Oficina de DD.HH. de la ONU pide a Perú garantizar “derecho a la reunión pacífica” tras denuncias de detenciones arbitrarias durante protestas

La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en América del Sur manifestó su preocupación por la “información inquietante” que está recibiendo respecto al actuar policial durante las manifestaciones y protestas que se han desencadenado en Perú tras la destitución de Martín Vizcarra.

Perú debe garantizar el derecho a la reunión pacífica, afirmó este jueves Jan Jarab, Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur.

En ese sentido, el organismo emplazó a las autoridades peruanas a asegurar que no se interpongan obstáculos que puedan restringir arbitrariamente el derecho a la reunión pacífica u otros derechos humanos. "La policía tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones, absteniéndose de utilizarla de manera ilegal, excesiva o arbitraria. Las escopetas con munición potencialmente letal pueden ser utilizadas solo para hacer frente a una persona que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, no para dispersar manifestantes”, recordó el representante.

Jab aseguró que “nuestra Oficina ha podido constatar casos de detenciones realizadas por policías vestidos de civil sin identificarse como tales" y llamó a las autoridades de dicho país a “poner fin a este tipo de procedimientos, incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos".

Además, reiteró que las personas detenidas tienen derecho al debido proceso, lo que incluye la presencia de su representante legal desde el momento de la detención y la notificación a sus familiares.

En ese sentido, la oficina de DD.HH. de Naciones Unidas en la región manifestó su preocupación por el caso de Carlos Rodríguez, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quien estuvo privado de libertad durante 17 horas. “Con su labor, el Sr. Rodríguez vela porque se garantice el derecho de las personas detenidas a la defensa legal. Insto a las autoridades a que la investigación en su contra se realice de forma independiente, imparcial y teniendo en cuenta su rol como defensor de derechos humanos", agregó Jab.

También consideró alarmantes las agresiones contra al menos 16 trabajadores de medios de comunicación mientras desempeñaban su labor en medio de las protestas, según reportó la Asociación Nacional de Periodistas de Perú.

Además, la entidad señaló que le resulta problemático el uso de sanciones administrativas como multas contra manifestantes por infracciones de la norma sanitaria. Su representante aseguró que “no se puede mantener suspendido de forma permanente un derecho fundamental sin considerar medidas que permitan ejercerlo, cumpliendo con los requisitos sanitarios".