En el 57% de las causas concluidas tras el 18-O no se inició investigación

Causas por violaciones a los derechos humanos, robos en lugares no habitados, ataques incendiarios y una serie de otros delitos han sido la tónica de lo que ha ocurrido en estos cuatro meses, tras la crisis social iniciada el 18 de octubre. El Poder Judicial analizó las cifras para saber en qué estado están esas causas y el resultado del estudio, titulado "Estallido social y justicia penal, una mirada desde las cifras del Poder Judicial", el que fue dado a conocer el miércoles por la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.

Las cifras del Poder Judicial dan cuenta de que, en el periodo entre el 18 de octubre de 2019 y el 17 de enero de 2020 ingresaron un total de 143.215 causas a los Juzgados de Garantía. Esta cifra representa una disminución de 6,5% respecto del mismo periodo del año anterior. De todas ellas, el 57,5% está en tramitación, el 36,2% está concluida y el 6,3% restante está suspendida. Esto último está actualizado al 10 de febrero (ver infografía). A su vez, los imputados alcanzaron un total de 179.442, aumentando en 1,5%.

Según el Poder Judicial, esto quiere decir que esas causas comprendieron, en promedio, un mayor número de imputados, por la masividad de algunos de los delitos representativos de este periodo. Para ejemplificarlo, comentaron que en octubre de 2019 la causa con mayor número de imputados para el delito de robo en lugar no habitado, conocido informalmente como saqueo, tuvo 49 personas, mientras que en 2018 la más numerosa tuvo solo 13 individuos.

Al hacer un desglose de las causas concluidas, el Poder Judicial detalló que el principal motivo para terminar los casos fue el "no inicio de la investigación", con 30.313 causas, que representan el 57,2% de los motivos de términos aplicados. Esta es una facultad que le corresponde al Ministerio Público y, en general, se invoca cuando no hay suficientes antecedentes para seguir con las indagatorias. Respecto de las causas abiertas relacionadas con la crisis, muchas veces se presentaron querellas que no son nominales. A esa opción le sigue el sobreseimiento definitivo con 11,8% y en tercer lugar las sentencias, con el 11,4%.

La ministra Chevesich aseguró que el rol del Poder Judicial en estos meses ha sido "conocer y resolver los asuntos de orden jurisdiccional que se someten a la consideración de los tribunales de justicia para garantizar los derechos de todas las personas y velar por el respeto del debido proceso".

La magistrada también comentó que "del análisis de los datos se advierte una variación del comportamiento de determinados delitos por su posible vínculo con la situación social". Esto en específico, dijo Chevesich, "se percibe con mayor nivel de precisión en la vinculación de determinados delitos a violaciones a los DD.HH., estos es, aquellos cometidos por agentes del Estado en contra de particulares".

Uno de los asuntos polémicas en estos cuatro meses han sido las denuncias realizadas por detenciones ilegales, algo que también ha sido advertido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. De hecho, hubo una detención que generó varias críticas por la violencia ocupada. Se trató de la detención de una persona por funcionarios de Carabineros que iban vestidos de civil. El video se viralizó por redes sociales y luego la policía uniformada aclaró que se trataba de un procedimiento del OS-9 por una persona que presuntamente había lanzado una bomba molotov a un funcionario policial. La jueza que controló esa detención fue la magistrada Karen Atala, quien, pese a los reclamos de la defensa, consideró que la detención fue legal. La resolución luego fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, pero Atala fue víctima de una "funa" por redes sociales y de amenazas en su contra.

Según las cifras del Poder Judicial, en 2018, en el mismo periodo analizado, hubo un total de 1.085 detenciones ilegales, cifra que aumentó en 77,7%.

Un elemento destacado de ese dato es que en varios casos, pese a que el juez de garantía decretó la ilegalidad en la detención, la fiscalía decidió formalizar a los imputados, acción que se pudo llevar a cabo en esa misma audiencia o en instancias posteriores. El mes en que hubo más detenciones ilegales fue octubre, con 1.288 casos. De todos ellos, el Ministerio Público optó por formalizar a 980 imputados.

Consultada sobre esto, la ministra Chevesich señaló que las razones deberían ser entregadas por la fiscalía: "Creo que es una explicación que no debo dar yo, sino el Ministerio Público. Simplemente, los Juzgados de Garantía analizan el mérito de la detención, las alegaciones formuladas por la defensa y emite un pronunciamiento".

En cuanto a las prisiones preventivas, la vocera del máximo tribunal explicó que "no hubo una gran diferencia en las prisiones preventivas decretadas en 2018 y 2019. La disminución, de hecho, fue de un 1,7%.