Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de DD.HH.: “La independencia judicial es uno de los grandes temas del momento”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará entre este lunes y el viernes en Santiago su 157° período ordinario de sesiones, tras una invitación realizada por el Estado de Chile. “Para nosotros es muy importante, porque es la oportunidad de dialogar y conocer la realidad interna de cada país respecto al cual uno está tomando decisiones permanentemente”, comenta a La Tercera el presidente de la entidad, el juez uruguayo Ricardo Pérez Manrique.

Durante esta semana la Corte IDH realizará tres audiencias públicas de casos contenciosos y se realizarán audiencias privadas, así como una visita de supervisión de cumplimiento de sentencias. Además, está programado un seminario público para este lunes en la Casa Central de la Universidad de Chile.

En la siguiente entrevista, Pérez Manrique se refiere a las situaciones que preocupan a la Corte IDH, como el respeto a los derechos humanos en determinados países de la región y el tratamiento de fenómenos como la migración y el crimen organizado.

Usted asumió el cargo en enero de 2022. En cuanto a la protección de los DD.HH. en la región, ¿cuál es su evaluación del estado actual? Se lo pregunto porque en diciembre pasado dijo que existía “una deriva en algunos países muy preocupante”.

A fines de marzo estuvimos en Washington en una reunión con el Comité Permanente de la OEA, donde hicimos ver la preocupación de la corte, por ejemplo, por la situación de los derechos humanos en Nicaragua, país que fue declarado en estado de desacato respecto de las resoluciones de la corte. Entonces allí lo que nosotros hicimos fue solicitar a los países de la OEA que asuman lo que se denomina la garantía colectiva, es decir, su responsabilidad como estados miembros del sistema respecto de países que, como en este caso, incumplen los derechos humanos y la sentencia de la corte. Entonces ese es un caso extremo, pero hay otras situaciones que preocupan por el tema de la deriva autoritaria en el sentido de que los derechos humanos frente a determinados intereses de algunos gobiernos pasan a un segundo plano o no son considerados.

Con Nicaragua en situación de desacato, ¿qué opciones le quedan a la corte frente a hechos tan graves, por ejemplo, como el despojo de la nacionalidad de 317 nicaragüenses opositores o críticos del gobierno de Daniel Ortega?

Nicaragua está en una situación en que ha denunciado la Carta de la OEA y ha anunciado que se va a separar de la organización. De acuerdo a la propia Carta de la OEA, hay un período de dos años para que sea efectiva esa denuncia, pero, a su vez, Nicaragua está ligada con el resto de los países de la región por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la que crea la Corte Interamericana, y Nicaragua ha reconocido la competencia de la corte para resolver en eventuales violaciones a los derechos humanos. Nicaragua no ha denunciado la Convención Americana, por lo tanto, sigue ligada y obligada a la Convención. Cuando hay reiterados incumplimientos, como es en este caso, el artículo 65 de la Convención Americana establece que la corte debe comunicar a la OEA esta situación para que el resto de países del sistema tome decisiones que ya son de tipo político, que reconoce una amplísima gama de posibilidades, inclusive una de las posibilidades es la expulsión del sistema.

En diciembre usted también dijo que le inquietaba la seguridad de las personas en Perú, de cara a las protestas tras la destitución del Presidente Pedro Castillo. ¿Cómo evalúa la gestión en ese sentido de la Presidenta Dina Boluarte, quien ha sido cuestionada por la represión de las manifestaciones que se saldaron con decenas de muertos?

Nosotros en ese momento manifestamos preocupaciones por esa situación. Lo que hay que indicar es que allí hubo una intervención del sistema interamericano, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó misiones de visitas in loco, es decir, visitas inspectivas en Perú. Sé que tuvo diálogos con el gobierno, con la sociedad civil, etc. y estamos a la espera de cuál es la reacción de la Comisión Interamericana sobre eso. Entonces hay un órgano del sistema que está trabajando el tema. Nosotros solamente trabajamos el tema cuando nos presentan una solicitud de medida provisional, o sea, una medida cautelar frente a una violación que es grave, urgente y que puede generar daños irreparables, o de lo contrario cuando nos presentan un caso en que normalmente pasa un tiempo entre la violación y la presentación del caso. Pero en este tema, vuelvo a repetir, nosotros manifestamos nuestra preocupación como corte.

En el marco de su reciente visita a EE.UU., el Presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó su deseo de que Venezuela y Cuba vuelvan al entrar al Sistema Interamericano de DD.HH. ¿Le parece bien?

A mí me parece que el sistema interamericano se ha visto enfrentado a los riesgos de países que, por distintos motivos, se han alejado del sistema. Más allá de la situación jurídica de Cuba, si está suspendida o no, en fin, ahí hay todo un debate interno en la OEA. Lo cierto es que Venezuela se ha desvinculado formalmente del sistema, y yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo para que vuelvan aquellos países que se han ido, y para incorporar países que, por ejemplo, sin perjuicio de estar en el sistema interamericano, estoy hablando de los 14 países del Caribe, hay 10 países de ellos que no han suscrito la Convención Interamericana, ni por supuesto aceptan la competencia de la corte.

¿Qué condiciones deberían cumplir Cuba y Venezuela para reintegrarse?

