Protestas en Italia por entrada en vigencia del pasaporte sanitario obligatorio para trabajadores: multas llegan hasta los 1.700 dólares

Las principales ciudades de Italia han sido escenario de manifestaciones y paros pacíficos para protestar contra la entrada en vigor este viernes del pasaporte sanitario obligatorio en los lugares de trabajo.

Barricadas a la entrada de puertos, entre ellos los de Génova y Trieste, al norte, entre los más importantes y estratégicos del país, fueron levantadas durante algunas horas de la jornada.

También el transporte por carretera se ha visto perjudicado ya que cerca del 30% de los 900.000 conductores, mensajeros y personal en almacenes no está vacunado, según el representante de la organización empresarial Confetra, Ivano Russo.

Unos 300 operadores montaron piquetes a la entrada del puerto de Génova (noroeste) para evitar que los camiones ingresaran, comprobó un fotógrafo de AFP.

“Hoy está muy difícil descargar mercancía. Yo sí estoy vacunado”, aseguró Marco, un camionero de 50 años.

En Trieste (noreste), “el puerto funciona” a pesar de las manifestaciones contra el pasaporte sanitario, aseguró el presidente de la región Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

“Por supuesto que hay algunas dificultades en algunos puntos, pero funciona”, explicó. Lo mismo ocurre en Nápoles y en los puertos del Adriático, en particular en Bari y Brindisi.

En Venecia, la red de transporte fluvial de “vaporettos”, funcionaba normalmente, al igual que el transporte público en Roma o Milán.

En Settala, cerca de Milán, unos treinta empleados impidieron el acceso a los locales de la empresa de entrega rápida DHL.

A mitad jornada, el seguro social italiano recibió un aumento del 23% de bajas por enfermedad.

En Roma, miles de personas se concentraron en las horas de la tarde en la explanada del Circo Máximo para un acto pacífico, con algunos que repartían rosas a las fuerzas del orden, como gesto simbólico.

“Es absurdo, anticonstitucional y contra todo reglamento de Europa”, sostuvo Andrea, dueño de una farmacia.

Según la ley adoptada por el gobierno de coalición liderado por Mario Draghi, todo empleado que no se haya vacunado, salvo aquellos que hayan tenido Covid-19 recientemente, deben presentar a la entrada de sus lugares de trabajo una prueba negativa de coronavirus, pagada por él, ya que en caso contrario puede ser declarado ausente y verse privado de su salario.

Si el empleado logra entrar a su lugar de trabajo sin el pasaporte sanitario puede ser objeto de una multa de hasta 1.500 euros (1.700 dólares).

Dos asesores regionales de Lazio, la región de Roma, se encerraron en su oficina desde el jueves por la noche para reclamar “el derecho al trabajo”. “Pasamos la noche aquí. Continuamos con la ocupación”, declararon en Facebook.

Se trata de grupos relativamente minoritarios ya que más del 85% de los italianos mayores de 12 años han recibido al menos una dosis de la vacuna, y sólo cerca de tres millones, de más de 23 millones de trabajadores, no se han vacunado y corren el riesgo de que se les niegue el acceso a sus lugares de trabajo.

Para incentivar la vacunación, el gobierno anunció hace un mes, con el apoyo de los partidos de la coalición, la obligación de presentar el pasaporte Covid.

Ante la exigencia, unos 560.000 nuevos certificados de la vacunación fueron expedidos el miércoles, dos días antes de la fecha límite.

Draghi quiere evitar el riesgo de nuevos brotes del virus y confinamientos en Italia, uno de los países europeos más afectados por la pandemia, con más de 130.000 muertes y una caída del PIB del 8,9% en 2020.

La campaña de vacunación lanzada en diciembre del año pasado ha logrado contener los contagios y se calcula que la tercera economía de la zona euro crecerá de un 5,8% este año, según las previsiones del FMI.

“Es el único instrumento que garantiza que los lugares de trabajo sean seguros”, explicó por su parte Carlo Bonomi, presidente de los industriales.