Reabren caso de asesinato racista tras 63 años en EEUU

Estados Unidos reabrió la investigación sobre el brutal asesinato del joven negro Emmett Till, ocurrido en 1955 en el estado de Mississippi, un caso que dio impulso al movimiento de lucha por los derechos civiles. En un informe remitido al Congreso, el gobierno informó que volvía a reabrir las pesquisas "tras recibir nuevas informaciones".

El joven Emmett Till, de 14 años y residente de Chicago, fue secuestrado el 28 de agosto de 1955 cuando estaba de visita en la casa de su tío en una zona rural del estado de Mississippi. Su cuerpo mutilado fue encontrado tres días después por pescadores en el río Tallahatchie. Las fotografías de su cadáver causaron un fuerte impacto en todo el mundo después de que su madre decidiera que su ataúd estuviera abierto durante el funeral para que se conociera la brutalidad de los hechos.

Dos anglosajones, Roy Bryant y su medio hermano J.W. Milam, ya fallecidos, fueron acusados pero finalmente resultaron absueltos de este homicidio por un jurado integrado exclusivamente por personas de raza blanca. Un estatuto de limitaciones vigente durante los años del asesinato del joven negro estipulaba que cualquier delito federal expiraba al cabo de cinco años, pero que un delito estatal podría ser llevado de nuevo ante la Justicia.

En 1956, la revista Look publicó una historia sobre el asesinato de Till en el que Milam admitió que él y Bryant lo mataron debido a que la víctima había piropeado con un silbido a una joven blanca, Carolyn Bryant, en una tienda.

En 2004, la causa se reanudó tras la emisión de un documental, que indicaba que otras siete personas podrían haber estado involucradas en el secuestro de la víctima, pero un jurado rechazó nuevas imputaciones al considerar que el plazo había caducado. Carol Bryant confesó en el libro "The Blood of Emmett Till" que mintió sobre el incidente de la tienda: "Nada de lo que hizo el chico justifica lo que le pasó", dice en la obra. En 2008, el entonces Presidente, George W. Bush, firmó una ley que tenía como objetivo permitir la reapertura de las pesquisas sobre atentados contra los derechos civiles pese a que hubieran expirado.