Las condiciones son las del sistema, las condiciones que hay para cualquier país que ingresa al sistema, y ahí hay documentos muy importantes del sistema, cito por ejemplo la Carta Democrática Interamericana, que exige determinada forma de organización del Estado a nivel interno y un nivel mínimo de garantías y de respeto por los derechos humanos.

En la última década se habla del lawfare o judicialización de la política en América Latina, como ha sido el caso de Lula, Rafael Correa y Cristina Kirchner, quienes han denunciado una supuesta persecución judicial. ¿Cómo observa ese fenómeno? ¿Cuánto afecta la independencia de los poderes judiciales en la región?

Es un tema complicado desde la propia concepción de esa figura. Esa figura supone que frente a un cambio de gobierno hay una suerte de acuerdo entre sectores políticos y la integridad del sistema judicial para perjudicar a quienes habían estado en el gobierno hasta entonces. Es un tema sobre el cual no me pronuncio en sí, pero lo que sí advierto es que, en general, cuando ha habido gobiernos muy cuestionados en los países, en general el cambio de gobierno supone una judicialización de actos del gobierno anterior. Y esto va más allá de la orientación política de cada gobierno. Y acá el elemento fundamental que hay es realmente la garantía esencial del Estado democrático de derecho, que es la existencia de un sistema judicial independiente, imparcial y probo. Para mí las tres características fundamentales de cualquier sistema judicial son actuar con independencia, actuar con imparcialidad y actuar con probidad. Los relatores sobre independencia de los magistrados, todos los que han estado en los últimos años, han dicho que hay una tendencia en los sistemas políticos a inmiscuirse en los sistemas judiciales de distinta manera para tratar de direccionar sus posiciones. La independencia judicial es uno de los grandes temas del momento.

Usted señaló que la corrupción y el crimen organizado son factores para la desestabilización de las democracias y una causa directa de las violaciones a los derechos humanos. A la luz de la actual situación en América Latina, ¿cree que la lucha de los gobiernos contra estos flagelos se está perdiendo?

Lo importante es que la lucha se siga dando. Voy a hacer una pequeña digresión. En una época en mi país, cuando yo estaba en la corte, siempre existía, como en todos los países, la culpabilización del Poder Judicial, del sistema judicial, respecto a los temas de inseguridad. Entonces, yo decía que a mí lo que me preocupaba era que aquellas agencias u organismos encargados de la represión del delito tuvieran un discurso apocalíptico y que después se aplicara la teoría de la profecía autocumplida. ¿Por qué hago este razonamiento? Porque yo creo que tenemos claro cuál puede ser el horizonte. No podemos ser de alguna manera prescindibles, prescindir respecto de este fenómeno, no podemos estar ajenos. Y debemos involucrarnos, el ciudadano a través del voto, el ciudadano organizándose socialmente de la manera que fuere para trabajar estos temas contra la corrupción, contra el crimen organizado, pero también el Estado definiendo estrategias que visualicen esto realmente como un problema y un desafío. Y un desafío que tenemos todos los países.

En la inauguración del Año Judicial Interamericano 2022, usted también dijo que “nuestra América debe abordar el tema de las migraciones de manera urgente, solidaria, multilateral y a la luz del derecho internacional de los derechos humanos”. Considerando la magnitud del fenómeno migratorio, en especial los flujos provenientes de Venezuela, ¿cuáles son los riesgos que usted ve en el manejo de esta problemática?

Sobre migraciones, la corte tiene dos opiniones consultivas, una del 2008 sobre migrantes indocumentados, otra del 2014 sobre niños y niñas en situación de movilidad humana, donde indica una serie de garantías y de la ruta adecuada para el respeto de los derechos humanos, y eso fue lo que tratamos de recoger en el discurso inaugural. Indudablemente, creo que es uno de los grandes problemas de la región, porque, como yo digo, el problema de la migración creo que es connatural, de alguna forma, por lo menos para la región. Y existe un proceso que diría que es estructural y es que las personas del norte de Sudamérica y del centro de América tienen la aspiración de pasar a México y llegar a Estados Unidos. Todo ese panorama se ve agravado notoriamente por la aparición de nuevos actores en el fenómeno migratorio, básicamente las consecuencias de la migración masiva de personas de Venezuela. Por eso volvemos a hablar de un tema que es la garantía colectiva. De qué manera no sólo el Estado que está directamente involucrado, porque es fronterizo con Venezuela, sino estados que pueden estar más lejanos, ven de qué manera articular políticas para superar esto. Los grandes problemas del mundo pasan por acuerdos multilaterales.

¿Y existe el temor de que en la región se masifiquen, por ejemplo, esquemas del tipo que ha implementado Nayib Bukele en El Salvador para responder a situaciones como el crimen organizado?

No puedo hablar de casos concretos, pero yo lo que planteo es que si nos retrotraemos en la historia, las grandes dictaduras aparecen frente a temores de la gente que hacen que personas se aprovechen de esa situación para obtener un poder casi absoluto. Pensemos en Hitler, en Mussolini, por ejemplo, y son casos muy evidentes, donde basta definir un enemigo interno para que la gente ubique que ese enemigo interno es el causante de todos sus males y acepte que ese enemigo interno sea tratado de cualquier manera.