Aborto: gobierno defiende cambios a protocolo de objeción de conciencia

Tanto el ministro de Salud, Emilio Santelices, sus subsecretarias y la vocera de gobierno Cecilia Pérez salieron hoy a defender los cambios que se realizaron al protocolo de objeción de conciencia de la Ley de Aborto en Tres causales conocidos hoy, luego de la ola de críticas tras su publicación en el Diario Oficial.

La Ley 21.030 que Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, mandató al Minsal a elaborar un protocolo de objeción para regular dicho derecho, luego de que el Tribunal Constitucional reconociera que no sólo era extensivo para los profesionales médicos, sino también para las instituciones.

Fue así como el 22 de enero pasado, la administración anterior publicó el Protocolo de Objeción de Conciencia, documento en el cual se estableció la forma en cómo los establecimientos debían informar al Minsal su intención de objetar.

Así también se fijaron algunas condiciones para poder hacer uso de ese derecho. Una de ellas, la más polémica, fue el numeral dos del apartado, que impedía ser objetores institucionales a a establecimientos privados que tuvieran convenios con el Minsal en prestaciones ginecológicas y obstétricas. Es decir, que siendo una red privada, atendían a pacientes públicos en esas áreas por lo cual el Estado les entrega recursos.

Eso generó que centros de salud que ya habían manifestado públicamente su intención de no realizar abortos y que mantenían convenios con Salud, se vieran impedidos de ejercer el derecho, por lo cual presentaron recursos de protección. Fue el caso de la Red de Salud UC Christus para el Hospital Clínico y la Clínica Alemana de Osorno. Sin embargo hoy, luego de conocidos los cambios, ambas instituciones desistieron de las acciones judiciales que habían interpuesto.

Hoy, a dos semanas de asumir la nueva administración, aparecieron publicados en el Diario Oficial los cambios que realizó este gobierno al protocolo, entre los cuales se decidió eliminar el numeral dos respecto de la objeción de conciencia institucional, que hacía alusión a los convenios con el Estado. Asimismo, redujo los requisitos para las instituciones, excluyendo la necesidad de justificar "en base a creencias, valores idearios y la expresión de la relación concreta entre aquellos y sus estatutos", la decisión de objetar.

El ministro de Salud, Emilio Santelices, junto con aclarar que tanto la ley como el reglamento no han sufrido modificaciones, sino que un documento administrativo como es el protocolo, añadió que se concluyó que mantener ese documento como estaba, podría acarrear problemas en la atención de algunos pacientes

Esto, ya que si las clínica que tenían convenio con el Minsal en prestaciones exclusivamente ginecoobstétricas, decidían finalmente ser objetoras de conciencia, debía dejar de mantener dicho convenio, lo que iba en directo perjuicio de los pacientes públicos.

Santelices indicó que "el fundamento que prevaleció es que no existiendo una vulneración de la ley, ni del reglamento, no existiendo una pérdida de los derechos de las mujeres y no habiendo un costo adicional para ellas, mantener el protocolo como estaba generaba una figura en donde podrían verse muchas personas perjudicadas por no poder acceder a la atención pública en estas instituciones".

Agregó que "eso para nosotros como ministerio nos parecía que era atentar contra la voluntad de esas personas que quisieran hacer uso de esos servicios".

En esa línea, Santelices calificó como un "error administrativo" de la administración anterior el haber relacionado la objeción de conciencia a un ámbito contractual entre instituciones.

Paz Robledo, ex asesora del Minsal y que trabajó en la elaboración del documento original, explicó que "quedó claramente establecido que todas aquellas instituciones que tuvieran función delegada del Estado de Chile (convenio) y responsables a ese nivel de especialidad (ginecobstétricas), debían realizar el conjunto de las prestaciones que el Estado tenía disponibles para todas las mujeres y no sólo algunas", dijo.

Incluso, recordó que el considerando 136 del fallo del TC hacía alusión a que las instituciones que se acogieran a la objeción, debían ser aquellas con ideario confesional. "Aquí se saca esa parte del protocolo lo que es llamativo, porque nosotros nos hacíamos cargo de eso".

Para Robledo, la decisión del actual gobierno es "sin lugar a dudas un retroceso y una clara señal de obstaculización de los derechos de la Ley 21.030", enfatizó.

Por su parte, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, indicó que "no es una buena señal, sobre todo con las controversias que han rondado esta materia, que esta se haya dado sin una mayor discusión y además, suscribiendo a los intereses de aquellos actores que se han manifestado abiertamente contrarios a la legislación, como es la propia la Universidad Católica" indicó.

Desde el Congreso, la diputada Karol Cariola (PC) anunció que se acudirá a la Contraloría para revisar si las modificaciones al protocolo de objeción de conciencia está dentro de la legalidad.

Cariola añadió que "nos parece inaceptable que con dineros de todos los chilenos y chilenas, se genere un principio de vulneración de derechos y discriminación a las mujeres".

El temor se basa en que al quitar requisitos para hacer objeción institucional, se prevé un número importante de clínicas privadas que se acogerán a dicho derecho, lo que dejaría pocas alternativas a mujeres del sector privado de salud para elegir donde atenderse. Incluso, pocas alternativas para la derivación de pacientes a la que están obligadas las clínicas que decidan ser objetoras.

Mientras que el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado Juan Luis Castro (PS), dijo que las modificaciones "se hicieron de manera inconsulta y son claramente un beneficio para las clínicas privadas. Esto es grave", indicó.

La diputada Camila Vallejos (PC) agregó que "esto es el resultado de un lobby de la Universidad Católica".