüense indicó que Álvarez, que estaba hasta ese momento bajo arresto domiciliario, fue trasladado a la cárcel cercana de Modelo. Su sentencia estaba programa para la próxima semana.

Álvarez era uno de las figuras religiosas más destacadas que aún permanecía en Nicaragua en un contexto de aumento de la represión de Ortega contra la oposición.

La condena de prisión al líder católico se dio a conocer un día después de la liberación de 222 disidentes, considerados presos políticos, que volaron a Washington el jueves.

Las sanciones de Estados Unidos y las críticas públicas al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, venían incrementándose poco a poco desde hacía meses, pero tanto funcionarios estadounidenses como nicaragüenses dicen que la decisión de poner a 222 disidentes en un avión con rumbo a Washington fue repentina.

Para Ortega son terroristas. Financiados por gobiernos extranjeros, trabajaron para desestabilizar a su gobierno después de que estallaran enormes protestas callejeras en abril de 2018.

Nicaragua tenía una lista de 228 prisioneros que quería sacarse de encima. Estados Unidos quitó a cuatro de ellos de la lista y luego dos más se negaron a subir al avión el jueves, dijeron funcionarios de ambos países.

Emily Mendrala, la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del departamento de Estado, enfatizó el viernes en una rueda de prensa telefónica que fue una decisión de Nicaragua.

“Puede ser que la presión de estas sanciones tuvieron un impacto, pero fue una decisión unilateral”, dijo Mendrala en español. “No había ninguna negociación y Nicaragua no pidió nada”.